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Periodistas, yutuberos y políticos unen fuerzas en Colombia contra asesinatos de líderes sociales

Captura de pantalla del video que inició la campaña #UnLíderEnMiLugar. Disponible en YouTube en el canal de Daniel Samper Ospina.

Yutuberos, periodistas y políticos unen fuerzas contra la matanza extrajudicial de líderes sociales en Colombia con la campaña #UnLíderEnMiLugar, en la que abren sus espacios en los medios para que un líder amenazado escriba o dé su opinión.

La campaña empezó el 13 de mayo, cuando el periodista Daniel Samper Ospina publicó en su canal de YouTube un video de reguetón con famosos líderes sociales y conocidos yutuberos.

Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, más de 460 líderes sociales han sido asesinados desde 2016, año en que el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), mayor grupo guerrillero del país, suscribieron un trascendental acuerdo que pusieron fin a cinco décadas de conflicto.

Muchos expertos atribuyen este aumento de la violencia a una implementación desigual y deficiente de los acuerdos, que deja a grandes porciones de antiguo territorio de las FARC vulnerables a disidentes paramilitares y guerilleros.

La etiqueta #UnLíderEnMiLugar apareció en Twitter, y algunos periodistas abrieron espacio en sus columnas en medios de comunicación tradicionales para los líderes sociales. Por ejemplo, Patricia Lara Salive de El Espectador publicó un artículo de la economista y ambientalista afrocolombiana Sofía Garzón sobre la lucha para proteger el río Ovejas de la minería ilegal.

En Semana, el periodista Antonio Caballero dio su espacio a William Orozco, que trabaja como defensor de derechos de los campesinos y que permanece oculto desde hace varios meses después de recibir amenazas en julio de 2018.

La periodista Vanessa De La Torre Sanclemente cedió su columna en el periódico caleño El País a Diana Jembuel, líder social del pueblo indígena misak, que trabaja en una radio comunitaria local. Jembuel narra un enfrentamiento que tuvo hace siete años con miembros de las FARC después de que secuestraron a alguien de su comunidad.

Su historia muestra cómo el Gobierno colombiano dejó a los líderes sociales y comunidades étnicas minoritarias a merced de los grupos guerrilleros:

Decidí pedir ayuda a la comunidad en mi idioma, a través de las emisoras locales. Me escucharon y entre todos, me ayudaron […] los guerrilleros habían amedrentado a nuestra comunidad y no podíamos permitirlo. Mi compañero estaba en poder de ellos. Le apuntaban con un arma y nos gritaban groserías. [Luego] Yo sola, con mi bastón de mando, exigiendo respeto, logré que lo soltaran […] Desde entonces transmito ese mensaje. Ya no somos unas pocas voces aisladas sino muchas unidas para decir: basta ya.

Hubo funcionarios que también participaron en el movimiento, como el fiscal general de la Nación, que ha concedido su espacio en línea a Francia Márquez, ganadora del premio Goldman al Ambiente. El embajador de la Unión Europea en Colombia hizo lo propio con el líder afrocolombiano Marino Córdoba, y el 21 de mayo, algunos senadores dieron sus escaños en el Senado a líderes sociales:

Dejusticia, organización de derechos humanos con sede en Bogotá, dijo a Latin America Reports que la campaña fue importante para la “protección y rejuvenecimiento de los líderes sociales del país”. La campaña ha generado mucha conversación e interés, en particular cuando representantes del Gobierno respondieron. Sin embargo, hay voces que permanecen vacilantes, pues esto es apenas un pequeño esfuerzo en comparación con lo que se necesita realmente para poner fin a las amenazas a líderes sociales. En Twitter, el usuario David Racero lo resumió:

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