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Netizen Report: Debido a ataques de WhatsApp, defensores lanzan impugnación legal contra fabricante de malware israelí

Foto con efectos de unas cámaras de vigilancia. Imagen de Corey Burger, de Flickr (CC BY-SA 2.0).

El Netizen Report de Advox ofrece una instantánea internacional de los problemas, victorias y nuevas tendencias en materia de derechos de internet en todo el mundo. Este informe cubre las noticias y acontecimientos ocurridos entre el 10 y el 17 de mayo de 2019.

El 13 de mayo, los usuarios de WhatsApp de muchos países sufrieron el ataque de un software malicioso desarrollado por la empresa israelí NSO Group y utilizado por los Gobiernos que lo habían adquirido.

Al parecer, el software se valió de un fallo técnico de WhatsApp que ya fue solucionado. Los ataques fueron especialmente maliciosos por la facilidad con la que pueden infectar un dispositivo: solo al recibir una llamada o mensaje, el usuario permite (sin darse cuenta) que el software se instale en el equipo y tenga total acceso a sus actividades y comunicaciones privadas.

NSO Group es el creador del tristemente célebre virus espía Pegasus, que la empresa vende exclusivamente a Gobiernos, generalmente con contratos con las agencias policiales y de inteligencia. Una vez instalado, el software permite al atacante ver y documentar todo lo que hacen y dicen las víctimas en sus dispositivos, y capturar mensajes, ubicaciones y muchos otros datos. Ha sido vinculado con ataques a activistas y periodistas de México, Arabia Saudita y en Emiratos Árabes Unidos, donde lo descubrieron en un dispositivo que pertenecía al hoy encarcelado defensor de los derechos humanos Ahmed Mansoor.

En respuesta a este y a otros ataques que han documentado en los últimos años los grupos de defensoría y los investigadores tecnológicos, como The Citizen Lab de la Universidad de Toronto y Amnistía Internacional, el Instituto Bernstein por los Derechos Humanos de la Universidad de Nueva York y Global Justice Clinic están emprendiendo acciones legales para impedir que la empresa venda este tipo de software. Ya han presentado una impugnación legal para exigir que el Ministerio de Defensa israelí revoque la licencia de exportación de NSO Group.

La petición argumenta que NSO Group viola las leyes internacionales de derechos humanos pues permite que los Gobiernos ataquen a los activistas en lugar de solo ayudarlos a “combatir el crimen y el terrorismo”, como señala su contrato de licencia.

NSO Group también enfrenta demandas presentadas por personas físicas que acusan a la empresa de ayudar a los Gobiernos de México y de Emiratos Árabes Unidos a vigilar a miembros de la sociedad civil. A fines del año pasado, un disidente saudita radicado en Canadá presentó otra demanda en la que alegaba que el software había permitido a las autoridades sauditas espiar sus comunicaciones con el periodista Jamal Khashoggi poco antes de su asesinato, ocurrido en octubre de 2018, en la embajada saudita en Estambul.

Consejos de seguridad: Cómo proteger su dispositivo y actualizar WhatsApp (en inglés)

Estados y empresas se unen al ‘Llamado de Christchurch’ para frenar la violencia extremista en línea

El 15 de mayo, un grupo de líderes gubernamentales, empresas de tecnología y expertos de la sociedad civil se reunieron en París para debatir sobre el papel de internet en preservar la seguridad pública y los derechos humanos tras los atentados contra dos mezquitas de Christchurch, Nueva Zelanda, en marzo de 2019. Varios Gobiernos y empresas firmaron luego un documento no vinculante conocido como el “Llamado de Christchurch”, que consiste en una serie de principios y compromisos respecto a la creación y distribución de contenido violento viral en línea.

Encabezado por el Gobierno de Nueva Zelanda, el Llamado de Christchurch busca ser “coherente con los principios de una internet libre, abierta y segura, sin comprometer los derechos humanos ni las libertades fundamentales, como la libertad de expresión” e indica que toda norma que resulte de las deliberaciones debe adherirse a las normas internacionales de derechos humanos. El llamado también insta a las empresas de internet a ofrecer más transparencia pública sobre sus políticas y procesos para eliminar el contenido violento o solicitar su eliminación.

Google, Facebook, Twitter y Amazon se han sumado al llamado. Junto a Nueva Zelanda y varios Gobiernos de la Unión Europea, también firmaron Australia, Canadá, India, Indonesia, Japón y Senegal. Estados Unidos se negó a firmar, citando el “respeto a la libertad de expresión y la libertad de prensa”.

Somalia bloquea medios sociales durante los exámenes académicos

El Gobierno de Somalia anunció que bloqueará el acceso a las plataformas de redes sociales entre el 27 y el 31 de mayo, con el pretexto de impedir que los estudiantes de secundaria hagan trampa en los exámenes académicos de fin de año. El periodo de exámenes se pospuso a comienzos de mayo, pues unos funcionarios descubrieron que se habían filtrado en línea copias de las respuestas del examen. La secretaría de educación hizo el anuncio en la televisión pública el 13 de mayo y no especificó qué plataformas quedarían bloqueadas.

El subdirector de Amnistía Internacional para el este de África, Seif Magango, criticó esta acción con el argumento de que los funcionarios somalíes deberían “explorar las formas de mantener la integridad de los exámenes sin recurrir a medidas retrógradas que restringirían el acceso a la información y la libertad de expresión”.

Singapur aprueba ley contra ‘noticias falsas’

El 8 de mayo de 2019, el Parlamento de Singapur aprobó la Ley de contra las Falsedades y las Manipulaciones en línea. Conocida como la ley contra noticias falsas, otorga poderes amplios y sin control a los ministerios gubernamentales para obligar a los administradores de sitios web, proveedores de internet y hasta a los grupos de chat privados a corregir o eliminar inmediatamente las ‘noticias falsas’ de sus espacios. Sin embargo, la definición de lo que se considera falso es demasiado imprecisa.

En una carta al primer ministro de Singapur, David Kaye, relator especial de Naciones Un idas para la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión, escribió:

“I am concerned that this overbroad definition of falsehood will lead to the criminalization and suppression of a wide range of expressive conduct, including criticism of the government, and the expression of unpopular, controversial or minority opinions.”

Me preocupa que esta definición tan amplia de lo falso lleve a la criminalización y erradicación de cualquier conducta expresiva, como las críticas al Gobierno, y de la expresión de opiniones poco populares, controvertidas o minoritarias.

Arrestan a dos hombres de Bangladesh por publicaciones no violentas de Facebook

En Bangladesh, dos hombres fueron arrestados luego de que algunos ciudadanos presentaron demandas judiciales contra ellos por unas publicaciones que habían hecho en Facebook. Uno, Henry Swapon, criticó a un obispo local; el otro, Imtiaz Mahmood, escribió un comentario sobre un conflicto étnico en la región de Chittagong.

Swapon ahora enfrenta cargos bajo la Ley de Seguridad Digital, ley de 2018 que penaliza varias formas de discurso en línea, que abarcan desde la difamación hasta el discurso que “vulnera los valores y sentimientos religiosos”.

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