Captura de pantalla del PDF de la Ley sobre Libertad de Información de 1999 de Trinidad y Tobago.

Debido a la presión pública, la noche del 17 de junio el Gobierno de Trinidad y Tobago retiró una polémica enmienda que proponía introducir en la ley sobre libertad de información (FOIA) del país.

Esta ley, aprobada en 1999 y vigente desde 2001, permite que los ciudadanos tengan acceso a la información que tienen las autoridades públicas. Quienes presenten solicitudes de FOIA deberán recibir una respuesta en el plazo de 30 días.

Sin embargo, a principios de junio el Gobierno propuso una enmienda a esta ley para ampliar el plazo de respuesta hasta 90 días, lo que provocó la protesta de más de 47 grupos, incluida la Asociación Jurídica, la Cámara de Comercio, y la Asociación de Comunicación de Trinidad y Tobago (MATT), que realizaron un debate al respecto el 15 de junio. Interesados y organizaciones de la sociedad civil consideraron que las enmiendas propuestas podían llegar a frustrar el trabajo de la prensa libre e impedir que el público accediera a la información a tiempo.

Sheila Rampersad, presidenta de MATT, fue entrevistada en televisión la mañana después de que se anunciara la retirada y afirmó:

«It's a morning when people should be very proud of Trinidad and Tobago and very proud of a democracy that obviously is quite healthy—that civil society came together quickly and comprehensively as it did, and that government was sufficiently responsive.»

Es una mañana en la que la gente debería sentirse muy orgullosa de Trinidad y Tobago y muy orgullosa de una democracia que claramente está bastante sana —de que la sociedad civil se uniera rápida y completamente como lo hizo, y de que el Gobierno estuviera suficientemente receptivo.

Critican enmienda por «antidemocrática» y «retrógrada»

La enmienda a la ley, denominada Cláusula 7, formaba parte de un compendio de proyecto de ley llamado Ley de Disposiciones Misceláneas de 2019 (Amnistía Fiscal, Pensiones, Libertad de Información, Seguro Nacional, Banco Central y Organizaciones sin Ánimo de Lucro). El borrador inicial de la cláusula no solo ampliaba de 30 a 90 días el tiempo de respuesta alas solicitudes por parte de las agencias estatales, también proponía añadir otros 90 días en los que el fiscal podía ratificar o rechazar la decisión de denegar la petición.

En la práctica, el tiempo de las respuestas a las solicitudes de la FOIA era a menudo superior al plazo establecido, y algunas instituciones estatales se han negado a dar información basándose en la confidencialidad. El Gobierno se ha visto incluido en asuntos judiciales cuando se negaban solicitudes de la FOIA, incluso algunos litigantes han llevado sus casos hasta el Comité Judicial del Consejo Real, el tribunal de apelación más alto de Trinidad y Tobago.

El ex fiscal general Ramesh Lawrence Maharaj, creador de la ley original, se pronunció claramente en contra de que un fiscal general en ejercicio —un funcionario político— tuviera la última palabra al denegar o no una solicitud, lo que califica de «antidemocrático». Maharaj sugirió incluso que iniciaría acciones legales y lanzaría una campaña si fuera necesario para defender una consulta pública sobre el asunto.

La enmienda apareció en la agenda parlamentaria el 10 de junio. El fiscal general, Faris Al Rawi, admitió que había juzgado mal la respuesta, pero descartó la necesidad de una consulta sobre la enmienda, que fue debatida y aprobada en la Cámara Baja el 14 y 15 de junio.

El abogado Michael Rooplal de la Asamblea de Abogados del Sur denominó a la enmienda como «un paso hacia atrás», con lo que dejaba ver el poco sentido de dar un giro así en una época en la que la tecnología digital facilita el almacenamiento, la recuperación y la organización de la información. Rooplal añadió:

The FOIA is a vital cog in the public’s right to know and right to participate in the administration of our democratic society. Any derogation of these rights should be strongly guarded against, particularly in the present circumstances where there has been absolutely no consultation with the public on this issue.

La FOIA es un eslabón esencial en el derecho a saber del público y en el derecho a participar en la administración de nuestra sociedad democrática. Cualquier derogación de estos derechos debería protegerse fuertemente, sobre todo en las circunstancias actuales en las que no ha habido ninguna consulta con el público sobre este asunto.