Manifestantes cerca del cuartel general del Ejército sudanés en Jartum en abril de 2019. Foto de M. Saleh (CC BY-SA 4.0).
En diciembre de 2018 hubo un punto de inflexión en la historia contemporánea de Sudán. Lo que comenzó como manifestaciones pacíficas en algunas ciudades en las afueras de la capital, Jartum, se convirtieron en una revolución poíitica que derrocó al régimen militar que gobernó al país durante 30 años [1] al mando del expresidente Omar Bashir.
Un régimen así no se sostuvo solamente por medio de la ejecución de enemigos, guerras civiles y corrupción —también legisló y promulgó leyes que protegían y servían a sus intereses. Entre las normas está la ley de acceso a la información de 2015. La ley —aún vigente hoy— impone varias restricciones al derecho de acceso a la información. En este periodo tras la revolución de Sudán, los activistas dicen que la ley se debe reformar como parte del largo camino del país a un gobierno democrático y civil.
Ley de derecho a la información de Sudán: ‘Un mero proceso cosmético’
El derecho a la libertad de información está reconocido a nivel internacional en la Declaración Universal de Derechos Humanos [2] (DUDH) y el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos [3] (ICCPR). Este derecho también está consagrado en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos [4]. Sudán es parte signataria del pacto y la carta.
El artículo 19 de la DUDH establece que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Según el artículo 9 de la carta africana, «toda persona debe tener el derecho de recibir información».
La ley de acceso a la información sudanesa [5] es la priemra de su tipo en Sudán, aunque el artículo 39 (1) de la Constitución Interina de Sudán [6] de 2005 —recientemente derogada— consagró el derecho a recibir y difundir información.
La ley, que cuenta con 19 secciones y ocho capítulos, tiene defectos, sobre todo en términos a qué tipos de información tienen las personas el acceso permitido. Cuando la ley se aprobó en 2015, los activistas reaccionaron con dudas sobre los incentivos, objetivos y motivos que hay detrás.
Ali A Khalil, renombrado abogado sudanés, en un artículo [7] titulado “La ley sudanesa de acceso a la información 2015: ¿Un paso adelante?», criticó la adopción de la ley como un “mero proceso cosmético con la intención de limpiar los desagradables antecedentes del Gobierno sudanés sobre asuntos de transparencia y rendición de cuentas».
La periodista Salma Maarouf atacó [8] el momento en que aparece la ley y el incentivo que tiene detrás: “Están tratando de usar esta ley como una solución rápida para eliminar el espectro de las calificaciones de Transparencia Internacional, que ubicó a Sudán en el extremo de la lista de países como el menos transparente».
El bloguero sudanés Usamah Mahmoud criticó [8] la ley y las excepciones que plantea para el acceso a la información. “Dejaron muy en claro que mucha información va seguir siendo reservada. Han codificado esta ley para que puedan perseguir a la prensa y cruza la línea», dijo al Comité para Proteger Periodistas después de la aprobación de la ley en 2015.
Defectos de la ley
La ley enumera [9] 12 tipos de información clasificada restringida para los ciudadanos, incluida información relacionada con seguridad nacional y política extranjera. La redacción de estas excepciones es intencionalmente imprecisa para proteger los intereses del Gobierno.
Otro obstáculo para el acceso a la información son los costos. La ley establece que el «ente público puede cobrar cuotas, por aprobación del comisionado, para cubrir los costos de preparar y brindar la información”.
Aunque los Gobiernos pueden poder cobrar a quienes soliciten acceso a la información, «no deberían desalentar a los solicitantes y nunca deberían exceder el costo de la búsqueda, preparación y comunicación de la información», explica [10] Article19, organización no gubernamental. En un país en el que casi la mitad de la población enfrenta la pobreza [11], esos costos representan un verdadero obstáculo para desalentar a los ciudadanos a disfrutar del derecho a la libertad de información.
En un aparente intento de silenciar a quienes se oponen al régimen, la ley no menciona ni hace referencias a la protección de quienes solicitan información por rastreo por parte de cualquier ente gubernamental o persona u organización que podría beneficiarse por la ocultación de la información solicitada. Tampoco hay disposiciones referidas a protección de informantes que filtren información en interés público. Por ejemplo, en 2014, el exoficial de policía Abuzaid Abdalla Salih fue demandado por defamación, degradado, despedido y sentenciado a cuatro años de prisión [12] por filtrar información relativa a la corrupción de la policía sudanesa [13].
Por contraste, la ley reconoce positivamente el derecho de las personas con discapacidades para acceder a la información. Sin embargo, Alradi Abdalla, activista de derechos de discapacidad de Jartum señaló que la ley no aclara cómo se brindará esta información:
The Sudanese Information Law stipulates that the request for information can be made orally by persons with disabilities. Ironically, the same law does not mention information about how the materials will be provided to the requesters who are with disabilities
— alradi abdalla (@alradiabdalla) August 23, 2019 [14]
La ley de información sudanesa estipula que la solicitud de información puede ser verbal para personas con discapacidades. Irónicamente, la misma ley no menciona información sobre cómo se brindarán los materiales a los solicitantes con discapacidad.
Libertad de información para contrarrestar la desinformación
Cuando se trata de la difusión de ‘noticias falsas’ e información equivocada en línea, Sudán no es excepción. Durante las recientes protestas contra el Gobierno que buscaba poner fin al régimen militar, periodistas y activistas documentaron varios casos de desinformación e información equivocada, como fotos manipuladas [15], campañas de desinformación auspiciadas por el Gobierno [16] y hasta cuentas falsas en Instagram que interceptaron solidaridad y donaciones durante la revolución [17]. Estos incidentes revelan la necesidad de enmiendas a la ley de libertad de información para hacerles a periodistas y grupos de medios a contrarrestar la desinformación. El Gobierno y el sector privado deberían tomar la delantera en la difusión de información en línea y en hacerla accesible al público, un paso que facilitaría iniciativas de personas para verificación de datos.
El 21 de agosto, Abdallah Hamdouk fue designado primer ministro [18] y los miembros del Consejo Soberano [19] de Sudán prestaron juramento [20], como parte de un acuerdo para compartir el poder para guiar los tres años de transición de Sudán hacia un gobierno civil, según la Carta Constitucional para el periodo de transición 2019 [21].
La carta, suscrita por el Consejo Militar de Transición y la coalición política que representa a los manifestantes, Fuerzas de Libertad y Cambio [22], derogó la Constitución Transitioria de Sudán de 2005.
Según la nueva carta, las leyes emitidas antes seguirán vigentes «a menos que sean revocadas o reformadas». El artículo 56 de la carta establece que “todo ciudadano debe tener el derecho irrestricto a la libertad de expresión, para recibir y publicar información y publicaciones, y para acceder a la prensa, sin influencia del orden público, seguridad ni moral, como lo define la ley”.
Ciertamente, la ley a que se refería a la carta es la ley de libertad a la información sudanesa que, con sus defectos, no fue diseñada para liberar al pueblo, sino ayudar a servir a los que gobiernan y hacer que al pueblo le sea más difícil acceder a la información.
Con la designación de un nuevo gobierno de transición y un consejo legislativo de transición, que tendrán la función de reformar y promulgar nuevas leyes, los ciudadanos tienen ahora la oportunidad de analizar, debatir y proponer una nueva ley que sirva las genuinas necesidades de un nuevo Sudán —uno Sudán donde la libertad de información sirva al derecho del público a saber y permita a ciudadanos a hacer que quienes están en el poder rindan cuentas.
Dar a conocer al público la importancia de reformar esta ley será un desafío, pero ese es el verdadero significado de revolución: una batalla sin fin por la libertad más allá del mero derrocamiento de un dictador de su puesto.