Regreso de Rusia a Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa: ¿Diplomacia o derrota?

Este artículo escrito por Pavel Antonov ^[2] y Ksenia Vakhrusheva ^[3] apareció originalmente en BlueLink ^[4], revista electrónica regional que informa Europa Central y Oriental. Se reproduce aquí en virtud de un acuerdo para compartir contenido con Global Voices.

Reformar las normas reguladoras del Consejo de Europa para restaurar el derecho al voto de Rusia en la Asamblea Parlamentaria (APCE) ^[5] ha dividido a los defensores de la democracia y los derechos humanos. Pese a la crítica generada por la anexión de Crimea en 2014 y los antecedentes de derechos humanos del Kremlin, grupos influyentes como el Foro de la Sociedad Civil de la Unión Europea y Rusia han respaldado el regreso de Rusia como la «última esperanza de los ciudadanos rusos que buscan obtener justicia por las violaciones de derechos humanos». Buscan nuevas reglas que permitan a la organización suspender o expulsar a los miembros que no acaten sus principios.

APCE, en su sesión realizada del 24 al 28 de junio, 2019, aprobó una resolución ^[6] en la que restableció la acreditación de la delegación rusa. Ucrania propuso imponer restricciones más extensas sobre la participación rusa, pero fueron rechazadas. La Asamblea también aprobó recomendaciones estrictas que Rusia debe implementar, como liberar a los 24 marineros ucranianos detenidos y el pago inmediato de todas las aportaciones financieras al Consejo de Europa. Asimismo, solicitó la cooperación total de Rusia en la investigación del derribo del vuelo MH17 de Malaysian Airlines y el asesinato de Boris Nemtsov, e instó la implementación de medidas vigorosas para evitar violaciones de derechos humanos de las lesbianas, homosexuales, bisexuale, y las personas transgénero e intersexuales, particularmente en Chechenia.

¿Diplomacia o derrota?

Los críticos, como Kurt Volker, representante especial de Estados Unidos en Ucrania, consideraron la decisión como un rechazo ^[7] de los propios principios ^[8] del Consejo de Europa. A Rusia le suspendieron el derecho al voto en APCE desde abril 2014 debido a la anexión de Crimea. En ese entonces, en una dura resolución ^[9], la mayoría de miembros del Consejo calificó las acciones de las fuerzas militares rusas en Crimea como un «fracaso persistente para honrar sus obligaciones y compromisos». Como respuesta, Moscú cesó el pago de sus cuotas de afiliación, por lo que se creó un vacío de 53 millones de euros (58 millones de dólares) en el presupuesto 2018 del Consejo de Europa.

Según la expresidenta de APCE Anne Brasseur, se impuso sanciones contra la delegación rusa tras la anexión de Crimea, puesto que fue una «violación evidente de la ley internacional, lo que es inaceptable». Pero el Consejo de Europa nunca excluyó a Rusia formalmente. «[APCE] suspendió el derecho al voto de Rusia y luego (…) [la delegación rusa] tomó la decisión de retirarse, y no presentaron sus credenciales posteriormente. Fue su propia decisión», Brasseur explicó a BlueLink Stories en una entrevista grabada en video ^[10] en la Asamblea General del Foro de la Sociedad Civil de la Unión Europea y Rusia, en mayo.

Ucrania condenó fuertemente la acción tomada por APCE. «Esto no es diplomacia, esto es una rendición», el representante del país en Consejo de Europa, Dmytro Kuleba, comentó ^[11] para The Guardian. De acuerdo con su tuit ^[12] en ese momento, otros cinco países se opusieron a la decisión, por lo que la lucha por mantener a Rusia fuera de la Asamblea Parlamentaria aún continúa.

Las concesiones para Rusia generan inquietudes dentro de la Unión Europea, puesto que pueden alentar a otros Gobiernos a restringir las disposiciones de derechos humanos y democráticas para sus ciudadanos. Las organizaciones internacionales como el Consejo de Europa y OSCE «enfrentan un reto a partir de la interpretación de para qué fueron creadas y qué significa realmente el compromiso que sus estados miembros acordaron en el mundo actual», advierte ^[13] Aleska Simkic, subdirectora de la delegación de Rusia en Unión Europea.

Prohibir recientemente a los candidatos independientes postular en las elecciones del Consejo Municipal de Moscú es una clara señal que el Kremlin no tiene intención de acatar los principios de Consejo de Europa. Pero que expulsen a Rusia de ese organismo es lo último que desean los activistas que abogan por los derechos y la democracia en el país. Al contrario, necesitan del organismo internacional como último recurso para ejercer presión internacional contra el Kremlin. Ante las violaciones de derechos electorales ^[14] cometidas por las autoridades en Moscú y San Petersburgo que fueron documentadas recientemente, 40 organizaciones de la sociedad civil y activistas solicitaron al Consejo discutir la situación e incluir información de estas en su próxima evaluación sobre la implementación de la Carta Europea de Autonomía Local de Rusia.

Oportunidad para defender los derechos humanos

Anteriormente, un grupo de contacto de defensores de derechos humanos entre el Consejo de Europa y Rusia y el consejo del Foro de la Sociedad Civil de la Unión Europea y Rusia solicitaron a todos los miembros APCE restablecer el derecho al voto de la delegación rusa. En una postura conjunta ^[16], denominaron esta acción como «el último paso lógico» en el proceso para resolver la crisis entre Consejo y Rusia.

De acuerdo con los defensores de los derechos de la sociedad civil, la resolución no debe ser considerada como una amenaza al futuro del Consejo, sino como una oportunidad para asegurarlo. Afirman que las reformas propuestas a las Normas de Procedimiento de APCE no eliminan los mecanismos de sanción existentes, sino únicamente los limitan. Eliminar la oportunidad de limitar el derecho al voto en APCE, significa que los derechos de los miembros aún se pueden suspender o retirar, por ejemplo: el derecho a presentar una propuesta de resolución o recomendación, a realizar consultas al Comité de Ministros, a ser nombrado relator, a solicitar un debate sobre un asunto urgente o actual, a ser candidato para cargos electos dentro de la Asamblea, a ser miembro de misiones de observación electoral, a representar a la Asamblea en otros organismos del Consejo de Europa o en eventos externos.

Los activistas de derechos humanos temieron que no adoptar ninguna decisión con respecto al problema habría conllevado probablemente a que Rusia se marchara del Consejo de Europa – con todas las consecuencias negativas que esto acarrearía al Consejo de Europa en general. «Estamos convencidos de que la salida de Rusia del Consejo no hubiese detenido las violaciones de derechos humanos ni impedido que el país recayera en el autoritarismo, o evitado el comportamiento agresivo del Gobierno ruso en la arena internacional», afirmaron en su declaración.

La decisión que tomó APCE en junio se justificó formalmente como un medio para permitir la participación de Rusia en las elecciones del próximo secretario general. El Kremlin denominó esta acción como un «factor determinante» para permanecer como miembro del Consejo de Europa.

La afiliación prolongada de Rusia es beneficiosa para los cuidadanos del país quienes utilizan activamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) –uno de los mecanismos más efectivos del Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos. En 2018 ^[17] los ciudadanos rusos presentaron 11 777 solicitudes al TEDH, que constituye 20 % de la cifra total. De acuerdo con un informe ^[18] de Public Verdict, un grupo de derechos humanos en Moscú, en 20 años de afiliación, los jueces del TEDH tomaron 2013 decisiones con respecto a Rusia, imponiendo un total de 1900 millones de euros (2100 millones USD) en compensaciones. Esto sugiere que permanecer en el CdE no es exactamente una victoria para el Kremlin, mas bien una concesión.

En lugar de discutir la importancia simbólica de mantener las sanciones contra Rusia en APCE y realizar esfuerzos significativos para ese fin, los que estén interesados en obligar a las autoridades rusas acaten la ley internacional deberían, en cambio, enfocarse en encontrar otras maneras e instrumentos más efectivos para asegurarse de ello, el grupo de acción de defensores de los derechos humanos rusos y el consejo del Foro de la Sociedad Civil de la Unión Europea y Rusia creen.

Las organizaciones declararon que todas las partes interesadas «deberían utilizar activamente la afiliación continua de Rusia en el Consejo de Europa como una oportunidad para ejercer una presión más fuerte sobre Rusia para asegurar la implementación de sus obligaciones». Las organizaciones proponen que se desarrollen mecanismos nuevos y más intensos para intervenir con respecto a las violaciones de la ley internacional cometidas por Rusia, que deberían aplicarse en el Consejo de Europa, particularmente en lo que concierne a Crimea y Donbas.

El desentendimiento o la falta de entusiasmo de Rusia y algunos otros estados miembros por los valores de derechos humanos inquieta a los políticos europeos de la vieja escuela, como también a Anne Brasseur. «No se trata del país, se trata de proteger a los ciudadanos de esos 47 estados miembros, donde cada ciudadano debe tener la garantía de gozar las libertades fundamentales: tener libertad de expresión, libertad de los medios, libertad de asociación. Y el Consejo de Europa es realmente el organismo que garantiza esas libertades fundamentales», Brasseur comentó ^[10].

Ante las inquietudes generadas por el debilitamiento de la normativa del Consejo, los defensores de los derechos humanos exigen se realice una revisión crítica y una renovación de los recursos del Consejo para abordar las violaciones graves y sistemáticas de las normas de la organización cometidas por los estados miembros. Implementar la propuesta del Comité de Ministros de desarrollar un nuevo procedimiento para brindar una respuesta coordinada a tales situaciones, sería mucho mejor y más efectivo que las sanciones simbólicas existentes dentro de APCE, señalaron. Tal procedimiento debería incluir la posibilidad de suspender o expulsar a un estado miembro.

Desarrollar tales rutas de acción demostraría que APCE no solo recurrió a una solución táctica a corto plazo para solucionar la crisis, sino que está trabajando en una estrategia a largo plazo para responder ante las violaciones cometidas por Rusia y, potencialmente, por cualquier otro estado miembro, piensan los signatarios.