Vendedor de celulares en Jartum, Sudán, 16 de septiembre de 2012. Foto de joepyrek vía Flickr (CC BY-SA 2.0).

El 3 de septiembre, una corte sudanesa ordenó a las empresas de telecomunicaciones Sudani y MTN a disculparse con sus clientes por interrumpir el acceso a sus redes por órdenes de las autoridades militares a inicios de junio.

El bloqueo duró semanas y fue el más prolongado de Sudán. El Consejo Militar Transitorio, que gobernaba el país en ese momento, dijo que ordenó el bloqueo de internet por razones de seguridad.

Sin embargo, el bloqueo era un obvio intento del consejo de impedir la publicación de material e información referida a la dispersión de un plantón el 3 de junio por parte de fuerzas de seguridad y militares, en la que pedían un gobierno de transición civil. Más de cien manifestantes murieron como resultado de la represión al plantón.

Manifestantes y activistas usaron sus teléfonos móviles para documentar y difundir violaciones a los derechos humanos y muertes ocurrida durante la masacre de Jartum. El bloqueo afectó los derechos de libertad de expresión y de acceso a la información del pueblo sudanés, y su derecho a la asamblea, pues plataforma de medios sociales y aplicaciones como Facebook, WhatsApp y Twitter fueron muy usadas para organizar protestas.

El bloqueo, que afectó a las conexiones móviles y fijas, tuvo lugar en redes de todos los proveedores y quedó sin efecto cinco semanas después.

¿Se hizo justicia?

La resolución judicial del 3 de septiembre ordenó a Sudani y MTN que publicaran disculpas a sus clientes en las portadas de todos los periódicos que se publican en la capital, Jartum. Es la más reciente decisión judicial que favorece el derecho de los usuarios a acceder a internet en respuesta al bloqueo de junio.

Con anterioridad, la misma corte había resuelto en favor de Abdel-Adheem Hassan, destacado abogado sudanés, que demandó a Zain, el mayor operador de telecomunicaciones en Sudán, por el bloqueo de junio. La corte ordenó a Zain que restableciera el acceso de internet tres semanas después del inicio del bloqueo, pero solamente a Hassan. Se inició otro caso en representación de más clientes y el 9 de junio, la misma corte ordenó a todos los proveedores a restablecer el acceso a internet.

Esas decisiones judiciales hacen justicia a un tercio de ciudadanos sudaneses que tiene acceso a internet, y les concede el derecho de demandar a los proveedores de telecomunicaciones y buscar una solución.

Estas decisiones también establecieron que, aunque la legislación puede pedir a los proveedores que cierren el acceso a sus redes, aún tienen responsabilidades con sus usuarios, incluida la transparencia. El proceso usado para bloquear internet muestra aspectos de corrupción y falta de transparencia entre los proveedores de internet y el Gobierno. Una resolución anterior determinó que las “'altas autoridades’ habían ordenado a Zain’” que bloqueara internet después de que no cumplió con presentar órdenes escritas a la corte.

Legislación contradictoria

Los mandatos judiciales representan un paso serio hacia un debate más libre y totalmente transparente y acciones para garantizar derecho al acceso de internet de los sudaneses, mientras el país se embarcaba en una transición de tres años hacia un gobierno civil y democrático.

El derecho al acceso, o la libertad de conexión y derecho a banda ancham ha sido reconocido por muchos entes internacionales como un derecho humano fundamental. La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (WSIS), realizada en 2003 en Ginebra, Suiza, y en 2005 en Túnez, reconoció a internet como «fundamental para la sociedad de la información» y que «todos, en todos sitios deberían tener la oportunidad de participar y que nadie debe quedar excluido de los beneficiones que la sociedad de la información ofrece». También en julio de 2016, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una resolución por consenso que condenó los bloqueos de internet.

Sin embargo, las leyes sudanesas parecen contradecirse con respecto a la libertad de expresión e información en línea y el derecho al acceso a redes de comunicación. Algunas leyes consagran esos derechos. incluso durante el derrocado régimen de al-Bashir. Por ejemplo, la ley de acceso a la información de Sudán y el artículo 39 (1) de la Constitución Interina de Sudán de 2005 –recientemente derogada— consagró el derecho a recibir y difundir información. El artículo 9 de la ley de delitos de computadora de 2007 establece un castigo de dos años de prisión o multa, o ambos, para quien sea condenado por impedir acceso a servicios de internet.

De otro lado, la ley de regulación de telecomunicaciones de 2018 concede a la autoridad regulatoria el derecho de interrumpir toda comunicación y telecomunicación y estación de radiodifusión en caso de violación a la ley. Esta disposición imprecisa no brinda más detalles, que permite a las autoridades interpretarla como les parezca para restringir acceso a los servicios.

Además, el artículo 56 del estatuto constitucional del periodo de transición de 2019 consagraron el «derecho a acceder a internet, sin perjuicio del orden público, seguridad y moral, tal como lo define la ley». El estatuto no especifica esas exoneraciones imprecisas.

Si no se reforman o derogan, estas contradictorias disposiciones preocupan por la posibilidad de bloqueos futuros, si las autoridades se encuentran ante disturbios o movimientos de protesta similares.

En su avance a un gobierno civil, Sudán designó a un nuevo gobierno de transición en agosto de 2019. El periodo de transición y las mencionadas resoluciones judiciales ofrecen a los activistas sudaneses una oportunidad para abogar por consagrar el derecho de los usuarios de acceso a internet en un nuevo Sudán.

Diferentes participantes deberán trabajar juntos para redactar e implementar diversas medidas para reformar o abolir leyes problemáticas, mejorar contratos de servicios de empresas de telecomunicaciones e iniciar políticas y medidas gubernamentales para proteger la libertad de expresión. Grupos de la sociedad civil fortalecidos también deben estar listos para defender, dar a conocer y defender los derechos digitales bajo amenaza.