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Habitantes de São Paulo exigen continuidad de grupo que investiga muertes de la dictadura militar brasileña

La pieza teatral “Común”, realizada por el Grupo Pandora, aborda el tema. Foto: Luh Silva, usada con permiso.

Este texto se publica como una colaboración entre Global Voices y Agência Mural. La autoría del texto es de Jéssica Moreira.

Cuando Antônio Eustáquio, de 73 años, se convirtió en administrador del cementerio Don Bosco en Perus, al noroeste de São Paulo, se sorprendió con el alto número de restos óseos que había en el lugar. Sin registro alguno, estaban enterradas en una fosa común construida en 1976.

Años más tarde, en 1990, el Gobierno hizo pública la existencia de una fosa clandestina, donde estaban enterrados 1049 restos óseos, entre indigentes y víctimas de la represión instaurada en la dictadura militar (1964-1985) y otra violencia de ese período.

A comienzos de mayo, la fosa volvió a ser noticia nacional, con la publicación del Decreto Federal nº 9.759/2019 por parte del presidente Jair Bolsonaro (PSL), que determina el fin de los consejos y comisiones de la sociedad civil. La medida podría incluir al GTP (Grupo de Trabajo Perus), creado en 2014 y encargado de investigar los restos mortales encontrados en el sitio.

El Gobierno federal niega la disolución del grupo. Consultado por Agência Mural, el Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos afirmó que apoya a la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos. “El ministerio reafirma la importancia de las labores desarrolladas en el ámbito del grupo de trabajo, en atención a los principios humanitarios y legales para que las familias puedan ejercer su derecho al sepelio y al luto”, indicó el ministerio.

Con todo, aún falta la renovación de un convenio con la Unión para el seguir con los trabajos. El acuerdo actual, que también involucra a Unifesp (Universidad Federal de São Paulo) y a la prefectura de São Paulo, venció en marzo de 2019 y ahora un nuevo acuerdo está en trámite.

Visita de la población de Perus al Instituto Forense. Foto: Carla Borges, usada con autorización.

Hasta ahora, el trabajo desarrollado por el GTP identificó los restos de Dimas Antonio Casemiro y Aluísio Palhano Pedreira Ferreira, ambos muertos en 1971 a manos de agentes de la dictadura militar en Brasil. Anteriormente, en colaboración la Unicamp (Universidad Estatal de Campinas), el grupo había identificado 12 personas.

Entre 2014 y 2016, Carla Borges, de 36 años, fue coordinadora del derecho a la memoria y la verdad de la Secretaría de Derechos Humanos y Ciudadanía  de la capital y una de las responsables de acercar el GTP a la población de Perus.

Se organizaron visitas al Instituto Forense y se coordinó con artistas locales para producir la mayor valla de grafiti del barrio, en el que participaron más de cien grafiteros por medio del proyecto Perusferia, que retrata las diversas violaciones a los derechos en los muros del cementerio Don Bosco.

El decreto presidencial, dice Carla, causó aprensión. “Para mí, son ataques directos a los pocos y ya frágiles espacios de participación social que la gente tenía antes, y a los espacios de investigación que se han trabajado para comprobar los hechos y las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado brasileño durante la dictadura militar”, explica.

Según Marina Di Giusto, integrante del GTP Perus, el presidente de la República no tiene poder para deshacer el grupo, por tratarse de un acuerdo de cooperación. Pero destaca que dependerá de la gestión si se renueva el Acuerdo de Cooperación Técnica y la recontratación de las peritas para la continuidad del trabajo. “Aunque no tiene el poder para acabar con el GTP, el Gobierno puede dificultar su trabajo”, dice Marina.

Cuando se abrió la fosa clandestina, Rogério Tretin, de 40 años, era un joven estudiante que vivía a 3 km del cementerio. Ttodavía recuerda el movimiento en el cementerio cuando encontraron los restos óseos. “Vi a la prensa llegar. Vi padres y madres que fueron al lugar, pensando en sus hijos desaparecidos durante la dictadura”.

Rogério es ahora profesor de historia, y dice creer que “están intentando esconder más restos óseos”, posiblemente para poner fin al grupo de trabajo. En su actividad, este educador se dedica a presentar narrativas que van más allá de la oficial, con el objetivo de acercar a los estudiantes a la realidad del barrio. “Abordar estos hechos en clase hace que los alumnos amplíen sus conocimientos, rompan paradigmas unilaterales y tengan una mirada participativa sobre su barrio”.

El esfuerzo para abordar la historia de la fosa puede difundirse también por las calles y espacios culturales del barrio, con el trabajo del Grupo Pandora de Teatro, de la Comunidad Cultural Quilombaque y del Centro de Derechos Humanos Alberto Pazini.

Desde 2018, Pandora presenta el espectáculo “Común”, que narra la historia de la fosa desde distintas perspectivas – de los enterradores, los militantes y las familias de los desaparecidos.

“Una memoria que quedó oculta por tantos años no puede volver a ser enterrada”, afirma la actriz Caroline Alves, de 19 años, que creció oyendo las historias en torno a la fosa. “El GTP debe continuar para hacer efectivo el derecho de los familiares a enterrar a sus parientes con dignidad y a impedir que otras fosas se abran”.

Quilombaque realiza la caminata “Dictadura Nunca Más”, en un trayecto que pasa por el cementerio Don Bosco. Foto: Karen Siqueira, usada con autorizazción.

Los crímenes a los que ella se refiere también son citados por Cleiton Ferreira, de 35 años, fundador de la Comunidad Cultural Quilombaque. “Además de los presos políticos, es importante destacar el sistema genocida que pregonaron en aquella época y que permanece hasta hoy. La mayoría de los restos óseos son de jóvenes ejecutados a tiros de arriba a abajo, en los tiempos de los escuadrones de exterminio”, dice.

Los jóvenes de Quilombaque realizan con frecuencia la caminata de la memoria “Dictadura Nunca Más”, recorrido a pie organizado por la Agência Queixadas, que se inicia con una visita al cementerio, seguida de una parada en el Museo de la Resistencia, en el centro de São Paulo, y otra parada más en el Instituto Forense, desde donde actúa el GTP.

“Es una caminata para que los habitantes entiendan lo que está sucediendo y conozcan más sobre la fosa. Para nosotros [el final del GTP] es triste, porque la gente viene acompañando el trabajo de los peritos y entendiendo el contexto en el cual murieron personas y se cometieron agresiones”, explica Cleiton.

Se estima que 49 restos óseos pertenecen a desaparecidos políticos y los demás, probablemente, son de jóvenes ejecutados o víctimas de meningitis, afirma la estudiante de Derecho Amanda Vitorino, integrante del Centro de Derechos Humanos Alberto Pazini.

El ocultamiento de las muertes por enfermedad también es señalado por algunos sectores como parte de los crímenes del régimen militar. “Todavía hoy se ejecuta a jóvenes negros a diario, víctimas del racismo estructural y de la violencia institucional. ¿Cuáles son los hilos que unen las muertes de ayer con las de ahora?”, pregunta Amanda. “Necesitamos comprender las acciones del período de la dictadura y las raíces que plantaron en nuestro presente”.

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