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¿Qué dicen las interrupciones de internet en Zimbabue sobre el estado de derechos digitales en el país?

Las interrupciones de internet en Zimbabue en enero enviaron un mensaje escalofriante a los ciudadanos de que el acceso a internet es un favor, no un derecho. Aquí, dos hombres en Harare, Zimbabue, descansan en una cornisa al mediodía. Foto de Ethan Zuckerman vía Flickr (CC BY-NC 2.0).

Millones de zimbabwenses recordarán enero de 2019 por el aumento de precios de los productos básicos, el gran aumento de los precios de los combustibles y las múltiples e inesperadas interrupciones de internet que duraron varios días.

Cuando los manifestantes tomaron las calles del capital, Harare, para hablar contra el abrupto aumento de 150 % en el precio del combustible, los militares respondieron con una brutal represión que tomó a muchos por sorpresa. Los enfrentamientos dejaron a decenas de manifestantes heridos o torturados y al menos 12 muertos.

Mientras los activistas recurrían a los medios sociales para movilizar las protestas y llamar la atención sobre el deterioro de la economía de Zimbabue, el régimen del presidente Emmerson Mnangagwa respondió con restricción del acceso a los medios sociales y a redes enteras en algunas partes del país por motivos de seguridad nacional.

Entre el 14 y el 21 de enero, los ciudadanos tuvieron dificultades para acceder a sus cuentas bancarias o para comunicarse con sus amigos y familiares. Todos los negocios y tiendas cerraron mientras los soldados patrullaban las calles.

El Gobierno emitió directivas de la oficina del presidente, que se canalizaron a través de la Autoridad Reguladora de Correos y Telecomunicaciones de Zimbabue (POTRAZ) a las empresas de telefonía móvil y fija para restringir el acceso a redes enteras hasta nuevo aviso.

Según Netblocks, observatorio de bloqueos de internet, las interrupciones de enero incluyeron el cierre total de la red que dejó a Bulawayo y Harare sin conexión en línea y con acceso restringido a las plataformas de medios sociales y aplicaciones de mensajería, como Facebook y Whatsapp.

Los bloqueos fueron levantados parcialmente pocos días después, pero la prohibición de acceder a algunos servicios de medios sociales se mantuvo hasta el 21 de enero, horas después de que el Tribunal Supremo del país determinó que la prohibición era “ilegal”.

Los zimbabuenses ahora viven con el temor de que pueda haber un nuevo bloqueo en cualquier momento por capricho del Gobierno; las autoridades creer que los derechos digitales son un favor concedido a los ciudadanos y no un derecho constitucional.

‘Boicot a derechos digitales’

Aunque el gobierno de Mnangagwa se comprometió públicamente a abrir los medios, parece seguir los pasos del expresidente Robert Mugabe, que también era intolerante con la libertad de expresión y la libertad de información antes de que los militares lo derrocaran y pusieran fin a sus 37 años de mandato en noviembre de 2017.

Funcionarios gubernamentales han descrito repetidamente el acceso a los medios sociales como una amenaza potencial, con lo que se insinúa que no se descartarían acciones similares al cierre ocurrido en enero.

Es más, tras los disturbios de enero pasado, Energy Mutodi, viceministro de Información, Publicidad y Servicios de Radiodifusión, dijo que el Gobierno no dudaría en cerrar internet en el futuro, y se refirió a los ciudadanos como “gente primitiva (…) que no entiende el significado de las manifestaciones pacíficas”.

A principios de julio, Kazembe Kazembe, ministro de Tecnología de la Información y Comunicaciones, emitió una advertencia sobre lo que denominó abuso de internet y los medios sociales en The Herald:

“There is a lot of photoshopping and negative falsehoods which are being peddled on social media. What really has gotten into us as a people? … Let's be very careful with what we see on social media. Not everything that we see on social media is true”.

Hay muchas fotos modificadas con Photoshop y falsedades negativas que se difunden en medios sociales. ¿Qué nos ha sucedido como pueblo? … Tengamos mucho cuidado con lo que vemos en medios sociales. No todo lo que vemos en medios sociales es verdad.

Tratados internacionales y regionales suscritos por Zimbabue

En el papel, Zimbabue es signatario de varios protocolos internacionales y regionales que comprometen a los Estados a salvaguardar y promover la libertad de expresión, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Zimbabue también está comprometido con el Protocolo de la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC) sobre información cultural y deporte, que trata de la disponibilidad de información, la infraestructura, la libertad de los medios de comunicación y el código de ética.

Estas declaraciones de funcionarios gubernamentales demuestran el frágil estado de los derechos digitales en Zimbabwe, dijeron los activistas.

El presidente de la sección de la Sociedad de Internet de Zimbabue, Solomon Kembo, señaló que las interrupciones son una indicación de que “las autoridades violarían los derechos digitales si perciben una amenaza a la seguridad como resultado de las protestas”.

“El hecho de que el Gobierno se viera obligado a levantar la prohibición por un tecnicismo y no porque infringe derechos digitales da credibilidad a la afirmación de que en el futuro, el Gobierno puede decretar otro apagón general de internet utilizando la oficina ‘correcta'”, dijo a Global Voices en una entrevista.

El tecnicismo se basa en el fallo de la Corte Suprema de Zimbabue de que el ministro de Seguridad del Estado no tenía autoridad para ordenar a los operadores móviles que restringieran el acceso a internet a los clientes durante las protestas de enero de 2019. Los servicios de Internet fueron restablecidos después de esta sentencia.

“El bloqueo de internet en enero de este año sentó un mal precedente que garantizará que esto siga ocurriendo. Están boicoteando los derechos digitales en Zimbabue”, dijo a Global Voices Fidelity Mhlanga, periodista del Zimbabwe Independent.

Internet centralizada, discurso penalizado

El Gobierno zimbabuense sigue imponiendo medidas que endurecerían su control en internet.

En marzo de 2018, Mnangagwa lanzó la Política Nacional de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, introducida inicialmente durante el régimen de Mugabe en 2015, que tiene por objeto centralizar el control sobre la red troncal de internet del país.

Mercado de tecnología de la información y las comunicaciones

El mercado de tecnología de la información y las comunicaciones en Zimbabue es variado, con 12 proveedores de acceso a Internet y 27 proveedores de servicios de internet.

Zimbabue tiene cinco puertos de enlace internacionales para el tráfico de internet: las estatales TelOne y Powertel; y las privadas Dandemutande, Econet y Africom.

Hay cinco proveedores de servicios móviles: Econet y Africom, de propiedad privada, y TelOne, Telecel y NetOne, de propiedad estatal. Econet domina el tráfico de datos móviles con el 65 % de la cuota de mercado de clientes a principios de 2018.

En la actualidad, el mercado de las tecnología de la información y las comunicaciones en Zimbabue es varias, cuenta con varios proveedores de servicios de propiedad privada. Sin embargo, el Gobierno mantiene algo de control sobre el mercado a través de su propiedad de dos puertos internacionales para el tráfico de internet y de tres de los cinco proveedores de servicios móviles que operan en Zimbabue: TelOne, Telecel y NetOne.

Además, el Gobierno afirma su control a través de POTRAZ, entidad paraestatal a cargo de regular las telecomunicaciones y los servicios postales, incluida internet. Esto significa que dependen del Gobierno para las directivas.

Durante las interrupciones, estas empresas funcionan bajo órdenes de POTRAZ para concluir los servicios de internet. Koliwe Majama, consultor en medios de comunicación y tecnología de la información y las comunicaciones, señaló que sigue siendo motivo de preocupación que la empresa privada Econet, el mayor proveedor de servicios de telefonía móvil y de internet, se apresure a acatar todas las directivas de bloqueo de internet, especialmente cuando las emite el Gobierno.

Si el gobierno de Mnangagwa avanza con su política nacional de tecnología de la información y las comunicaciones, no hará más que afirmar el control del Estado sobre ese mercado, y sería más fácil para el Gobierno ordenar e imponer interrupciones de internet y restringir el acceso a internet y a las redes móviles. En un informe sobre libertad en la red de 2018, Freedom House señaló:

Section 7 on ‘ICT Infrastructure’ details plans to establish a single national ICT backbone to be owned by various public and private shareholders but ultimately controlled by the government. The section also mandates infrastructure sharing among telecoms, which private telecoms that have invested heavily in their own infrastructure have decried as a form of ‘backdoor nationalization.’ Most troublingly, Section 23.3 creates ‘The National Backbone Company,’ defined by the document as ‘one Super Gateway’ which shall be the entry and exit point for all international traffic.

La sección 7 sobre “Infraestructura de tecnología de la información y las comunicaciones” detalla los planes para establecer una única red troncal nacional que será propiedad de varios accionistas públicos y privados, pero que en última instancia estará controlada por el Gobierno. La sección también obliga a compartir la infraestructura entre empresas de telecomunicaciones, que las empresas privadas de telecomunicaciones con fuertes inversiones en su propia infraestructura, han denunciado como una forma de “nacionalización por la puerta trasera”. Lo más preocupante es que la Sección 23.3 crea la “empresa central nacional”, definida por el documento como un “superpuerto de entrada” que será el punto de entrada y salida de todo el tráfico internacional.

Además, la gestión de Mnangagwa está presionando para que se promulgue el proyecto de ley sobre delitos informáticos y ciberdelincuencia, que impondría restricciones a la libertad de expresión en línea, si se aprueba. El proyecto de ley se presentó en agosto de 2015. Su tercera edición, publicada en 2017, contiene disposiciones imprecisas que, de ser adoptadas, restringirían en gran medida la libertad de expresión en línea.

Por ejemplo, la sección 16 penaliza la difusión de comunicaciones “con la intención de coaccionar, intimidar, acosar, amenazar, intimidar o causar angustia emocional sustancial” con una multa, prisión de hasta 10 años, o ambas. La sección 17 penaliza la difusión de información falsa por “causar daño psicológico o económico” con multas, hasta cinco años de prisión, o ambas.

En Zimbabue, los datos móviles se encuentran entre los más caros del mundo. Entre el 23 de octubre y el 28 de noviembre de 2018, un gigabyte costaba 75 dólares al mes, fuera del alcance de ciudadanos zimbabuenses comunes corrientes y que en promedio ganan 50 dólares al mes.

Las políticas y estrategias de tecnologías de la información y las comunicaciones del gobierno de Mnangagwa están destinadas a frustrar aún más el derecho de los zimbabuenses a acceder a internet: hará más difícil que los ciudadanos se expresen, accedan y difundan información en línea, en particular cuando se interrumpe el acceso a internet.

Para Mhlanga, periodista independiente de Zimbabue, el conocimiento es clave en la batalla para una internet abierta y libre en el país.

“Creo firmemente que los derechos digitales son tan importantes como los derechos socioeconómicos. Sin embargo, la mayoría de ciudadanos zimbabuenses no conoce sus derechos digitales y de ahí la necesidad de avanzar”, dijo.

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