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Comunidad ugandesa desalojada por proyecto de extracción petrolera aún busca justicia

Ciudadana afectada de la comunidad de Rwamutonga se expresa en reunión comunal. Foto de Winfred Ngabiirwe, usada con autorización.

Por Winfred Ngabiirwe

En agosto de 2014, Lucy Onyera y otros habitantes de la comunidad de Rwamutonga, del distrito Hoima de Uganda, se despertaron por disparos y ataques con gases lacrimógenos. Sus hogares quedaron en cenizas, sus granjas fueron destruidas y les arrebataron sus propiedades. Los desalojaron para la construcción de una planta de tratamiento de petróleo, respaldada por el Gobierno estadounidense.

Durante los últimos cinco años, Lucy ha vivido en el limbo. De tanto en tanto, viaja de Hoima a Masindi, con las esperanzas de su comunidad a cuestas, para que se haga justicia por sus tierras. El viaje le toma más de dos horas y tiene que recorrer algunos tramos en motocicleta y otros en autobús. Pero cada año es lo mismo, vuelve con las manos vacías sin novedades sobre la situación de la propiedad de sus tierras.

Las reservas petroleras de Uganda fueron descubierta hace más de 12 años. Se estima que existen alrededor de 6,5 mil millones de barriles que podrían generar ingresos públicos de hasta 50 000 millones de dólares para los próximos 25 años. Pero la extracción de petróleo y la construcción de infraestructuras para tal fin se dan en zonas como Rwamutonga, donde las leyes de propiedad y tenencia de tierras no están bien definidas. Como resultado, las comunidades locales son las más afectadas por esa situación.

Las reservas petroleras de Uganda fueron descubierta hace más de 12 años. Se estima que existen alrededor de 6,5 mil millones de barriles que podrían generar ingresos públicos de hasta 50 000 millones de dólares para los próximos 25 años. Pero la extracción de petróleo y la construcción de infraestructuras para tal fin se dan en zonas como Rwamutonga, donde las leyes de propiedad y tenencia de tierras no están bien definidas.

Antes de los desalojos, los habitantes de Rwamutonga habían vivido y cultivado la tierra durante más de 30 años. El jefe de la zona asignó la tierra a algunas personas de la zona. Otros la heredaron de sus padres, según la costumbre local. Pero a muchos nunca les dieron títulos de propiedad formales

Por mas de 30 años, los residentes de Rwamutonga han vivido del cultivo de la tierra. Algunos terrenos fueron asignados por el jefe de la zona y otros fueron heredados conforme a las costumbres locales. Sin embargo, muchos de ellos jamás recibieron oficialmente el título de propiedad de sus terrenos.

Después del desalojo de 2014, los miembros de más de 200 viviendas vivieron durante 30 meses en un campo improvisado cerca de la zona en disputa. A comienzos de 2017 se les permitió regresar mientras esperaban una resolución judicial sobre la propiedad de las tierras.

Las familias desalojadas de la aldea Rwamutonga del distrito Hoima. Foto de Winfred Ngabiirwe, usada con autorización.

La situación de Rwamutonga se repite en otras partes de África y también alrededor del mundo donde se han descubierto recursos naturales.

El Banco Mundial informó que solo el 10 % de las tierras rurales de la región de África subsahariana están registradas. El resto está indocumentado y se administra de manera informal. Como consecuencia, son vulnerables a que las tierras sean expropiadas sin adecuada compensación.

Los habitantes de Rwamutonga han cultivado algodón, té, maíz y mandioca por décadas. Con derechos sobre la propiedad más fuertes se ayudaría a proteger esos medios de vida.

Con frecuencia, la oportunidad de tener ingresos por la extracción petrolera ha llevado a los Gobiernos a negociar directamente con los invesionistas sin consultar adecuadamente ni involucrar a las comunidades y gobiernos locales, que podrían invocar los derechos e intereses adquiridos por la costumbre en el proceso de toma de decisiones.

El Gobierno de Uganda tiene la oportunidad de cambiar el rumbo. El primer paso para el desarrollo económico es ver a las comunidades locales como iguales al planificar proyectos petroleros. También se debería respetar la propiedad privada y los derechos humanos de sus habitantes y buscar brindar consentimiento informado para decidir sobre los planes.

Se debió haber consultado a los habitantes de Rwamutonga antes de cualquier acuerdo sobre la venta de tierras para la construcción de una planta de tratamiento de petróleo. La participación directa del Gobierno y los inversionistas con la comunidad local hubiera permitido entender mejor los intereses, preocupaciones y desacuerdos de los habitantes, y los hubiera ayudado a lograr un acercamiento y disminuir el riesgo de conflictos. Si se reduce el conflicto se reducen también las pérdidas económicas, y por lo tanto, puede aumentar el ingreso para Gobiernos e inversionistas.

La participación directa del Gobierno y los inversionistas con la comunidad local hubiera permitido entender mejor los intereses, preocupaciones y desacuerdos de los habitantes, y los hubiera ayudado a lograr un acercamiento y disminuir el riesgo de conflictos.

Si bien el estado ugandés no es directamente responsable por la violación de los derechos humanos por parte de actores privados, debería asegurar que las entidades privadas respeten las leyes y regulaciones locales. De ser necesario, el Gobierno debe utilizar los instrumentos internacionales de derechos humanos para prevenir, investigar, castigar y reparar tales abusos.

La empresa estadounidense desistió del acuerdo, pero emprendió acciones legales por perjuicios económicos y la planta de tratamiento de petróleo no continuó. A los habitantes de Rwamutonga no se les ofreció compensación alguna por su desalojo forzado.

Lucy y su comunidad siguen buscando justicia en el sistema judicial ugandés con la esperanza de obtener una adjudicación sobre sus tierras. Pero las audiencias retrasadas, deficiente representación legal e intereses políticos han obstaculizado el avance del caso, y parece prprobable que pierdan sus tierras, lo que los dejará sin hogar otra vez.

Winfred Ngabiirwe es la directora ejecutiva de la organización Global Rights Alert en Uganda.

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