[1]Estudiantes en clase de tecnologías de la información en el Centro de Desarrollo Juvenil de Hohola. Foto en Flickr del Departamento de Asuntos y Comercio Exterior de Australia.(CC BY 2.0).
El Gobierno de Papúa Nueva Guinea ha puesto la mira [2] en regular los medios sociales para combatir la difusión de engaños en línea y noticias falsas. Críticos y periodistas han advertido que podría llevar a restringir la libertad de expresión.
El primer ministro Peter O’Neill ha dado instrucciones al Ministerio de Tecnología de la Información y la Comunicaciones para que revise cómo el Gobierno puede regular los medios sociales para proteger a los ciudadanos afectados por la circulación de noticias falsas.
“Está destruyendo a nuestro pueblo y destruyendo nuestra sociedad. Hemos vivido en paz y armonía durante miles de años sin medios sociales”, dijo [3] en conferencia con los medios.
Mencionó un reciente incidente en el que se esparcieron rumores por Facebook [4] de que muchas niñas y mujeres habían sido secuestradas en la ciudad de Port Moresby, y que los autores habían sido aprehendidos por la policía. En respuesta, una multitud se reunió en las afueras de la estación de policía para pedir información y justicia para las víctimas. Luego se confirmó que el supuesto secuestro era una mentira.
El primer ministro O'Neill pareció particularmente interesado en encontrar maneras de responsabilizar [5] a Facebook por su rol como catalizador por la difusión de información falsa. Agregó [3] en una entrevista:
They make revenue in countries like ours, but do not pay a cent in tax, and leave behind a lot of damage to communities.
Facebook does not even have a local office in Papua New Guinea, and that is an indication of how serious they are about making a contribution to our country, and to properly manage the sensitive issues that we are raising.
Generan ingresos en países como el nuestro, pero no pagan un centavo de impuestos y dejan detrás mucho daño a las comunidades.
Facebook ni siquiera tiene oficina local en Papúa Nueva Guinea, y eso es indicador de su seriedad sobre cómo hacer una contribución con nuestro país y de manejar adecuadamente asuntos delicados que estamos planteando.
No es la primera vez que el Gobierno amenaza con controlar los medios sociales. En 2018, hubo denuncias sobre una propuesta del Gobierno de prohibir [6] Facebook durante un año por problemas relacionados con noticias falsas y violaciones a la privacidad. Se generó reacción pública y las autoridades se retractaron luego de los planes de prohibir la popular plataforma de medios sociales.
El anuncio de O'Neill también coincidió [7] con algunos parlamentarios que amenazaron con presentar una resolución de no confianza contra el primer ministro, a quien acusan [8] de ejercer demasiado control en los departamentos gubernamentales. Pero se evitó una crisis política después de que O'Neill se aseguró el apoyo de la mayoría, y el Parlamento quedó disuelto hasta el 28 de mayo de 2019.
Se reveló también que el plan para regular a los medios sociales era más que una simple medida contra las noticias falsas después de que el ministro de Tecnología de la Información y la Comunicación, Koni Iguan, se quejó [9] sobre la publicación de «gráficos indecentes» del primer ministro y el fiscal general. Dijo que su despacho está preparando una medida que abordará publicaciones de Facebook como esa.
Gary Juffa, gobernador de la provincia de Oro, aconsejó [10] al Gobierno no proceder con su plan:
We are all subject to abuse and gossip and rhetoric and though we maybe upset or hurt by it we need to ensure we protect the rights of our people to express themselves as that's an essential aspect of democracy is about – freedom of speech. If we have issues we can report it to the Police or take civil legal action.
Todos estamos sujetos a abuso y chismes y retórica, y aunque podemos estar molestos o heridos debemos asegurar que protegemos los derechos de nuestro pueblo de expresarse pues es un aspecto esencial de la democracia – libertad de expresión. Si tenemos problemas podemos denunciarlos a la policía o tomar acciines legales.
El bloguero Sylvester Gawi le recordó [11] a O'Neill que la violencia en la estación de policía de Boroko se debe atribuir a una “fuerza policial mal entrenada y sin recursos que continuamente descargó armas de fuego sin asumir ninguna responsabilidad”. También dijo que la regulación de medios sociales planificada ha sido «adoptada de China comunista»:
The fact is you can't control platforms were information is circulated, attempts to do such undermines the role of democracy and freedom that is enshrined under the constitution of our country.
El hecho es que no se puede controlar las plataformas donde circula la información. Los intentos de controlarla socava el rol de la democracia y la libertad que está consagrado en la Constitución.
El periodista Scott Waide rechazó [12] la propuesta de restringir Facebook:
There is a general agreement that there are a lot of people who use Facebook to spread fake news. They should be investigated and prosecuted using the cybercrime act if law enforcement has the capacity to do it.
But to ban Facebook has wide-ranging implications including direct government interference on the freedom of speech of Papua New Guineans and their right to hold their leaders to account.
Hay un acuerdo general de que muchas personas usan Facebook para difundir noticias falsas. Se les debe investigar y procesar con la ley de ciberdelito si las autoridades tienen esa capacidad.
Pero prohibir Facebook tiene amplias consecuencias que incluyen interferencia directa del Gobierno en la libertad de expresión de los papuanos y sus derechos de hacer que los líderes asuman responsabilidad.
Sea o no que estos funcionarios estén impulsados por motivaciones políticas, difícilmente el Gobierno de Papúa Nueva Guinea estará solo en su deseo de controlar los medios sociales. Desde Alemania a Egipto [13] a Singapur [14] y más allá, se han aprobado leyes que buscan reprimir la desinformación y el discurso de odio en línea. Aunque algunas leyes implican a quienes hablan, otros ponen la responsabildad legal en sus empresas de medios sociales.
La ley de aplicación de la red de Alemania [15], conocida informalmente como NetzDG, impone un sistema a través del cual a grandes plataformas sociales (principalmente Facebook) se les exige retirar contenido de odio de su sitio a las 24 horas de ser notificados, o enfrentarían multas. Pero la ley tiene un fallo crítico: no ayuda a las empresas a determinar qué es discurso de odio, y qué no es, lo que suele dejar a las empresas pecar de censura. De manera similar, los esfuerzos para contener la información falsa no han implementado sistemas para determinar, por debido proceso, qué es falso y qué no es falso.
El tiempo dirá si el Ministerio de Tecnología de la Información y la Comunicación de Papúa Nueva Guinea trazará una solución a lo que hasta ahora ha sido un problema complicado para Gobiernos y sociedades en todo el mundo.