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Retenidos en Turquía: Cómo aprovecha el Gobierno las herramientas de Twitter para silenciar voces críticas e independientes

Caricatura de Khalid Albaih [CC BY-NC-SA 2.0].

El 4 de agosto, el Tribunal Penal de Paz de Ankara emitió la orden de bloquear el acceso a cuatro cuentas turcas de Twitter. Esta orden afectó a las cuentas de Oya Ersoy, miembro del partido de izquierdas HDP (Partido Democrático de los Pueblos), a la banda musical turca Grup Yorum y a dos cuentas relacionadas con el movimiento de protesta del parque Gezi: Taksim Gezi Parki y Gezi Savunmasi.

Ersoy, cuya cuenta está certificada, es abogado y político. En 2018 fue elegido parlamentario por el opositor Partido Democrático de los Pueblos.

Grup Yorum es una veterana banda turca de música folk conocida por su música política desde 1987. Yorum significa “comentario”, y muchas canciones del grupo hablan de los problemas del país y canalizan la crítica en sus letras. Durante años, sus conciertos han sufrido vetos y censura en el país. Hacia mediados de julio se prohibió su concierto en la provincia turca de Hatay, y 12  personas fueron detenidas por cantar sus canciones el día que se habría celebrado. En febrero de 2018, seis miembros fueron declarados terroristas. Dos huyeron a Francia.

La cuenta de Taksim Gezi Parki se abrió al principio de las protestas del parque Gezi, mientras que Gezi Savunmasi sigue los procesos judiciales de manifestantes y activistas detenidos durante dichas protestas. Las manifestaciones de 2013 comenzaron como un movimiento de protesta medioambiental contra los planes de demolición del parque Gezi de Estambul, antes de convertirse en un levantamiento nacional contra el Gobierno que ha movilizado a cientos de miles de manifestantes.

En la primera quincena de agosto, Twitter todavía no había cumplido la orden, y las cuatro cuentas aún eran accesibles en Turquía. El tribunal basó su decisión en la protección de la seguridad nacional y el orden público de acuerdo con la ley 5651 de Regulación de Publicaciones en Internet.

Estas cuatro cuentas se encuentran entre los cientos —si no miles— de cuentas de Twitter que el Gobierno turco ha señalado con la herramienta “contenido retenido por el país” (CRP) de la plataforma. En 2010, Twitter presentó esta herramienta, que permite censurar contenidos en un país según sus propias leyes. De momento, Twitter no ha considerado totalmente hasta qué punto esta herramienta puede prestarse a abusos por parte de numerosos países cuyo autoritarismo va en aumento, incluido Turquía, en los que las plataformas de medios sociales son el objetivo de una creciente represión y censura.

Ciertamente, una táctica del Gobierno turco para silenciar a los usuarios de internet y negarles el derecho a informarse e informar es presentar solicitudes a Twitter y otras plataformas para secuestrar contenido que según las autoridades, violan las leyes locales. Cuando las plataformas rechazan estas solicitudes, pueden ser bloqueadas, un riesgo que las plataformas no quieren correr en un mercado de unos 60 millones de usuarios de internet.

Por ejemplo, en 2013, durante las populares protestas del parque Gezi, manifestantes y activistas utilizaron Twitter y otros medios sociales para informar de las manifestaciones, que no encontraban eco en los canales turcos tradicionales. El entonces primer ministro Recep Tayyip Erdoğan describió la plataforma como “una lacra“.

En marzo de 2014, el Gobierno turco bloqueó la plataforma por difundir registros de audio que parecían implicar al círculo íntimo de Erdoğan en una investigación de corrupción. El Gobierno dijo que la plataforma no respondió a las sentencias judiciales que le obligaban a eliminar algunos enlaces. En el mitin de una elección local celebrada en esa época, Erdoğan dijo que tenía una orden judicial y juró “erradicar Twitter”.

Aunque desde entonces se ha desbloqueado Twitter, el Gobierno turco sigue explotando la herramienta de contenido retenido de la plataforma para silenciar a sus usuarios.

Solicitudes de eliminación recibidas por Facebook y Google

En 2018, Facebook restringió el acceso a más de 2300 páginas en Turquía a petición de las autoridades. Estas restricciones se produjeron en Facebook e Instagram, y afectaron a entradas, comentarios, cuentas y medios que podrían haber infringido leyes locales como la ley 5651, que “cubre un amplio abanico de ofensas, incluyendo la violación de derechos personales, de la privacidad o la difamación de Ataturk”.

Google recibió un total de 10 379 peticiones de retiro de contenido, y se han señalado para su eliminación un total de 57 851 desde 2009 por numerosas infracciones relacionadas con la seguridad nacional, privacidad, “obscenidad/desnudez” y difamación. Entre la segunda mitad de 2009 y finales de 2017, Google restringió el acceso a 19 423 de estos elementos en distintos servicios, como YouTube, Google Search y Blogger.

Según el informe más reciente de transparencia de Twitter, que cubre la segunda mitad de 2018, Turquía presentó más de 5000 peticiones para secuestrar contenido, más que ningún otro país. Una de las conclusiones más perturbadoras del informe es que Turquía, junto con Rusia, son los dos países con mayor volumen de solicitudes de este tipo del mundo, y llegan al 74 % de las que se hacen a Twitter.

El Gobierno turco está adoptando la misma táctica con otras plataformas, como Facebook, Youtube, WordPress e incluso la enciclopedia en línea Wikipedia.

Es más, el Gobierno turco bloquea el acceso a todas las versiones de Wikipedia desde 2017 porque la enciclopedia se negó a borrar entradas que repetían acusaciones sobre un presunto apoyo a grupos terroristas sirios por parte de las autoridades turcas. El Gobierno turco acusó a Wikipedia de “llevar a cabo una sucia campaña contra Turquía”, y la bloqueó con la ley 5651 del Reglamento de Internet de 2007.

Leyes nacionales para suprimir contenido

El Gobierno turco ha recurrido repetidamente a leyes nacionales, como la ley 5651, para exigir a las plataformas que censuren en su nombre y las bloquea cuando no obedecen.

Efectivamente, con la ley 5651, las empresas de alojamiento de sitios web están obligadas a eliminar contenido ilegal o infractor una vez recibido el aviso de las autoridades. No obstante, en Turquía cuenta como contenido ilegal discurso protegido por patrones internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, la ley 5651 prohíbe la difamación de Mustafá Kemal Ataturk, fundador de la República Turca. El artículo 301 del Código Penal contiene disposiciones que prohíben la “denigración de la nación turca” y de instituciones estatales como el Parlamento y el Gobierno. El artículo 299 del mismo código prohíbe los insultos al presidente.

Además, la lista de instituciones gubernamentales y judiciales con poder para exigir el bloqueo directamente o a través de una orden judicial es extensa. Entre ellas, la judicatura penal de paz, que tiene la capacidad de ordenar la eliminación de contenido y el cierre de webs en aplicación de las leyes 5651 y 5846 de Obras Artísticas e Intelectuales. Otros organismos, como la Autoridad de Tecnologías de la Información y la Comunicación (ATIC), que regula el sector de las telecomunicaciones, el Sindicato de Proveedores de Acceso, establecido en febrero de 2014, y la Junta de Tecnologías de la Información y la Comunicación, también pueden promulgar órdenes de censura administrativa bajo ciertas circunstancias.

Consecuencias

Los efectos del acatamiento de estas plataformas con las exigencias del Gobierno socava la libertad de expresión y de prensa.

En enero de 2018, Buzzfeed publicó un artículo que documentaba cuentas de Twitter bloqueadas en ciertos países, de los que Turquía era el que más cuentas había censurado. Según los autores, el Gobierno turco “ha obligado a Twitter a bloquear a cientos de usuarios por lo que parecen ser razones políticas”.

En una base de datos de más de 1700 cuentas de Twitter secuestradas en al menos un país entre Octubre de 2017 y enero de 2018, Buzzfeed identificó 59 cuentas pertenecientes a periodistas y sitios web de noticias suprimidas en Turquía.

Durante la segunda mitad de 2018, Twitter identificó 253 cuentas verificadas de periodistas y medios en línea sujetos a 146 solicitudes de eliminación legal. En respuesta a estas solicitudes, la empresa dijo que había borrado tres tuits y una cuenta en Turquía por violar las leyes antiterroristas locales.

Ahmet Sabanci, periodista independiente, dijo a Global Voices en una entrevista que compañías como Twitter obedecen las decisiones judiciales nacionales porque “no quieren enojar al Gobierno turco. La misma obediencia se produce en Rusia y otros países”. Sabanci añadió que aunque el titular de una cuenta puede impugnar la decisión de la plataforma, “sucede tan a menudo, y las probabilidades de lograrlo son tan escasas, que la gente se limita a abrir nuevas cuentas”.

A lo largo de la segunda mitad de 2018, Twitter presentó objeciones legales a órdenes judiciales turcas que se referían específicamente a periodistas y sitios web de noticias, pero ninguna de estas objeciones llegó a buen término. En realidad, entre 2014 y 2017, solo el 3 % de las objeciones presentadas por Twitter fueron aceptadas por los tribunales turcos.

Aunque los datos de Buzzfeed dejan entrever qué tipo de cuentas sufren los efectos del uso de la herramienta CRP por parte del Gobierno, sigue sin estar claro cuántas cuentas secuestradas pertenecen a representantes de la sociedad civil turca y a defensores de los derechos humanos. Además, ni Twitter ni otras plataformas publican la lista de cuentas que secuestran por violación de leyes nacionales.

“Cómplices” de la represión

En 2012, la entrada del blog de Twitter donde se anunciaba la herramienta CRP decía que “uno de sus valores fundamentales como empresa es defender y respetar la voz de cada usuario. Intentamos mantener el contenido siempre y cuando sea posible, y seremos transparentes con los usuarios cuando no lo sea. Los tuits deben seguir fluyendo”, añadió la compañía.

Pero queda por ver si esta declaración sigue siendo cierta hoy, cuando innumerables países, como Turquía, siguen recurriendo de forma habitual a las leyes nacionales para silenciar voces críticas en la red dentro del país.

”Twitter, Facebook y Google (…) son responsables ante todo de sus accionistas, no los considero guardianes de la libertad de expresión”, dijo en 2018 Kerem Sözeri, investigador turco residente en los Países Bajos. “Pero el desequilibrio entre las herramientas que ofrecen a los usuarios y las que ponen a disposición de los Gobiernos los hacen cómplices de la represión que ejercen los gobernantes autoritarios contra la oposición”, añadió.

La herramienta CRP —y otras similares en otras plataformas— fueron creadas originalmente para mantener el flujo de tuits, pero en realidad parece haber contribuido a silenciar voces críticas en Turquía.

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