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¿Podrían las pruebas de polígrafo para la policía de Trinidad y Tobago ayudar a crear más confianza del público?

Policía antidisturbios del Servicio de Policía de Trinidad y Tobago (TTPS) en el exterior del anfiteatro de St. James en Puerto España durante el Drummit2Summit en 2009. Foto de Georgia Popplewell (CC BY-NC-ND 2.0).

El comisionado de policía de Trinidad y Tobago, el capitán Gary Griffith, anunció planes de introducir pruebas de polígrafo rutinarias para los miembros del servicio de policía, a partir de la semana del 14 de julio de 2019.

Los polígrafos, comúnmente conocidos como pruebas de detector de mentiras, miden las reacciones fisiológicas a una serie de preguntas con el fin de evaluar si el sujeto está engañando.

En un país que se enfrenta crecientes tasas de delitos violentos, la medida forma parte de una iniciativa de generar mayor responabilidad y transparencia dentro del servicio de policía, que actualmente no tiene un alto nivel de confianza pública. Algunos agentes de policía también han dicho que temen las repercusiones por denunciar las faltas de otros agentes.

Aunque el anuncio del comisionado ha tenido el apoyo de los ciudadanos que sienten que es momento de que el servicio de policía se vea libre de oficiales deshonestos, a otros les preocupa que la prueba del polígrafo infrinja una ley conocida como la Ley del Servicio de Policía.

En 2007, las nuevas regulaciones presentadas en la Cámara de Representantes establecieron que los candidatos para el Servicio de Policía de Trinidad y Tobago (TTPS, por sus siglas en inglés) deben acceder en presentar información de ADN, y someterse a pruebas de polígrafo, pruebas de drogas y evaluación psicológica. El entonces ministro de Seguridad Nacional, Martin Joseph, explicó que endurecieron los criterios porque “la calidad de los oficiales era fundamental para el éxito del servicio policial”.

Por tanto, los polígrafos han sido parte de los criterios de aceptación, pero a partir de ahí, las pruebas no son rutinarias salvo en los casos de ascenso o transferencia a unidades especiales. Algunos oficiales han dicho que esta última medida para hacer pruebas de polígrafo rutinarias es “desmoralizante”.

En otros países donde la policía usa pruebas de polígrafo, los críticos han puesto en duda su exactitud. En Estados Unidos, por ejemplo, la Ley de Protección contra el Polígrafo de los Trabajadores (EPPA) prohíbe que la mayoría de empleadores privados use pruebas de detección de mentiras, ya sea para detección o durante el período de empleo. Pero los partidarios de las pruebas de polígrafo en el TTPS dicen que estas restricciones no deben aplicarse a los empleados de servicio público.

En un reportaje de la cadena de televisión CNC3, el comisionado Griffith reveló algunas preguntas hechas a los agentes de policía en la prueba, como si reciben o no dinero por permitir el paso de armas y drogas ilegales al país.

Aunque la prueba no es obligatoria, Griffith dijo que era “asombroso notar” que tantos oficiales parecían opuesto a someterse a la prueba, sobre todo en el suroeste del país –zona con una fuerte saturación de drogas ilegales, armas y tráfico de personas.

“Por lo delicado de esos lugares y esas unidades, debes pasar por la prueba del polígrafo si quieres trabajar ahí”, dijo Griffith, y añadió que daría el ejemplo y ofrecía a ser el primero en hacerse la prueba. Quienes se nieguen a someterse a la prueba del polígrafo en áreas de alto riesgo pueden ser reasignados a otra división. También planea introducir pruebas de drogas aleatorias dentro del servicio. Griffith entiende que algunos oficiales pueden buscar asesoría legal, a lo que respondió: “Tengo ropa de tribunal”.

La Asociación de Bienestar Social del Servicio de Policía de Trinidad y Tobago (TTPSSWA, por sus siglas en inglés) rechazó los nuevos parámetros propuestos para la prueba del polígrafo, sostiene que si bien la intención del comisionado es “encomiable”, necesita comunicar a los miembros las razones –y las consecuencias– de estas medidas. El comisionado está coordinando una reunión con la asociación para discutir el asunto.

El presidente de la asociación, el inspector Gideon Dickson, dijo que si bien la asociación estaba de acuerdo con la necesidad de retirar del servicio de policía de elementos indeseables, tenía que ser dentro de los parámetros de la ley.

Aparte de algunos sectores del público general, el comisionado Griffith ha recibido el apoyo del profesor Ramesh Deosaran, presidente de la Comisión de Auditoría de los Recursos Humanos de la Policía, que considera que las pruebas de polígrafo aumentarán la moral y la confianza del público. El exjefe de la administración pública Reginald Dumas tampoco se opone, en principio, pero dijo que había que aclarar las consecuencias jurídicas.

En una entrevista telefónica con Global Voices, Lara Quentrall-Thomas, profesional de recursos humanos, dijo que las pruebas de polígrafo no son nuevas en Trinidad y Tobago ni en la región. Según su experiencia, son una práctica bastante común en el rubro de seguridad nacional. “Sobre todo en sociedades pequeñas como la nuestra”, explica, “donde muy a menudo vigilas a tu propia comunidad, quieres garantías de que las autoridades son incorruptibles”. No debería haber discusión con la prueba del polígrafo antes del empleo, pues los empleadores tienen derecho de determinar los parámetros de la evaluación del candidato, dice Quentrall-Thomas

Aunque el servicio de policía también tiene el derecho de realizar pruebas adicionales como parte de una nueva norma de empleo, dice que se hacer con un proceso de consulta con los representantes sindicales de la asociación: “La gente no necesariamente tiene que estar de acuerdo con eso, pero se debe dar la oportunidad de revisar, consultar y dar opinión”.

Esto cae bajo los principios de justicia natural. Las buenas prácticas dictan que, salvo circunstancias atenuantes como la guerra, por ejemplo, o la adopción de nuevas normas mundiales –los términos y condiciones del empleo de una persona no deben modificarse sin consulta.

Hasta ahora, cualquier prueba fallida de polígrafo solamente se puede usar para determinar si se reasigna a los oficiales, no se pueden usar como causal de despido.

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