Municipalidad de Puerto España, sede de la Corporación Municipal de Puerto España, una de las agencias estatales nombradas en la presunta adjudicación de contratos estatales a líderes de pandillas. Foto usada con autorización.
El 16 de julio de 2019, el periódico The Guardian de Trinidad y Tobago publicó un informe de investigación [1] que revela que el Gobierno otorgó contratos a siete líderes de pandillas por casi seis millones de dólares de Trinidad, u 890 000 dólares estadounidenses. El informe se basa en las conclusiones reveladas por la División Especial del Servicio de Policía de Trinidad y Tobago.
El artículo identifica a los líderes de las pandillas por sus alias o iniciales, como «Doggy» y «SR», y detalla quién obtuvo los contratos de construcción, cuánto valían y qué entidades gubernamentales concedieron los contratos. La mayoría de contratos –muchos ascendían a más de 200 000 dólares de Trinidad o 29 000 dólares estadounidenses, con algunos pagos adicionales posteriores– estaba relacionada con la construcción de carreteras y desagües en los barrios de las pandillas. Una sección del informe destaca la relación entre la corporación de la ciudad de Puerto España y el líder de una de las pandillas más conocidas del país, Rasta City [2]. Los contratos que se les otorgaron desde 2015 ascendieron a más de 600 000 dólares de Trinidad o 88 872 dólares estadounidenses.
No es la primera vez que salen a la luz cuestionables relaciones gubernamentales con allegados a pandillas.
El 29 de junio de 2017 [3], cuando Marlene McDonald prestó juramento como nueva ministra de Servicios Públicos, la Comisión de Integridad del país ya la estaba investigando por haber iniciado –junto con su cónyuge– una organización no gubernamental falsa [4] para acceder a fondos públicos. Para empeorar las cosas, en la ceremonia de juramentación McDonald estuvo rodeada por su cónyuge y un «líder de la comunidad» –eufemismo que se utiliza comúnmente para referirse a los líderes de las pandillas en Trinidad y Tobago. Tres días después, la destiuyeron [5].
Sin embargo, es la primera vez que un informe policial ha confirmado contratos entre el Estado y pandillas locales. Según las fuerzas del orden, la revelación ha dado lugar a un aumento de la violencia [6] en los barrios donde operan estas bandas. El comisionado de policía, Gary Griffith, comentó al respecto en una conferencia de prensa [7] después de la publicación del informe de The Guardian, y confirmó que esa semana un conflicto entre dos pandillas era en realidad una disputa por un contrato gubernamental para arreglar los desagües de la zona.
No es la primera vez que Griffith se expresa. Con cuatro meses en el mandato, en enero de 2019, dijo [8] en una entrevista televisiva de CNC3 que para combatir las pandillas, el país debe dejar de emitir contratos estatales. En ese momento, planificó una estrategia con las autoridades para superar el problema.
Griffith ha declarado en las últimas semanas que estos contratos con conocidos líderes de pandillas hacen que el trabajo policial sea mucho más difícil. Atribuyó los contratos estatales –en varios gobiernos– como una de las principales razones por las que la cultura pandillera del país ha aumentado en los últimos 15 años.
La controversia [9] sobre los contratos estatales para miembros conocidos de pandillas ha causado un escándalo. Agencias como la corporación de la ciudad de Puerto España [10] y la corporación regional Diego Martín [11] fueron nombradas para adjudicar algunos contratos, aunque los parlamentarios de esas circunscripciones han dicho que no saben.
En una conferencia de prensa [12] el 19 de julio, el primer ministro Keith Rowley dijo que el Gobierno estaba trabajando con la policía para obtener toda la información necesaria para procesar a los miembros de las pandillas a través de la recientemente aprobada ley contra la pandillas [13], que criminaliza la actividad de las pandillas. Sin embargo, dejó claro que la recopilación de pruebas y la acusación de los miembros de las bandas es tarea de la policía.
Más tarde, Griffith retó [6] al primer ministro, y le dijo: «No intentas alimentar a un enemigo y después le dices a las fuerzas de seguridad que se ocupen del enemigo».
Tanto el primer ministro como su gabinete han dicho que el asunto se debe tratar por medio de la ley. Desde que se publicó el informe, el ministro de Desarrollo Rural y Gobierno Local, Kazim Hosein, ha dicho [14] que habrá una auditoría de la situación.