Símbolo de red inalámbrica en La Habana, Cuba. Foto de Nano Anderson, tomada de Flickr con licencia CC BY 2.0.
El 4 de julio de 2019, funcionarios cubanos emitieron un decreto ley [1] que prohíbe a los ciudadanos cubanos a administrar sitios web alojados fuera del país. La ley es un duro golpe [2] al creciente sector de medios independientes de Cuba, donde casi todos los sitios de medios aprovechan de servicios de alojamiento del extranjero y plataformas de blogueo.
La ley no ofrece detalles sobre su implementación —no está claro si afectará a quienes usan plataformas de medios sociales del extranjero para publicar sus opiniones— pero los cubanos dicen que presenta al menos dos problemas significativos para cualquier ciudadano que quiera administrar su sitio web. Primero, con la nueva norma, se incurrirá en nuevos costos. Alojar servicios en Cuba, brindados exclusivamente por ETECSA, único proveedor estatal de telecomunicaciones del país, es más caro que muchos servicios extranjeros de alojamiento, y más si se trata de un blog básico en un sitio como WordPress, donde el costo mínimo es cero.
El segundo aspecto, y el más preocupante, de esta norma es que las regulaciones estatales cubanas imponen duras restricciones sobre qué tipos de sitios web pueden estar alojados en Cuba. Según el numeral 27 de una larga lista de preguntas frecuentes publicada por by ETECSA [3], las publicaciones que constituyen “medios de noticias” no pueden buscar alojamiento en servidores cubanos. Además, para blogueros y otros que escriben comentarios independientes, se puede alojar contenido que “no contradiga ninguna disposición de ley o acto gubernamental» o que atente contra el «orden público”.
En un país donde el entorno de medios consiste en tres grandes componentes –medios controlados por el Estado, prensa extranjera y servicio por cable, y pequeños pero cada vez más poderosos medios locales independientes– la nueva norma pondría al tercer sector en un limbo legal a largo plazo.
“La ley deja a los medios independientes sin opciones de alojamiento ‘legales’”, dice Elaine Díaz [4], periodista local y autora de Global Voices. “Con la imposición de multas, están penalizando una decisión que no debería tener ninguna consecuencia legal”. Díaz es editora en jefa de Periodismo de Barrio [5], grupo de medios independientes con sede en La Habana.
En Twitter, Díaz también criticó el hecho de que la norma se haya promulgado como decreto en vez de someterse a discusión y análisis en la asamblea estatal.
#NoMásDecretazos [6] El artículo 68 afecta a cualquier ciudadano que tenga un blog en @wordpressdotcom [7] o una página en @Medium [8]. Es una violación y ni siquiera pasó por la Asamblea. La informatización debe ser por consenso o será injusta y arbitraria. pic.twitter.com/J2RVDXjdQ7 [9]
— Elaine Díaz (@elainediaz2003) July 5, 2019 [10]