Cuando Tursynbek Kabiuly llegó a Kazajstán en febrero, tras una ausencia de 17 meses impuesta por las autoridades chinas, pudo ver la alegría en la cara de su esposa Oralkhan.
Pero a menos que ella hablara en voz alta, él apenas podía oírla.
Kabiuly, ciudadano de etnia kazaja del condado de Emin, en Xinjiang, el noroeste de China, dice que debe el tímpano reventado de su oído derecho a un guardia del centro de detención de la policía, donde fue retenido arbitrariamente durante seis días en 2018 con mínimos alimentos y agua.
Durante un recorrido al baño, Kabiuly sorbió agua de un grifo para saciar su sed. El guardia que lo esperaba afuera perdió los estribos y golpeó a Kabiuly en la cabeza con tanta fuerza que su oreja sangró por el dolor.
«Si me hubiera quejado a sus superiores, mi situación habría empeorado mucho, muy rápidamente», dijo Kabiuly a Eurasianet.
Kabiuly es uno de los nueve exdetenidos de Xinjiang a los que se les han diagnosticado y tratado problemas de salud en una clínica privada en la mayor ciudad de Kazajstán, Almaty, tras su liberación de China.
Las visitas son el resultado de una campaña de financiación colectiva organizada por el investigador ruso-estadounidense Gene Bunin y una organización kazaja de derechos humanos, la Iniciativa Jurídica Internacional (ILI, por su nombre en inglés).
El audífono de 500 dólares que el proyecto de financiación colectiva compró para Kabiuly es uno de los desembolsos más caros de la campaña de financiación que recaudó 6000 dólares y que ahora ha iniciado una nueva convocatoria. Al menos otro exdetenido que denunció golpes similares en la cabeza durante el encarcelamiento tenía pérdida de audición que no pudo ser tratada.
«Es como un regalo de Dios», dijo Kabiuly sobre el auricular. «Siento que estoy volviendo a ser yo mismo».
La pesadilla de Kabiuly en Xinjiang comenzó en septiembre de 2017 después de que viajó a Emin desde Kazajstán, donde había presentado los papeles de nacionalidad para asistir al funeral de un pariente.
El viaje coincidió con una intensificación de las medidas de seguridad en la región que comenzó con la confiscación de millones de pasaportes pertenecientes a minorías turcas y musulmanas.
A finales de 2017, Xinjiang se había transformado en un estado policial futurista, con centros de internamiento destinados a la «reeducación» de los ciudadanos de las minorías.
El regreso de Kabiuly en febrero de este año se produjo tras una declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de Kazajstán en la que se afirmaba que China había permitido que más de 2000 personas de etnia kazaja cruzaran a Kazajstán como un «gesto amable».
La directora de la ILI, Aina Shormonbayeva, dice que más de cien de las 162 personas cuyos casos planteó su organización ante el Ministerio de Asuntos Exteriores y otros grupos internacionales de defensa, han regresado a su patria histórica.
Muchos como Kabiuly habían iniciado el proceso de solicitud de la nacionalidad kazaja y tienen familiares directos que son titulares de un pasaporte kazajo.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, que se ha movido con delicadeza en torno a la cuestión hipersensible de Xinjiang, no ha proporcionado detalles que corroboren su cifra de repatriados, que es mucho mayor.
Durante su estancia en Xinjiang, Kabiuly fue testigo de muchas muestras de los horrores que el Estado chino ha infligido a los ciudadanos que no son de la etnia han en su intento por reformar la vida allí.
Él nunca vivió en ninguno de los campos de internamiento, a diferencia de su suegra.
Cuando Oralkhan y sus hijos solicitaron la liberación de Kabiuly de China y la de su madre del campamento, Kabiuly y su cuñado se vieron sometidos a una vigilancia constante y a controles periódicos por parte de las autoridades.
Bajo esta presión, el hermano de Oralkhan se suicidó meses antes de que su madre fuera liberada del campamento.
Kabiuly envió un mensaje a Oralkhan, informándole de su intención de divorciarse de ella –mensaje que ella rechazó inmediatamente por haberse enviado bajo coacción.
En un momento de esta campaña de intimidación, Kabiuly dijo a Eurasianet que las autoridades de Emin le obligaron a desfigurar varias lápidas familiares.
A Kabiuly no se le dio ninguna razón oficial para su breve pero desgarradora detención el pasado septiembre.
Pero fueron sus vínculos con Kazajstán (el socio económico más cercano de China en Asia Central) los que fueron objeto de interrogatorios consecutivos.
«Me dijeron que Kazajistán estaba en una lista de países con terrorismo. Pero yo creo que China es el país terrorista. ¿Cómo puede un Gobierno que trata a los ciudadanos como ganado hablar de terrorismo?», se preguntó.
Los donantes al proyecto de ayuda médica han sido típicamente las mismas personas que han donado a la base de datos de Bunin sobre víctimas de Xinjiang, registro en línea que se compone de más de 5000 testimonios de personas que han sido víctimas de la represión en Xinjiang.
Bunin dice que el proyecto se ha centrado en los retornados cuyos problemas médicos requieren atención especializada.
«Un detenido tiene un quiste cerebral que podría necesitar ser extirpado. Sin embargo, dependiendo del coste de esa operación, puede que no sea algo que podamos financiar», dijo a Eurasianet.
Una de las áreas que el esfuerzo de financiación colectiva todavía no ha tocado es la salud mental, donde los ex detenidos y sus familiares hablan de necesidades urgentes.
Kabiuly dice que su principal prioridad después de recuperar la audición es reconstruir su masa muscular para poder conseguir los trabajos de construcción que realizaba antes de una temporada físicamente costosa y agotadora en Xinjiang.
Pero Oralkhan le dijo a Eurasianet que su esposo es ahora más retraído que el hombre que fue a Xinjiang en 2017, y que es propenso a esconder teléfonos móviles en rincones alejados de la casa cuando llegan invitados, por temor a que los chinos escuchen a escondidas.
«Hemos recibido algunas llamadas extrañas en casa, y estoy preocupado por nuestros hijos», explicó Kabiuly.
«Ahora estoy mejorando con los teléfonos», dijo sonriendo mientras miraba un teléfono inteligente sobre la mesa.
Shormonbayeva elogia al Ministerio de Asuntos Exteriores por su trabajo en el retorno de las personas de etnia kazaja abandonadas en Xinjiang, pero critica la extrema cautela del Gobierno sobre Xinjiang, que ha visto que Kazajstán no participa en la condena internacional de las políticas de Pekín en la zoma.
Esta posición limita la capacidad del Estado para involucrarse en los esfuerzos de rehabilitación de las víctimas. Y representa un marcado contraste con su labor de reintegración de las mujeres y niños que regresaron de la guerra en Siria, que, según el Ministerio de Asuntos Exteriores, se beneficiarán de la atención médica y psicológica especializada financiada por el Estado.
«Los kazajos de China ya se enfrentan a desafíos lingüísticos porque no hablan ruso, y a dificultades burocráticas para obtener la nacionalidad y encontrar trabajo», dijo Shormonbayeva.
«Pero muchos kazajos que acaban de llegar son víctimas de torturas y padecen traumas psicológicos. Las autoridades no los clasifican como víctimas».