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Mientras Sudán hace la transición a la democracia, reformas urgentes deben abordar la disinformación

Manifestantes sudaneses se reúnen frente a edificios gubernamentales en Jartum, Sudán, para celebrar la suscripción final del Proyecto de Declaración Constitucional entre representantes militares y civiles, 19 de agosto de 2019. Foto de Voice of America, dominio público vía Wikimedia Commons.

En 2017, ‘noticias falsas‘ fue el término palabra del año por una razón. La proliferación de campañas de desinformación en línea llegó a los titulares internacionales. Y la difusión de información equivocada y desinformación no es nueva y ha existido desde antes de la llegada de internet.

Sudán, país que inicia una transición de tres años hacia un gobierno civil y democrático luego de una gran revolución que derrocó al longevo régimen de Omar al-Bashir, no es la excepción. Mientras Sudán hace la transición a la democracia, debe enfrentar el legado del antiguo régimen de tácticas de desinformación y límites a la libertad de expresión a través de reformas legales urgentes.

Tácticas de desinformación gubernamentales

En Sudán, las campañas de desinformación auspiciadas por el Gobierno han impactado a los sudaneses, con el objetivo de manipular y explotar su percepción, ya sea para defender las políticas y figuras del régimen o para atacar a los manifestantes y partidos políticos de oposición.

El Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad de Sudán maneja la llamada Unidad Ciberyihadista, establecida en 2011. Según el informe de la Libertad en la Red 2014, las tareas de la unidad incluían “infiltrar discusiones en línea en un esfuerzo de determinar información sobre los ciberdisidentes y difundir desinformación”. La desinformación auspiciada por el Gobierno abundó particularmente en las protestas de 2019 que pedían poner fin al régimen de al-Bashir y las protestas que exigían un gobierno civil de transición tras su destitución del poder.

Más sobre información equivocada y desinformación durante las protestas en Sudán

Durante las recientes protestas contra el Gobierno que buscaban poner fin al gobierno militar, periodistas y activistas documentaron varios casos de información equivocada y desinformación, como fotos manipuladas, campañas de desinformación con auspicio gubernamental y hasta cuentas falsas en Instagram que se apropiaron de las donaciones y la solidaridad durante la revolución.

El régimen coordinó con la empresa rusa M-invest para difundir rumores y noticias falsas sobre protestas antigubernamentales. Según documentos revisados por CNN, la empresa sugirió difundir noticias falsas de que los “manifestantes estaban atacando mezquitas y hospitales”. La empresa propuso una campaña de medios sociales que afirma que “Israel apoya a los manifestantes”. Sudán no tiene relaciones diplomáticas con Israel y ha luchado al lado de otros países árabes en las guerra árabe-israelíes de 1948 y 1967.

También sugirieron “plantar banderas LGBT”, que podría haber puesto en serio peligro la seguridad de manifestantes y activistas por la homosexualidad es ilegal en Sudán y además se castiga con la muerte.

Milicias de guerra como las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y líderes militares también lanzaron y orquestaron propaganda y campañas de desinformación. Días después de que fuerzas de seguridad y militares dispersaron el plantón del 3 de junio que pedía un gobierno civil, una empresa egipcia llamada New Waves inició una campaña de influencia con la finaliad de presentar y ofrecer una buena imagen de las milicias de RSF y sus líderes.

Más de cien manifestantes murieron como resultado de la represión en el plantón, que luego fue concocido como la masacre de Jartum.

Criminalización de noticias “falsas”: Amenaza a la libertad de expresión y libertad de prensa

El anterior régimen sudanés emprendió sus propias campañas para desinformar al público y atacar a críticos para restringir la libertad de expresión y la libertad de prensa bajo el pretexto de combatir los rumores o la información falsa.

El artículo 87 del capítulo 12 de la ley de telecomunicaciones y regulación postal de 2018 establece una sanción que no exceda de cinco años de prisión, una multa, o ambos para los condenados a difundir rumores considerados dañinos a la seguridad del estado.

El artículo 66 de la ley penal sudanesa de 1991 establece:

Whoever circulates, propagates any news, rumor or report which he knows to be false with intent to cause fear or alarm to the public or threat to public peace or undermine the respect of the State shall be punished with imprisonment for a term which may not exceed six months or with fine or with both”.

Quien circule, propague noticias, rumores o informes que sepa que son falsos con la intención de causar temor o alarma al público o amenazar la paz pública para minar el respeto del Estado será castigado con prisión por un término de seis meses o una multa o ambos.

En julio de 2018, el Parlamento sudanés aprobó un proyecto de ley de ciberdelito que establece sanciones de hasta un año de cárcel contra quienes resulten condenados de difundir “noticias falsas” y rumores. Según el grupo beirutí de derechos digitales Social Media Exchange (SMEX):

Article 23 of the new Cybercrimes Law imposes sanctions such as “imprisonment for less than one year, flogging, or paying a fine” for “anyone who uses the internet, or any means of communications, information or applications to disseminate any news, rumor or report, knowing it’s fake, to cause public fear or panic, threaten public safety and offence the reputation of the State“.

El artículo 23 de la nueva ley de ciberdelitos impone sanciones como “prisión por menos de un año, flagelación y pago de multa” para “todo aquel que use internet o cualquier medio de comunicación, información o aplicaciones para difundir noticias, rumor o informe sabiendo que es falso para causar temor o pánico público, amenazar la seguridad pública y ofender la reputación del Estado“.

La ley esperaba la aprobación final antes de la destitución del régimen. Se espera que un consejo legislativo de transición entre en vigencia para poner en vigencia nuevas leyes y derogar las anteriores.

Estas disposiciones legales se aprobaron para contener las “noticias falsas” en Sudán, pero amenazan la libertad de prensa y la libertad de expresión.

La imprecisión y oscuridad en la redacción y términos de estas leyes deja la puerta entreabierta intencionalmente para interpretaciones sesgadas. Por ejemplo, “minar el respeto del Estado”, “amenazar la paz pública” y “amenazar la seguridad del estado” son términos imprecisos que se pueden usar fácilmente para silenciar a críticos y periodistas.

En agosto de 2019, las autoridades condenaron a la periodista Suhair Abdelraheem de “difundir noticias falsas” por “escribir un artículo sarcástico sobre la policía sudanesa”. En su artículo de opinión piece, Abdelraheem criticó a la policía por su falta de acción contra quienes roban fondos públicos y los involucrados en casos de corrupción. La multaron con 150 dólares y a su periódico se le obligó a pagar una multa de 250 dólares.

Verificación de datos para contrarrestar información equivocada y desinformación: ¿Son suficientes?

Para contrarrestar información equivocada y desinformación, parte de la solución está en esfuerzos descentralizados de verificación de datos. En Sudán, el periodista Wasil Ali ha trabajado activamente para desmentir las noticias falsas. A inicios de septiembre, desmintió una noticia viral falsa sober planes de Lufthansa Airlines de empezar a ofrecer vuelos a Jartum. En algunos casos, la policía sudanesa también ha recuirrido a los medios para desmentir noticias totalmente inventadas, como la noticia viral que afirmaba que el actual diseño dele pasaporte sudanés se cancelaría o cambiaría.

Karrib, plataforma de verificación de datos sudanesa que depende de financiamiento colectivo para enviar denuncias de noticias falsas e inventadas y verificarlas, también contrarrestó información equivocada y desinformación durante la revolución. Aunque depende de financiamiento colectivo, los moderadores aún tienen influencia en la decisión final. La plataforma no usa anuncios y tiene una sección de comentarios para que los lectores expresen sus opiniones sobre cada denuncia publicada.

Derecho a rectificar en la legislación sudanesa

El artículo 27 de la ley de prensa y publicaciones de 2009 establece el “derecho de corregir y rectificar” bajo el cual periódicos y otras formas de publicaciones deben publicar una “rectificación de hechos o afirmaciones que han causado perjuicio”, cuando los “agraviados lo solicitan”. Aunque esta medida permite a los afectados por la información equivocada y desinformación corregir la información publicada sobre ellos, siguen siendo una medida inadecuada para contrarrestar la difusión de esa información en línea.

Aunque las inciativas de verificación de datos son un importante componente en la lucha contra la información equivocada y desinformación, no son suficientes al no haber un ambiente que permita la libertad de presa y la libertad de información.

El gobierno de transición de Sudán prestó juramento en septiembre y deberá tomar medidas para crear las condiciones para recurrir a las leyes actuales para permtir a las autoridades a encarcelar personas por supuestamente publicar rumores y noticias falsas. El Gobierno también puede crear mejores condiciones para promover la libertad de prensa, mejorar la transparencia y hacer que a periodistas y ciudadanos les sea más fácil enviar solicitudes de libertad de información.

Estas reformas harán posible que periodistas, blogueros y organizaciones de medios busquen y publiquen la verdad.

Sin embargo, ante la tarea de reconstruir la economía, poner fin a los conflictos internos y manejar las asutos cotidianos del país hasta que se complete la transición a un mandato civil pleno, aún no está claro si el Gobierno dará prioridad a esas reformas.

Sudán está en transición a la democracia, y demorar estas reformas podría poner en grave peligro al proceso.

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