[1]Ilustración hecha por Kurtural y usada con permiso.
La siguiente es una versión reeditada y acortada del trabajo escrito por Jazmín Acuña para Kurtural / El Surtidor [1] y es republicada por Global Voices con permiso de su autora. El artículo hace parte de una serie más amplia sobre los representantes políticos que ocupan cargos públicos hoy y que han estado vinculados con crímenes durante la era de Stroessner.
Desde los tiempos de la transición de la dictadura de Alfredo Stroessner [2] hasta 1989 solo un pequeño grupo de policías y civiles han sido señalados y condenados como responsables por las violaciones a derechos humanos que tuvieron lugar en ese período. Mientras tanto, en los círculos de poder, las influencias de aquellos que permanecieron cerca de Stroessner continúan ocupando cargos de importancia en el Gobierno de Paraguay bajo un pacto de impunidad.
Los fantasmas de la dictadura
En 1954, Afredo Stroessner [3] tomó la presidencia del Paraguay con un golpe de Estado en medio de un período división y conflicto dentro del partido de Gobierno, un período que vino a partir de una profunda inestabilidad económica. Stroessner permaneció en el poder por 35 años y su gobierno formó parte de la alianza de gobiernos que se conoció como la Operación Cóndor [4], un plan coordinado de control, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones entre los gobiernos dictatoriales de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia y Paraguay, y que tuvo apoyo pleno de los Estados Unidos.
Al final de la dictadura, el país comenzó un lento y trabajoso camino hacia la democracia.
Sin embargo, como lo señala Melanio Medina, presidente de la Comisión de Verdad y Justicia del Paraguay [5], las administraciones que siguieron al período de dictadura tuvieron poco interés en que las investigaciones para juzgar a los responsables tuvieran libre curso. Todo para evitar traer a la luz los lazos que existen entre ellos y la dictadura de Stroessner. Así, la democracia paraguaya sigue viendo a aquellos que asistieron de cerca al dictador como parte de los círculos próximos al poder hoy. Este fue el caso durante la administración de Horacio Cartes [6], de 2013 a 2018, y continúa con la reciente elección de Mario Abdo Benítez [7].
Los artífices del terror que infundió el régimen stronista entre 1954 y 1989 no han sido juzgados hasta hoy. Se condenó a algunos conocidos represores, pero no fue procesada toda la cadena de mando. “Los cargos políticos, los que estaban muy por encima de la estructura represiva, quedaron impunes”, explica el abogado Hugo Valiente, también autor de varias investigaciones sobre derechos humanos.
Valiente se refiere a los que idearon, planificaron y fueron cómplices de los delitos de lesa humanidad, delitos que pueden ser juzgados sin importar el tiempo que haya transcurrido desde que se cometieron. Delitos que, sin embargo, no han interferido con la presencia de estas personas en altos cargos en el Estado, como es el caso de Eladio Loizaga, Darío Filártiga y Diógenes Martínez.
Diógenes Martínez: Un juez a la medida de la tiranía
Jueces como Diógenes Martínez apañaron torturas y desapariciones en la dictadura. Su complicidad es penal, explica Valiente. “Participaron de farsas judiciales. Convalidaban declaraciones tomadas bajo tortura, por ejemplo”. Para Rogelio Goiburú, hijo de un desaparecido de la dictadura y hoy encargado de la Dirección de Memoria Histórica y Reparación, no quedan dudas: “deben ser juzgados”.
Las inclinaciones a la represión no parecen haber quedado en el período de la dictadura. Martínez, abogado y dirigente del partido Colorado, nombrado ministro de Defensa en 2015, advirtió durante las protestas de marzo de 2017 que los militares estaban listos para salir a las calles. Las manifestaciones se posicionaban en contra de una enmienda de la Constitución para una re-elección presidencial. Martínez admitió que una intervención militar interna no sería legal, pero sugirió repetidamente que los militares deberían movilizarse de forma «preventiva».
La represión no hubiera sido posible sin cómplices o autores morales, sin cadenas de mando en donde varias personas emitían las órdenes que otros ponían en práctica. Para Rogelio Goiburú, personas como Martínez o el actual ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga, fueron partícipes necesarios de la dictadura. “De la cabeza de ellos, del accionar de ellos desde sus oficinas, se cometieron terribles crímenes”, explica.
Eladio Loizaga: La cancillería de la Guerra Fría
Eladio Loizaga inició su carrera diplomática en los años de la dictadura. En agosto de 1981, se convirtió en director del departamento de Organismos, Tratados y Actos Internacionales de la Cancillería, y en 1983, asumió como director general. El periodo coincide con el desarrollo del Plan Cóndor. Según el Movimiento Nacional de Víctimas de la Dictadura y datos del Archivo del Terror, casi medio millón de personas en toda la región fueron asesinadas, torturadas y desaparecidas en el marco de este plan. Y la diplomacia lo facilitó.
No hay matanzas sin un relato, sin un guión bien articulado que justifique el terror. La amenaza del comunismo era el relato, el combustible que avivó la represión en Latinoamérica. Se defendía y promovía a través de reuniones y conferencias de organizaciones como la Liga Mundial Anticomunista. Entre algunos de sus miembros figuraban autoridades nazis como Otto Skorzeny o Theodor Oberlander, o Sun Myung Moon, un auto-denominado mesías de la Iglesia de la Unificación, la misma que tiene el mayor latifundio de Paraguay. Stroessner fue parte de esa organización, y el país fue sede de una de sus reuniones preparatorias al congreso mundial de la Liga.
Entre los encargados de coordinarla se encontraba Eladio Loizaga.
“Fue un cómplice del terrorismo de Estado. Ideó, planificó, buscó fondos para llevar adelante los planes de exterminio”, asegura Rogelio Goiburú. Su padre, Agustín Goiburú, fue secuestrado en un operativo conjunto entre autoridades paraguayas y argentinas del Plan Cóndor. Hasta hoy, Rogelio lo busca entre los más de 400 desaparecidos que dejó la dictadura paraguaya. Para él, Loizaga no puede ocupar un cargo de responsabilidad en un Estado que se precia de ser democrático. Sin embargo, el Estado lo avala. En el 2005, el periodista Nemesio Barreto presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el actual ministro por su participación en los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. “La denuncia quedó en la nada, como siempre”, cuenta.
Darío Filártiga: La lealtad al poder
Tanto en los años del estronismo como ahora, estos hombres siguen ejerciendo los privilegios del poder. Dario Filártiga Ruiz Diaz, uno de los asesores políticos más cercanos a Cartes y vice-presidente de la ANR, tenía a 14 militares a disposición en su casa hasta el año pasado. Sus funciones incluían retirar vestidos de la esposa de la tintorería.
En dictadura, contar con el servicio de militares era una práctica común, algo que Filártiga Ruiz Díaz conoce de primera mano. Fue el subsecretario del ministro del Interior Sabino Augusto Montanaro, uno de los hombres claves de Stroessner que utilizó a la policía para reprimir en todo el territorio.
Como muestra de su lealtad al dictador, viajó a Brasil para rendirle tributos en su sepelio y fue uno de los oradores principales. Con Cartes emula este espíritu cómplice y adulador. Cuando se debatía en el Congreso la necesidad de aumentar las tasas de impuestos al tabaco, Filártiga Ruiz Diaz se erigió como férreo defensor de los intereses del presidente, quien es también uno de los mayores tabacaleros del país, acusado además de promover el contrabando de cigarrillos en la región. Para el asesor, el proyecto de ley era un intento de la oposición de legislar desde “el odio y el fanatismo”.
¿Cómo se juzga a los hombres de un dictador? ¿A los colaboradores y cómplices que le permitieron perpetuarse en el poder por más de tres décadas? «Con un sistema judicial independiente, que investigue todos los niveles de responsabilidad en la estructura del estronismo y que castigue acorde», dice Valiente.
Mientras más alto el cargo en una jerarquía, mayor es la responsabilidad sobre crímenes de lesa humanidad y también el castigo. Pero Valiente no cree que esto ocurra: “El proceso de transición democrática en Paraguay se construyó sobre un pacto de impunidad”.