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Acusan de sedición a vicepresidente de Filipinas y otros críticos del presidente Duterte

Candidatos al Senado de la coalición opositora junto al vicepresidente Leni Robredo (centro, de camisa púrpura) durante el periodo de campaña en abril de 2019. A excepción del exsenador Mar Roxas (segundo desde la izquierda, con camisa azul), todos los que aparecen en esta fotografía han sido acusados de sedición por la Policía filipina. Imagen de la página de Facebook de Otso Diretso.

La Policía de Filipinas presentó una demanda por sedición y otros cargos contra el vicepresidente Leni Robredo y otras 35 personas, en relación con la publicación de un video en línea en el que se acusa a la familia del presidente Rodrigo Duterte de tener vínculos con operaciones ilícito de drogas. Muchos consideran esta acción como otro intento de parte del Gobierno para silenciar a las voces disidentes.

Los cargos que Grupo de Detección e Investigación Criminal de la Policía Nacional de Filipinas (PNP-CIDG) formuló son sedición, difamación cibernética, difamación, estafa, ocultamiiento de un delincuente y obstrucción de la justicia. Entre las personas importantes que nombraron junto con Robredo están dos senadores de la oposición en funciones, dos exsenadores y cuatro obispos católicos de alto rango. Robredo es miembro de la oposición política.

Todos los acusados han expresado constantemente su preocupación por los abusos de derechos humanos cometidos por las fuerzas estatales en la ejecución el infame plan ‘guerra contra el narcotráfico’ de Duterte.

Miles han fallecido a manos de la policía durante las redadas antidrogas desde que Duterte asumió la presidencia, en 2016. Los grupos de derechos humanos afirman que la cantidad de muertes ascendió a más de 20 000, pero la policía insiste en que el número de muertos oscila entre 4000 y 6000. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una moción el 11 de julio de 2019, en la que exige a Naciones Unidas realizar una investigación oficial sobre la magnitud de los asesinatos relacionados con las drogas y otros casos de muertes extrajudiciales en Filipinas.

‘Video sedicioso’

El caso contra Robredo y el resto de acusados se originó por la transmisión de una serie de videos en línea que constó de seis partes, en abril de 2019, en los que acusan a la familia de Duterte de estar asociada con agrupaciones delictivas del narcotráfico.

‘Bikoy’, denunciante en el video, se identificó luego como Peter Joemel Advincula. La policía lo acusó de no tener credibilidad.

Tras desaparecer por varios días, Bikoy se presentó en una conferencia de prensa junto con la Policía y afirmó que la serie de videos fue parte de una conspiración desestabilizadora contra el Gobierno de Duterte. Asimismo, dijo que Robredo y los demás líderes de la oposición estuvieron involucrados en la producción de los videos y que conspiraban para desacreditar y derrocar a Duterte.

Robredo y los demás acusados no aparecieron en los videos ni respaldaron la serie de manera pública.

‘No es más que acoso’

La oficina de Robredo indicó que el caso de la Policía “es totalmente infundado y no es más que simple acoso”.

La senadora Leila de Lima, una de los imputados, calificó a la investigación de la Policía como “puros disparates”. Otros líderes de la oposición especularon que el caso fue presentado justo unos días antes del cuarto discurso sobre el estado de la nación de Duterte para desviar la atención del pueblo con respecto a otros temas apremiantes, como los continuas muertes relacionadas con las drogas, los abusos de derechos humanos cometidos en zonas rurales, el aumento del desempleo y la pasividad de Duterte con respecto a la presencia militar de China en el mar de Filipinas (mar del Sur de China).

El obispo Pablo Virgilio David, otro de los acusados, indicó a los medios de comunicación que la acción tomada por la Policía está diseñada para intimidar a los críticos del Gobierno:

The intention is obvious: pure harassment and an effort on the part of the PNP [police] to do, not their sworn duty, but what they think will be pleasing to the higher authorities.

La intención es obvia: acoso puro y un esfuerzo de parte de la Policía para realizar, no su deber, sino lo que considera será grato para las autoridades superiores.

En una declaración redactada cuidadosamente, el arzobispo de Davao Romulo Vales, que también es director de la influyente Conferencia de los Obispos Católicos de Filipinas, dio fe de la integridad de los obispos acusados de formar parte de la conspiración de sedición:

They may be perceived as very vocal and very critical in their pronouncements. But that they consciously worked promoting seditious activities and other related crimes, these honestly I cannot believe. These are individuals whose love for country and dedication for the welfare of our people I cannot doubt.

Posiblemente los perciben como muy ruidosos y bastante críticos en sus declaraciones. Pero que hayan trabajado adrede para promover actividades sediciosas y demás delitos relacionados, eso honestamente no lo puedo creer. Son personas cuyo amor por su país y dedicación por el bienestar de nuestro pueblo no puedo dudar.

El Grupo de Asistencia Jurídica Gratuita emitió una declaración en la que defiende a los abogados de derechos humanos que fueron nombrados entre los inculpados:

The charges are not only baseless, they are meant to silence and persecute human rights lawyers, opposition leaders, and the church, and to send a message to anyone who dares to criticize this administration.

The charges filed by the CIDG are designed to intimidate, harass and interfere with our lawyers, who are just doing their jobs as human rights defenders.

Las acusaciones no solo son infundadas, tienen como objetivo silenciar y perseguir a los abogados de derechos humanos, los líderes de la oposición y la Iglesia, y enviar un mensaje a todo aquel que se atreva a criticar esta administración.

Las acusaciones que formuló CIDG están diseñadas para intimidar, acosar e interferir con nuestros abogados, quienes simplemente realizan su trabajo como defensores de derechos humanos.

En los últimos tres años, entre los críticos que han encarado proceso penal se incluyen periodistas, políticos de la oposición, activistas y misioneros religiosos.

El ministro de Justicia, Menardo Guevarra, afirmó que su departamento respetará el debido proceso y realizará una investigación preliminar basándose en la acusación que presentó la policía.

I have said this before and I will say it again. The DOJ [Department of Justice] is not a weapon for oppression or persecution. We shall go only by the evidence presented before us and we don't care who gets indicted and who goes scot-free.

He dicho esto antes y lo reiteraré nuevamente. El Ministerio de Justicia no es un arma para oprimir ni perseguir. Nos guiaremos únicamente por la evidencia que nos fue presentada y no nos importa quién será inculpado y quién saldrá impune.

El portavoz de Duterte indicó que la oficina del presidente no tuvo participación alguna en el caso que presentó la policía.

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