Los resultados electorales fueron anunciados en vivo en Facebook antes de que las autoridades mauritanas procedieran al bloqueo de internet. Fuente: captura de pantalla de una transmisión en vivo en Facebook de la comisión electoral del país.

Las autoridades mauritanas restablecieron el acceso a internet transcurridos diez días de una interrupción después de las disputadas elecciones presidenciales del 23 de junio. Sin embargo, el Gobierno sigue restringiendo la libertad de prensa y la libertad de expresión como parte de la represión poselectoral.

Mohamed Ould Ghazouani, candidato con respaldo gubernamental, obtuvo el 52 % de los votos, pero generalizadas acusaciones de fraude han empañado las elecciones. Tres candidatos opositores, incluido el activista contra la esclavitud Biram Dah Abeid —que obtuvo el tercer lugar con el 18 % de los votos— impugnó los resultados ante el Consejo Constitucional. También hubo protestas pequeñas que impugnaron los resultados en la capital, Nuakchot.

El lunes 1 de julio, el consejo desestimó el pedido de la oposición, y confirmó a Ould Ghazouani como el presidente electo del país sobre la base de evidencia insuficiente de las acusaciones de fraude de la oposición.

Arrestos a periodistas y figuras de oposición

Ahmedou Ould al-Wadea, presentador del canal de televisión mauritano Al Mourabitoun, fue arrestado en su casa en la capital Nuakchot el 3 de julio. Al-Wadea, conocido por sus críticas al presidente saliente Mohamed Ould Abdel Aziz, sigue detenido en un lugar no revelado, según grupos de derechos humanos. No está claro qué acusaciones enfrenta.

Al-Wadea no fue el único periodista arrestado en la represión poselectoral. El 26 de junio, la policía arrestó a Seydi Moussa Camaras, otro periodista conocido por sus críticas al Gobierno. Camaras es director de publicaciones del semanario independiente La Nouvelle Expression. Pasó una semana detenido hasta su liberación, el 3 de julio. Según Reporteros sin Fronteras, las agencias de seguridad del Estado lo acusaron de perturbar los resultados electorales durante llamadas telefónicas:

RSF has learned that the state security agents who arrested Moussa at his home, seizing all of the mobile phones and laptops there, accused him of disputing the election results during phone conversations, suggesting that his calls had been tapped.

Reporteros sin Fronteras ha tomado conocimiento de que los agentes de seguridad del Estado que arrestaron a Moussa en su casa confiscaron todlos teléfonos móviles y computadoras personales que había y lo acusaron de perturbar los resultados electorales durante llamadas telefónicas, lo que sugiere que sus llamadas estaban intervenidas.

Las autoridades también arrestaron a varias figuras opositoras, según afirmó Amnistía en un pronunciamiento el 27 de junio. Entre los arrestados está Samba Thiam, líder de las Fuerzas Progresistas para el Cambio, y fue puesto en libertad a comienzos de julio.

Levantan diez días de bloqueo de internet

En medio de la represión, el Gobierno también recurrió a cerrar internet, y luego dejó sin efecto el bloqueo el 3 de julio.

Se informó que el Ministerio del Interior ordenó el bloqueo por razones de seguridad, aunque activistas y grupos de derechos humanos creen que el objetivo real es evitar que la oposición movilice manifestantes.

Primero, el Gobierno interrumpió el acceso a internet móvil hacia el mediodía del 23 de julio, hora local, según la Fundación de Medios de África Occidental. Cuarenta y ocho horas después, también interrumpieron el acceso a conexiones de líneas fijas.

Las interrupciones afectaron a los tres proveedores de servicio de internet de Mauritania: Mauritel, Chinguitel y Mattel. Las empresas no brindaron razones por las interrupciones ni notificaron a sus usuarios antes de que ocurrieran las interrupciones.

Las interrupciones afectaron la capacidad de los líderes de oposición para organizar y movilizar manifestantes, en un país en el que solamenente el 21 % de sus cuatro millones de habitantes tiene conexión a internet.

La medida aisló a los mauritanos del resto del mundo —particularmente a defensores de derechos humanos, líderes de oposición y periodistas— lo que limitó mucho su capacidad de acceder a información y a publicar información sobre la represión del Gobierno a manifestantes, periodistas y oposición política.