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La exhumación del dictador Francisco Franco enciende de nuevo el debate en España

El pasado 28 de septiembre, el Tribunal Supremo español avaló por unanimidad la proposición no de ley aprobada en mayo de 2017 por el Parlamento, dando así vía libre a que los restos del dictador Francisco Franco sean exhumados de la basílica del Valle de los Caídos. El gobierno ha propuesto su traslado al cementerio del Pardo, donde la familia posee una capilla con cripta en la que está enterrada la esposa del dictador, Carmen Polo.

El monumental mausoleo del Valle de los Caídos

La gigantesca basílica, coronada por una cruz de 150 metros, está situada en el valle de Cuelgamuros, cerca de Madrid. Se construyó tras acabar la guerra civil española y las obras duraron 18 años. En sus criptas, excavadas en la roca de la montaña, fueron depositados los restos de 33 872 combatientes de ambos bandos, lo que convierte a esta basílica en la mayor fosa común del país.

Traslado de los restos de combatientes de la Guerra Civil. Captura de un vídeo de EiTB en YouTube.

En su construcción trabajaron unos 20 000 presos políticos —algunos de ellos voluntarios, ya que redimían condena— en condiciones infrahumanas, sometidos a la disciplina de un campo de concentración. Los restos que reposan en sus columbarios se trasladaron en muchos casos sin conocimiento de las familias, que en ocasiones tardaron años en averiguar que sus seres queridos ya no se encontraban en el lugar que ellos pensaban.

La basílica está gestionada por una comunidad de monjes benedictinos, que ocupan la abadía ubicada en el complejo.

Obstáculos para la exhumación

El 20 de noviembre de 1975 murió Franco. Aunque el dictador nunca expresó deseo alguno de ser enterrado en Cuelgamuros, las autoridades decidieron inhumarlo allí solo dos semanas antes de su fallecimiento, forzando la ejecución de unas obras que se realizaron en tiempo récord.

Pero Franco no quería ser enterrado en el Valle de los Caídos —ya que este monumento se había concebido como lugar de reposo de personas muertas en la Guerra Civil—, sino en el cementerio del Pardo. Así se lo hizo saber a su primo, Francisco Franco Salgado-Araújo, deseo que este plasmó en el libro «Mis conversaciones con Franco».

Sus nietos siempre se han opuesto a la exhumación del dictador, apelando a la libertad de las familias para enterrar a sus difuntos donde deseen, e incluso amenazaron con trasladar a su abuelo a la cripta que la familia posee en la catedral de la Almudena, en pleno centro de Madrid, donde reposan los restos de su hija y su yerno. El Gobierno español recurrió a la Iglesia católica, que pese a no simpatizar con la idea, declaró no ser competente para prohibir esta inhumación, ya que la cripta es privada.

Otro escollo para la exhumación lo ha representado el prior de la comunidad benedictina, de conocidas tendencias ultraconservadoras, que se ha mostrado contrario a cualquier intervención de este tipo. Además, el juez José Yusty paralizó la concesión de la licencia urbanística mientras se investiga qué riesgos existen, como se solicitaba en la «demanda de un particular».

La sentencia que despeja el camino

Valle de Cuelgamuros, con la basílica y la monumental cruz del Valle de los Caídos. Foto de Wikimedia Commons, con licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 No Portada (CC BY-SA 3.0).

El Tribunal Supremo, al que apelaron los herederos del dictador, ha resuelto de un plumazo todos estos obstáculos. En su sentencia, el tribunal niega a la familia el permiso de enterrar al dictador en la catedral de Madrid, alegando el riesgo de que la tumba se convierta «en un símbolo de la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión de la Dictadura». También avala la decisión del gobierno de enterrar a Franco en el cementerio del Pardo porque «se tomó una vez expirado el plazo dado a los nietos para ofrecer otro destino» y recalca que «los recurrentes no han dicho por qué no están de acuerdo con que los restos de su abuelo reposen donde yacen los de su abuela».

La resolución afirma que la exhumación «no está movida por ningún propósito antirreligioso sino por la significación extrarreligiosa del monumento», con lo que desestima la oposición del prior. Asimismo, sostiene que los trabajos no constituyen una obra mayor, por lo que no necesita licencia municipal, soslayando de esta forma las trabas del juez Yusty.

Reacciones

Los partidos de derecha, Partido Popular (PP) y Ciudadanos, coinciden en decir que no invertirían ni un euro en la exhumación, soslayando el hecho de que el mantenimiento anual del mausoleo cuesta 1,8 millones de euros al erario público. Los partidos de izquierda se han felicitado por el final de un contencioso de años, mientras que la extrema derecha ha reaccionado con enorme indignación.

Eduardo Moreno, autoproclamado portavoz del grupo de ultraderecha «Movimiento por España» llegó a decir que «el tiempo que tarde Franco en salir del Valle de los Caídos, es el que le queda de vida al que lo saque», mientras que la asociación de extrema derecha ADÑ ha convocado movilizaciones de protesta.

En una sesión de control de la Asamblea de Madrid, la presidenta de esta comunidad, Isabel Díaz Ayuso, del PP, que se mantiene en el gobierno madrileño gracias a los ultraderechistas de Vox, contestó así a la interpelación de Rocío Monasterio, portavoz de dicho partido:

¿Y qué será lo siguiente? ¿La cruz del Valle? ¿Todo el Valle? ¿Las parroquias del barrio arderán como en el 36?

En el otro extremo, los tuiteros han celebrado con innumerables memes y chistes la resolución del Tribunal Supremo:

La familia ha anunciado que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Constitucional, e incluso estudia apelar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estos trámites podrían retrasar de nuevo la exhumación, que el gobierno desea llevar a cabo antes de que comience la campaña para las elecciones generales del próximo 10 de noviembre.

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