El periodista nigeriano Jones Abiri (tercero de la izquierda) con su equipo legal habla con los medios de comunicación el 5 de septiembre de 2018. Imagen del Comité para Proteger Periodistas / Jonathan Rozen, usada con autorización.
En mayo de 2019, agentes de seguridad de Nigeria volvieron a detener y acusar [1] al periodista Jones Abiri por los delitos de sabotaje, terrorismo y ciberdelitos cometidos en 2016, según sostienen.
El Gobierno ha puesto la mira en Abiri como editor y redactor en jefe de Weekly Source, diario de Bayelsa, en la región del delta del Níger, en Nigeria.
Sus dificultades a manos de los agentes de seguridad muestran la represión estatal a la libertad de expresión y la libertad de prensa en Nigeria. Los líderes nigerianos han aplicado sistemáticamente diversas leyes contra críticos y periodistas como Abiri.
Viaje de Abiria a prisión
Los antecedentes de arresto de Abiri se remontan a julio de 2016 [2], cuando agentes de la Seguridad del Estado (DSS) entraron a su oficina en Yenagoa, capital del estado de Bayelsa. En agosto de ese año, Seguridad del Estado lo acusó de liderar un grupo separatista militante responsable del bombardeo de oleoductos [3] en la región del Delta del Níger. Tras la protesta mundial por su detención, el Gobierno nigeriano insistió en que su detención no tenía nada que ver con la libertad de prensa y que no contaba con credenciales oficiales de periodismo [4].
Sin embargo, sus seguidores y organizaciones de derechos humanos que salieron en su defensa discrepan.
Según la Fundación de Medios para África Ocidental [5]:
Abiri, who is the editor of the Weekly Sources newspaper, was arrested on August 2016 on accusations of being part of a separatist group and carrying out terrorist activities. Abiri’s family and colleagues, however, believed his arrest was in connection with a report he published which alleged that the country’s military were planning a coup against President Muhammadu Buhari.
Abiri, editor del periódico Weekly Sources, fue arrestado en agosto de 2016 acusado de ser parte de un grupo separatista y de realizar actividades terroristas. Sin embargo, la familia y colegas de Abiri creen que su arresto se relaciona con un informe que publicó que sostenía que el Ejército del país planeaba un golpe contra el presidente Muhammadu Buhari.
Antes de su arresto, la revista Weekly Source reprodujo [6] una historia que afirmaba que algunos oficiales militares –junto con políticos y militantes del delta del Níger– tenían la intención de bombardear varias instalaciones de crudo para crear inestabilidad política que desencadenaría un golpe de estado contra el régimen del presidente nigeriano Muhammadu Buhari.
Estas acusaciones, negadas [7] por el Ejército, fueron publicadas [8] en el sitio web de noticias PointBlankNews. Desde Estados Unidos, el editor PointBlankNews, Jackson Ude, había dicho [9] al Comité para Proteger Periodistas (CPJ) que personas con supuestas conexiones con los servicios de seguridad nigerianos lo amenazaron para que retirara el artículo. También le dijeron que lo arrestarían si regresaba a Nigeria, dijo Ude al Comité para Proteger Periodistas.
#Nigeria [10]: This July 2016 edition of Weekly Source newspaper was published just days before Jones Abiri, its publisher and editor-in-chief, was arrested by Department of State Security (DSS) agents. He remains in detention without charge or due process. Full paper in thread. pic.twitter.com/t7Bo72nfJv [11]
— CPJ Africa (@CPJAfrica) June 22, 2018 [12]
Nigeria: este ejemplar de julio de 2016 del periódico Weekly Source apareció apenas días antes de que agentes del Departamento de Seguridad Estatal arrestaran a su editor en jefe, Jones Abiri. Sigue detentido sin acusaciones ni debido proceso. Texto completo en el hilo.
Abiri estuvo detenido dos años sin juicio, antes de que la Corte de Magistrados de Abuja lo liberara temporalmente [13] bajo estrictas condiciones de fianza el 15 de agosto de 2018.
Al ser puesto en libertad, dijo que fue obligado [14], bajo amenaza, a escribir una confesión de que era militante. El 18 de septiembre de 2018, un tribunal superior federal de Abuja, la capital, le concedió 10 millones de nairas (unos 27 500 dólares estadounidenses) por daños y perjuicios. El juez que preside el tribunal describió [5] como «infundada» la detención del periodista por parte del Gobierno por razones de seguridad nacional.
Pero la pesadilla de prisión de Abiri no terminó ahí.
El 30 de marzo de 2019, el Departamento de Seguridad Estatal lo volvió a arrestar en Yenagoa y lo dejó en libertad [15] en abril.
El 22 de mayo de 2019, el Departamento de Seguridad Estatal citó a Abiri en Abuja, lo detuvo y lo acusó [1] “terrorismo, sabotaje económico y fraude” —por delitos que supuestamente cometió en 2016. Abiri se ha declarado no culpable, según el Comité para Proteger Periodistas. Está en prisión desde entonces.
The life of journalist Abiri Jones has been of arrest, detention, perpetually adjourned court hearings, jail in Kuje, jail in DSS underground cells. Right now he is in Kuje prison. His ordeal is far from over. For how long will authorities continue to make life difficult for him?
— Amnesty Int. Nigeria (@AmnestyNigeria) July 1, 2019 [16]
La vida del periodista Abiri Jones ha estado llena de arrestos, detenciones, audiencias judiciales siempre postergadas, prisión en Kuje, prisión en celdas subterráneas del Departamento de Seguridad Estatal. Ahora está en la prisión de Kuje. Su pesadilla está lejos de terminar. ¿Cuánto tiempo más las autoridades seguirán complicándole la vida?
La legislación de Nigeria usada para silenciar presidentes
El periodismo no es un delito. Imagen de David Alonso/Herramientas, vía Flickr, CC BY-NC-ND 2.0, 7 de febrero de 2015.
Las acusaciones de sabotaje, terrorismo y ciberdelitos de los que se acusa a Abiri se basan en tres actos legislativos específicos: contra el sabotaje, prevención del yerrorismo y ley de ciberdelitos.
Los infractores de estas tres leyes corren el riesgo de ser condenados a muerte, encarcelados o multados.
El Gobierno nigeriano ratificó la ley internacional de derechos humanos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) [20] y el Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos [21], que garantizan la libertad de expresión.
Sin embargo, los líderes han abusado sistemáticamente de la ley para acosar judicialmente a críticos y periodistas, como en el caso de Abiri. En realidad, el Gobierno nigeriano tiene antecedentes de utilizar acusaciones falsas para reprimir la libertad de expresión y la libertad de prensa. Según Amnistía [22]:
Journalists, bloggers and the people that stand up for human rights in Nigeria are constantly being arrested, harassed and intimidated by the authorities. Trumped up charges is one tactic the government uses to jail people who are speaking out against the government.
Periodistas, blogueros y quienes defienden los derechos humanos en Nigeria son arrestados, acosados e intimidados constantemente. Las acusaciones falsas son tácticas que usa el Gobierno para encarcelar a quenes hablan en su contra.
La ley de ciberdelitos [19] también preocupa a grupos de derechos por su redacción imprecisa que permite que las agencias de seguridad acosen continuamente a los ciudadanos, incluidos periodistas, activistas y blogueros.
Por ejemplo, el artículo 24 de esta ley tipifica como delito la distribución de mensajes considerados falsos con el fin de causar molestia, incomodidad, peligro, obstrucción, insulto, lesión, intimidación criminal, enemistad, odio, mala voluntad o ansiedad innecesaria a otro o que cause que se envíe un mensaje de ese tipo». En marzo, las autoridades utilizaron la ley de ciberdelitos para acusar [23] a un grupo de jóvenes solamente por criticar las malas condiciones y el maltrato del personal y los estudiantes en su universidad.
Términos ambiguos y subjetivos como «incomodidad», «molestia» o «insulto» hacen que sea difícil determinar sus definiciones. Tampoco protegen el derecho a ofender —parte esencial de la libertad de expresión bajo amenaza en Nigeria.
La Ley de Terrorismo también amenaza los derechos humanos fundamentales, pues otorga «amplios y amplios poderes» a las agencias de seguridad para detener a un sospechoso sin «supervisión judicial», afirma [24] el erudito legal nigeriano A. T. Akujobi. Según el Servicio Internacional de Derechos Humanos, algunos aspectos de la ley [25] son una «criminalización de la disidencia» porque el Gobierno puede dar un manotazo a la libertad de expresión y calificarla de «discurso de odio, información contra el Gobierno y contra la seguridad».
El caso de Jones Abiri es un ejemplo del precario estado de la libertad de prensa y la libertad de expresión en Nigeria. El poder del Estado para detener arbitrariamente a periodistas y voces disidentes sin juicio suele verse reforzado por una legislación que viola los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Gobierno nigeriano.
La libertad de expresión y la libertad de prensa son aspectos esenciales de toda sociedad democrática. Nigeria no debería ser la excepción.