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Refugiados burundeses en Tanzania enfrentan repatriación forzada

Vista aérea del campo de refugiados burundeses Lusenda, Kivu del Sur, República Democrática del Congo, agosto de 2015. Foto: MONUSCO/Abel Kavanagh vía Flickr (CC BY 2.0).

Hacia fines de agosto, el ministro del Interior de Burundi, Pascal Barandagiye, visitó campos de refugiados de Tanzania para instar a los burundeses que viven ahí que regresaran a Burundi porque la “paz y la seguridad” han regresado desde la crisis electoral de 2015, cuando el deseo del presidente Pierre Nkurunziza de postular para un tercer mandato desencadenó violentas protestas.

Naciones Unidas tiene registrados a 340 000 refugiados burundeses que viven en la región, con más de 180 000 en Tanzania.

Mientras las autoridades burundesas promueven una narrativa de paz y seguridad en Burundi antes de las elecciones de 2020, diversos medios además de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales describen cómo los servicios de seguridad en Burundi siguen reprimiendo las críticas y la oposición, y muchos oponentes, activistas y periodistas han huido del país.

El Gobierno resistió intentos en diálogos con mediación regional con oponentes y la inestabilidad y sanciones resultantes han causado dificultades económicas y aumentado el “clima de miedo”, como describió el Grupo Internacional de Crisis.

Los funcionarios tanzanos también pidieron el regreso de los refugiados burundeses, y repitieron la afirmación del Gobierno de Burundi del retorno de la paz. El 25 de agosto, los Gobiernos de Burundi y Tanzania anunciaron la suscripción de un acuerdo en virtud del cual, a partir del 1 de octubre, iniciarán regresos semanales de refugiados burundeses, hasta que todos hayan regresado. Luego, Amnistía Internacional informó que se había programado el inicio de los regresos antes de eso, a mediados de septiembre, “con o sin el consentimiento de los refugiados”.

El 25 de agosto, el ministro del Interior de Tanzania, Kangi Lugola, dijo que quienes pongan trabas al regreso de personas “enfrentarían la ira” de la gestión del presidente John Magufuli.

Considerablemente, este acuerdo se firmó sin intervención del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). En 2018, ACNUR y los dos Gobiernos tienen planeado el regreso de 2000 refugiados voluntariamente por semana, pero eso no ocurrió.

Ahora, nuestro ministro en Tanzania hizo esto 😭😭 y ACNUR no es parte de este acuerdo, una clara violación al artículo 35 de la Convención de Refugiados. Esta es una grave violación a los derechos humanos y el derecho internacional que necesita atención.
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Es muy lamentable que Tanzania esté cooperando con Burundi para engañar a la comunidad internacional de que hay paz en Burundi. Un regreso forzado de los refugiados al complicado Burundi no solamente es una infracción a la convención internacional de refugiadfos, sino una crueldad con la humanidad.

El periódico burundés Iwacu informó que el Ministro del Interior Barandagiye acusó a ACNUR de trabajar de manera poco clara y de “ser lento” en lo referente a regreso de refugiados. En una conferencia de prensa del 27 de agosto, trató de asegurar el respeto al derechos de los refugiados que regresen, según SOS Médias Burundi.

El Gobierno de Tanzania ha mostrado solidaridad con la narrativa de Burundi de “regreso de la seguridad”; la primera visita al extranjero del presidente burundés Nkurunziza después de la crisis de 2015 fue a través de la frontera con Tanzania. Los refugiados también han denunciado haber recibido presiones de las autoridades tanzanas para anotarse “voluntariamente” para regresar.

Tanzania también ejerció presión en los refugiados burundeses para su regreso en 2012, sobre todo del campo Mtabila, a pesar de la continua inestabilidad política en Burundi.

Limbo en campos de refugiados

Los burundeses viven en tres campos de refugiados principales en el noroeste de Tanzania: Nyarugusu, Mtendeli y Nduta. Numerosas restricciones —incluido el movimiento y venta de bienes— hacen que la vida en los campos de refugiados sea más difícil.

La mayoría que vive en los campos está registrada con ACNUR. Sin embargo, 45 000 están registrados en programas específicos del país, y 42 200 han vivido desde hace décadas en Tanzania y ya no reciben asistencia. En julio, la Organización Internacional para la Migración también informó de 109 372 personas desplazadas internamente en Burundi.

También hay personas no registradas, en mayor riesgo de regresos forzados, incluidos 15 000 en campos de Tanzania, según el minister del interior de Burundi. Miles han regresado, aunque ACNUR informa que los regresos asistidos por bus son menores en 2019 que en 2018, y que la gente sigue llegando.

Las personas enfrentan duras condiciones en los campos de ACNUR, sin raciones suficientes ni recursos educativos. ACNUR ha recibido solamente el 22 % de los fondos solicitados para esta situación constantemente olvidada. La inseguridad generada por atacantes no identificados en torno a los campos persiste, por ejemplo contra quienes recogen leña.

Principio de prohibición de retorno forzado

ACNUR y las ONG no están de acuerdo con la presión ejercida a los refugiados para que regresen. La portavoz de ACNUR, Dana Hughes, sostuvo que ayudará a quienes quieran regresar, pero que las condiciones en Burundi aún no “conducen a promover los regresos”.

El principio de prohibición de retorno forzado es un principio de derecho internacional establecido en la Convención de Refugiados de 1951 que protege a los refugiados de retornos forzados a lugares en los que son perseguidos.

En septiembre de 2017, la repatriación voluntaria asistida empezó oficialmente, en coordinación entre ACNUR y los Gobiernos de Tanzania y Burundi. Actualmente, un total de 75 000 refugiados de la región han regresado, sobre todo a regiones de frontera, con la “gran mayoría” de regresos de Tanzania.

Sin embargo, ACNUR dijo que cientos de personas siguen saliendo de Burundi cada mes para pedir asilo a ACNUR, por ejemplo a la República Democrática del Congo, y ACNUR pidió que las fronteras siguieran abiertas y se brindara asistencia.

El bloguero Jean Marie Ntahimpera sostuvo que “en vez de intimidar a los refugiados, Tanzania debería integrarlos” para beneficiarlos y a su país anfitrión.

Riesgos del regreso

Las tensiones políticas, denuncias de abusos de derechos y las dificultades económicas hacen que los refugiados teman regresar, considerando los riesgos de que aumenten antes de las elecciones de 2020. Han continuado los ataques contra los partidarios de la oposición, sobre todo del partido Congreso Nacional por la Libertad (CNL), y las luchas entre sus miembros, con el resultado de heridos graves y muertos.

Ligue Iteka, organización de derechos burundesa, informó que mataron a 264 personas —sobre todo, partidarios de la oposición— en 2019, con los cuerpos abandonados en público, y documentó 576 casos de desapariciones forzadas desde 2015. También expresan que mujeres y niños se ven cada vez más afectados por la violencia política.

Expertos de la Comisión de Investigación de Naciones Unidas y el más reciente informe del 4 de septiembre mencionó una “ilusión de calma” creada por un clima de miedo. Los abusos de derechos ocurren con impunidad contra opositores y críticos del Gobierno, que afecta la posibilidad de elecciones creíbles para 2020. Los servicios de seguridad e Imbonerakure, ala juvenil del partido gobernante, son los responsables, y refugiados recién regresados están entre los atacados, según el informe. Willy Nyamitwe, asesor presidencial de Burundi, lo desestimó como mentiras de quienes quieren desestabilizar a Burundi, reacción oficial similar a otros informes.

CAVIB, colectivo de abogados que defienden a las víctimas burundesas de abusos de derechos, dice que planea tomar acciones legales a nivel regional para detener los regresos involuntarios. El ministro del Interior de Burundi dijo que el Gobierno contestaría y ganaría.

Poco después del anuncio, SOS Médias Burundi informó que se distribuyeron volantes anónimos en los campos que piden a los refugiados que se preparen para irse de Tanzania a pedir asilo en otro país, por los riesgos de violencia.

Entre los burundeses que han salido del país está CNARED (Consejo Nacional por el Respeto del Acuerdo de Arusha), coalición opositora en apuros en el exilio. Recientemente, algunos miembros cambiaron de posición y dijeron que regresarían para las elecciones de 2020, con garantías de seguridad del Gobierno. El presidente Nkurunziza dejó en claro que las órdemes de arresto contra 34 persona en el exilio —que consideran con motivación política— seguirían vigentes.

Con opositores sin ventajas y sin atención internacional, el Gobierno parece inclinado a comprometerse.

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