Redada de la Policía Federal Australiana en ABC – Imagen de ABC TV News

Las redadas de la Policía Federal Australiana (AFP, por sus siglas en inglés) a miembros de dos de los mayores medios de comunicación del país han causado un escándalo en Australia.

El 4 de junio de 2019, la casa de Annika Smethurst, editora de política nacional del Sunday Telegraph y otros periódicos propiedad de la compañía de medios ‘News Corp Australia’ de Rupert Murdoch, fue registrada como parte de la investigación sobre la publicación de un plan filtrado de ampliar la vigilancia gubernamental en 2018. Un informante había revelado la propuesta de dar a una agencia de inteligencia, la Dirección de Señales de Australia (ASD, por sus siglas en inglés), nuevas facultades para espiar a los ciudadanos en Australia. Smethurst informó sobre el plan secreto para el Daily Telegraph (artículo original de pago).

Al día siguiente, se entregó una orden judicial en las oficinas de Sídney de la empresa de radiodifusión australiana ‘Australia Broadcasting Corporation’ (ABC, por sus siglas en inglés), emisora nacional independiente financiada principalmente por el Gobierno federal, que citaba a tres periodistas. Hacía referencia a la publicación en 2017 de documentos filtrados en los que se alegaban posibles homicidios ilegítimos cometidos por miembros de las fuerzas especiales australianas en Afganistán, los denominados Archivos Afganos. Andrew Hastie, parlamentario federal liberal y diputado sin cargo, a la sazón oficial del Servicio Aéreo Especial (SAS, por sus siglas en inglés), fue mencionado en el informe. Hastie presiden el Comité Parlamentario Conjunto sobre Inteligencia y Seguridad.

Las órdenes judiciales se emitieron en virtud de las secciones de la ley de delitos sobre información clasificada. La ley no contiene salvaguardas ni excepciones de «interés público» para los periodistas o informantes. Se desconoce si la AFP también ha usado las controvertidas leyes de cifrado y retención de información. El año pasado, el Parlamento australiano aprobó una ley que permite a los cuerpos policiales acceder a comunicaciones cifradas. La ley sobre retención de información, vigente desde 2017, exige que los proveedores de servicios de telecomunicaciones almacenen metadatos al menos durante dos años. Las agencias gubernamentales pueden exigir el acceso a los metadatos sin orden judicial.

La AFP ha negado que haya un vínculo entre las redadas y el Gobierno australiano ha negado conocer o tener alguna relación. Sin embargo, el propio Gobierno hizo las derivaciones originales de ambos casos a la AFP a través de sus «jefes de agencia»

Las reacciones en línea han sido abrumadoramente negativas:

These continued attacks on press freedoms in Australia should be condemned in the strongest possible terms. Freedom of the Press to scrutinise the Govt is crucial to liberal democracy.

No Australian should accept these raids without clear oversight. #ABCRaid #AFPRaids

— Australian Progressives (@AusProgressive) June 5, 2019

Estos continuos ataques a las libertades de la prensa en Australia deberían condenarse de la forma más dura posible. La libertad de prensa para examinar de cerca al Gobierno es esencial para la democracia liberal.

Ningún australiano debería aceptar estas redadas sin una supervisión clara.

The irony that this crackdown on #PressFreedom is happening on the 30th anniversary of the Tienanmen Square massacre. #AFPRaids pic.twitter.com/xd9POE0vBK

— Dan Ilic (@danilic) June 5, 2019

La ironía de que este acoso a la libertad de prensa esté ocurriendo cuando se cumplen 30 años de la masacre de la plaza de Tiananmén.

Se han planteado muchos temas. El Gobierno ha sido acusado de hipocresía:

Serious questions are being raised about why leaks that support the government's position aren't referred for investigation, but those exposing government misconduct are consistently risking prison time. https://t.co/VC8pewbPLZ

— Alice Drury (@AliceDrury) June 6, 2019

Se están planteando cuestiones serias sobre por qué no se están investigando las filtraciones que apoyan la posición del Gobierno, pero quienes exponen la mala conducta del Gobierno se arriesgan constantemente a pena de prisión.

El periodista australiano Peter Greste, que pasó 440 días encarcelado en Egipto entre 2013 y 2015, ha exigido una ley urgente para proteger a los periodistas:

Earlier this year, I laid out the case for a Media Freedom Act to protect a fundamental pillar of our democracy. Now, in the wake of AFP searches of ⁦@annikasmethurst⁩, ⁦@BenFordham⁩ and now ABC, it seems vital. ⁦@4JournoFreedom⁩ https://t.co/sSktwOLzbv

— Peter Greste (@PeterGreste) June 5, 2019

El caso de la ley de libertad de medios.
Peter Greste publicó en The Australian para iniciar campaña por una ley de libertad de medios.
——–
A principios de este año, expuse el caso de una ley de libertad de medios para proteger el pilar fundamental de nuestra democracia. Ahora, a raíz de las investigaciones de la AFP a Annika Smethurst⁩, ⁦Ben Fordham⁩ y ahora ABC, parece vital.

Australia no tiene un estatuto o declaración que garantice la libertad de prensa o la libertad de expresión.

En un amplio artículo en The Conversation, Rebecca Ananian-Welsh explicó que «Australia cuenta con más leyes de seguridad nacional que ningún otro país». Y añadió:

It is also the only liberal democracy lacking a Charter of Human Rights that would protect media freedom through, for example, rights to free speech and privacy.

También es la única democracia liberal que no tiene estatuto de derechos humanos que proteja la libertad de los medios a través de, por ejemplo, los derechos a la libertad de expresión y a la privacidad.

También planteó cuestiones sobre la confidencialidad de la fuente y la «parálisis del periodismo de interés público».

Los medios sociales han desempeñado un papel fundamental al difundir estos problemas. Después de que empezara la redada a la ABC, siete de los diez temas tendencia en Twitter en Australia se referían a los hechos en curso:

Captura de pantalla: Twitter 5 de junio de 2019, a las 18.06.25 AEST.

Cuando se llevaba a cabo la redada en la sede de ABC en Sídney, John Lyons, editor ejecutivo de Noticias ABC y jefe de periodismo de investigación de ABC, tuiteaba directo:

AFP: I’m still staggered by the power of this warrant. It allows the AFP to “add, copy, delete or alter” material in the ABC’s computers. All Australians, please think about that: as of this moment, the AFP has the power to delete material in the ABC’s computers. Australia 2019.

— John Lyons (@TheLyonsDen) June 5, 2019

AFP: sigo pasmado por el poder de esta orden judicial. Permite que la AFP «añada, copie, borre o altere» material en los computadores de ABC. Australianos, piensen en esto: a partir de este momento, la AFP tiene el poder de borrar material en los computadores de ABC. Australia 2019.

Resistió los intentos de la AFP de detener sus tuits durante la redada:

AFP RAID LIVE: The AFP have just realised I’m live tweeting the raid and raised it with me. I’ve said I think ABC staff and others have a right to know about a raid on our premises. I’ve said I won’t use any names of alleged sources or confidential material. They’ve accepted this

— John Lyons (@TheLyonsDen) June 5, 2019

REDADA DE LA AFP EN DIRECTO: La AFP acaba de darse cuenta de que estoy tuiteando en directo la redada y han venido contra mí. He dicho que creo que el personal de ABC y los demás tienen derecho a saber sobre la redada en nuestras instalaciones. He dicho que no usaré ningún nombre de las presuntas fuentes ni material confidencial. Lo han aceptado.

Muchos en línea creen que las redadas pretendían disuadir a los informantes como David McBride, que fue acusado por las filtraciones de los Archivos Afganos:

Whistleblower protections ‘a sham’, says lawyer whose leaks led to ABC raids https://t.co/fFsSDtG0yF

— lynlinking (@lynlinking) June 6, 2019

La protección de los informantes ‘una farsa’, afirma un abogado cuyas filtraciones dieron lugar a las redadas de ABC.
David McBride, que filtró información sobre las fuerzas especiales, dice que el Gobierno actúa como un ‘régimen totalitario’.
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La protección de los informantes ‘una farsa’, afirma un abogado cuyas filtraciones dieron lugar a las redadas de ABC.

Actualmente hay muchos informantes en los tribunales. Por ejemplo, Testigo K y su abogado Bernard Collaery, que revelaron el espionaje ilegal australiano en Timor Oriental en 2004. Su juicio se lleva en secreto. Otro es Richard Boyle, que expuso un comportamiento no ético como son las prácticas agresivas de cobro de deudas de la Oficina de Impuestos Australiana.

Emily Howie, Directora Legal del Centro de Derechos Humanos, ha defendido a los informantes y periodistas:

Without a free press, we don't have democracy. We don't know what our government is doing behind closed doors. These people should be lauded for revealing the truth but instead they face the real possibility of prison time.

Sin una prensa libre, no hay democracia. No sabemos lo que nuestro Gobierno está haciendo tras puertas cerradas. Estas personas deberían ser alabadas por revelar la verdad en lugar de enfrentarse a la posibilidad real de una pena de prisión.

El primer ministro australiano, Scott Morrison, ha apoyado las acciones de la AFP pero ha intentado aportar una nota conciliadora lo que sugiere que es posible una revisión de las leyes relevantes.

Marcus Storm, presidente de la sección de medios de la Alianza de Medios, Entretenimiento y Artes (MEAA, por sus siglas en inglés), ha descrito las redadas como un «ataque a la libertad de prensa»:

«Suddenly, just days after a federal election, the Federal Police launches this attack on press freedom. It seems that when the truth embarrasses the government, the result is the Federal Police will come knocking at your door,”- #MEAAMedia President @strom_m.#PressFreedom pic.twitter.com/6qtj5XUMCa

— MEAA (@withMEAA) June 5, 2019

NO ES ES MÁS QUE UN ATAQUE AL DERECHO DEL PÚBLICO A SABER.
QUE LA POLICÍA HAGA INCURSIONES CONTRA PERIODISTAS SE ESTÁ VOLVIENDO NORMAL Y DEBE PARAR.
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De repente, solo unos días después de las elecciones federales, la Policía Federal lanza este ataque contra la libertad de prensa. Parece que cuando la verdad avergüenza al Gobierno, el resultado es que la Policía Federal llamará a tu puerta.

Mientras tanto, el comisario interno de la AFP, Neil Gaughan, ha advertido que los reporteros y las organizaciones de medios de comunicación pueden enfrentar cargos por publicar información secreta del Gobierno, y enfatiza que la ley se aplica tanto a la filtración como a la publicación de material. También ha añadido que «es un delito seguir teniendo ese material en las páginas web»

Ita Buttrose, veterana periodista y actual presidenta de la junta de ABC, ha condenado la redada en su organización por estar «diseñada claramente para intimidar». Y añadió:

[..]legitimate journalistic endeavours that expose flawed decision-making or matters that policy makers and public servants would simply prefer were secret, should not automatically and conveniently be classed as issues of national security.

[…] los empeños periodísticos legítimos que exponen la toma de decisiones defectuosa o asuntos que los políticos y los funcionarios públicos preferirían mantener en secreto, no deberían clasificarse automática ni convenientemente como asuntos de seguridad nacional.

Smethurst, editora de política nacional del Daily Telegraph, ha respondido a las redadas con este sarcástico tuit:

Apparently AFP members have been “subjected to unprecedented scrutiny” this week. pic.twitter.com/6wV6zjxSe8

— Annika Smethurst (@annikasmethurst) June 6, 2019

Aparentementem los miembros de la AFP han sido «objeto de un atenta vigilancia sin precedentes» esta semana.

Seguro que va a haber un debate animado cuando el Parlamento Federal se reanude dentro de algunas semanas.