[1]Alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, entrega el «Premio Héroe» de los Derechos Humanos a Lizzie O'Shea – Cuenta de Twitter de Access Now.
Imagina una ley que otorga a los organismos de inteligencia y a las autoridades de un país el poder de acceder a comunicaciones encriptadas. A pesar de sus dudas, el partido Laborista Australiano apoyó la aprobación del proyecto de ley [2] de acceso y asistencia (#AAbill [3]) de la Coalición Liberal-Nacional que se convirtió en ley el 6 de diciembre de 2018. Se supone que los terroristas y pedófilos son el objetivo pero existen grandes consecuencias para los derechos digitales.
Se ha aprobado un total de 75 [4] leyes de seguridad nacional en Australia desde septiembre de 2001. Sin embargo, el Gobierno aseguró que la ley era necesaria antes de Navidad ya que las fiestas representaban gran riesgo para la seguridad [5].
La indignación de los defensores de la privacidad y de los derechos digitales y los miembros de la industria tecnológica no se ha apaciguado –particularmente porque la oportunidad de reformar la legislación tras las elecciones federales [6] de Australia del 18 de mayo de 2019 quedó abierta y suejta a revisión del Comité Parlamentario Conjunto sobre Inteligencia y Seguridad.
Global Voices entrevistó por escrito a Lyndsey Jackson [7], presidenta de la organización de derechos digitales Electronic Frontiers Australia [8], sobre la ley [9] y sus ramificaciones. Lindsey contestó:
Kevin Rennie (KR): ¿Cuáles son las principales disposiciones de la nueva ley?
Lyndsey Jackson (LJ): It deals with encryption, which is a way of transmitting data that can only be read by the sender and receiver — that means that no one else can look at it unless they choose to give access. Encryption is used for lots of things, like secure messaging, files, emails, drives or even verify[ing] software. It’s used by lots of people and organisations and governments.
The new legislation directly targets encryption and basically coerces developers, device manufacturers and service providers to allow the government to spy on people’s encrypted data.
Lyndsey Jackson (LJ): La ley trata sobre el encriptado, que es una forma de transmitir información de manera que solo pueda leerla quien la envía y quien la recibe –significa que nadie más puede verla a menos que se le conceda acceso. El encriptado tiene varios usos, como asegurar el envío de mensajes, archivos, correos electrónicos, nubes de datos o inclusive verificar software. Mucha gente, organizaciones y Gobiernos lo utilizan.
La nueva ley apunta directamente al encriptado y básicamente obliga a programadores, fabricantes de dispositivos y proveedores de servicios a dar permiso al Gobierno para espiar la información encriptada de la gente.
KR: El Gobierno aseguró que las nuevas medidas eran necesarias con urgencia: antes de la temporada de Navidad de 2018. ¿Cuáles han sido las consecuencias de apresurarse?
LJ: The consequences of rushing through this legislation before Christmas have been immense.
The legislation as passed was very poorly drafted. There were a large number of major amendments planned to improve the drafting and they didn’t even make it into the final text due to the haste. We now have operating legislation that parliament has acknowledged is badly written instead of well considered legislation that actually does what is needed.
The coercion of the tech sector is an immediate consequence — people report a drop in foreign work and it’s expected this will increase, with further reductions in investment and work.
The other notable consequence has been [that] Australians’ digital rights are currently vulnerable both from their government and the potential of this surveillance capacity to be misused by others.
LJ: Las consecuencias de apresurar la aprobación de la ley antes de Navidad han sido enormes.
La ley que fue aprobada estaba redactada de forma deficiente. Se había planeado varias modificatorias fundamentales para mejorar la redacción pero no lograron formar parte del texto final debido al apuro. Ahora tenemos una ley en vigencia que está mal redactada según reconoció el Parlamento, en vez de una ley bien planteada y que realmente cumpla con el objetivo.
La coacción hacia el sector de tecnología es una consecuencia inmediata –la gente denuncia una caída en la cantidad de empleo extranjero y se prevé que siga disminuyendo, además de reducciones adicionales en inversiones y empleo.
La otra consecuencia visible ha sido que los derechos digitales de los australianos actualmente son vulnerables ante el Gobierno y la posibilidad de que esta capacidad de vigilancia se use incorrectamente.
KR: ¿Por qué estas leyes han generado una fuerte oposición en Australia?
LJ: Digital rights campaigning is growing in Australia as more people become aware of the huge ramifications of surveillance and how it is misused. But the government has also completely overlooked the tireless explanations and advocacy of the local tech sector, [which has] shown how the legislation is excessive, unworkable and places us at extreme financial, business and personal risk. [It] also fundamentally misunderstands both technology and privacy — that is why these laws have created such strong opposition.
We have a right to privacy. That privacy exists in our everyday physical life, including when we pick up a phone or use our computer. This legislation removes our right to privacy by giving the government unprecedented access to our private lives for potential crimes that could well be investigated in other, more responsible, ways. This legislation gives the government the password to every account in the country without pausing to consider if they should, let alone if they need it.
LJ: La campaña sobre los derechos digitales crece en Australia a medida que más gente se da cuenta de las grandes ramificaciones de la vigilancia y cómo se usa incorrectamente. Sin embargo, el Gobierno ha pasado completamente por alto las incansables explicaciones y la lucha del sector de tecnología, lo que ha demostrado que la ley es abusiva, inaplicable y nos pone a todos en extremo riesgo financiero, de negocios y personal. La ley también malinterpreta la tecnología y la privacidad en esencia –por eso hay una oposición tan grande.
Tenemos derecho a la privacidad. Esta privacidad existe en nuestra vida diaria, hasta cuando usamos nuestro celular o nuestra computadora. Esta ley nos quita el derecho a la privacidad al otorgarle al Gobierno acceso sin precedentes a nuestra vida privada por posibles delitos que bien podrían ser investigados de otras formas más responsables. La ley le proporciona la Gobierno la contraseña de cada cuenta en el país sin siquiera detenerse a considerar si debe ser así, y mucho menos si es necesario.
KR: ¿Cuáles son las preocupaciones específicas de las industrias de información y tecnología locales?
LJ: This legislation will definitely have a financial impact on the local information and technology industry. The government will already reject dealing with companies like Huawei [10] for fear of security flaws that can lead to foreign surveillance, so why would they expect any other country to treat us differently? Because that’s effectively what the government has told the world: every service, hardware and software created in Australia will have a security flaw allowing surveillance. This legislation hampers the Australian information and technology industry’s ability to create strong products and services.
LJ: Esta ley definitivamente va a impactar financieramente a las industrias de información y tecnología locales. El Gobierno va a rechazar negociar con compañías como Huawei [11] por temor a defectos de seguridad que deriven en vigilancia extranjera. Entonces, ¿por qué esperaríamos que otros países nos traten distinto? Porque es exactamente lo que el Gobierno le ha comunicado al mundo: cada servicio, hardware y software que se fabrique en Australia tendrá un fallo de seguridad que dé lugar a la vigilancia. La ley es un obstáculo a la capacidad de la industria de información y tecnología australiana de crear productos y ofrecer servicios sólidos.
KR: ¿Por qué algunos miembros del sector de seguridad cibernética creen que la ley será contraproducente?
LJ: In order to make this legislation work, software and hardware will have to almost weaken their overall security. This means it’s even more vulnerable to intrusion from other sources.
LJ: Para que la ley sea aplicable, los hardware y software deberán debilitar su seguridad general. Significa que serán más vulnerables a la intromisión de otras fuentes.
KR: ¿Qué cambios debería hacer el Gobierno entrante ahora que ya pasó la elección federal y que el Gobierno se queda en el poder por otros tres años?
LJ: The digital rights of Australians and the health of our tech industry need to be taken more seriously. One way they can do that is [to] roll back this legislation and go back to the drawing board — but this time with Australia’s tech experts.
LJ: Los derechos digitales de los australianos y la fortaleza de nuestra industria tecnológica deberían ser tomados más en serio. Una forma de hacerlo es que reviertan la ley y empiecen de cero –pero esta vez con expertos en tecnología de Australia.
Mientras tanto, la abogada australiana y miembro del directorio de Digital Rights Watch [12], Lizzie O'Shea, ha sido distinguida por el grupo internacional de defensa Access Now [13] por su lucha contra las leyes referidas al encriptado. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, le entregó a O'Shea el premio [14] Héroe de los Derechos Humanos en la cumbre de RightsCon [15] llevada a cabo el 12 de junio de 2019.
Access Now [13] publicó el siguiente comunicado:
Frequently working in coalition, O’Shea has led the campaign against the Assistance and Access Bill and other threats to secure communications in Australia. This has included building an alliance across technology companies, civil society organizations, academics, and activists, and fronting media, public events, and parliamentary inquiries. Despite the laws being passed, the campaign had a huge mobilizing impact, with a strong coalition committed to working together and thousands of Australian citizens sparked to take action.
O'Shea, quien trabaja frecuentemente en coalición, ha liderado la campaña contra el proyecto de ley de Asistencia y Acceso y otras amenazas contra la seguridad de las comunicaciones en Australia. Esta lucha incluye la creación de una alianza entre las compañías de tecnología, organizaciones sociales civiles, académicos, activistas,
En contraste, el Departamento de Asuntos Internos del Gobierno australiano tiene una explicación detallada [16] de la ley y una respuesta a los llamados «mitos [17]» sobre la Ley de Asistencia y Acceso.