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Gobierno de Zimbabue sigue convirtiendo en arma la información en línea para controlar participación ciudadana

Manifestantes piden la destitución del entonces presidente Robert Mugabe (ya fallecido) del poder, 18 de noviembre de 2017. Foto en Flickr del usuario Zimbabwean-eyes (dominio público).

En la madrugada del 15 de noviembre de 2017, los zimbabuenses se despertaron con la noticia de quien era el hombre fuerte, el ya desaparecido Robert Mugabe, había sido depuesto en un golpe de estado y estaba bajo arresto domiciliario con su familia en la residencia presidencial, la Casa del Estado.

El general Sibusiso Moyo, ahora ministro de Asuntos Exteriores, anunció en televisión estatal que el presidente estaba a salvo en custodia estatal y que la “situación pasó a otro nivel”.

Casi inmediatamente después del anuncio del general Moyo, los zimbabuenses recurrieron a los medios sociales –sobre todo WhatsApp, Twitter y Facebook– para obtener información actualizada sobre la situación. Esta nueva popularidad de los medios sociales para acceder a la información y movilizar las protestas se dio por primera vez entre los zimbabuenses, cuando los manifestantes salieron a las calles y ayudaron a expulsar a Mugabe de su cargo.

El nuevo gobierno, encabezado por Emmerson Dambudzo Mnangagwa, se dio cuenta del poder de los medios sociales. En su calidad de exministro de Seguridad del Estado, Mnangagwa también apreció la importancia y el valor de la desinformación en el terreno político de Zimbabue.

En marzo de 2018, en una acción calculada para consolidar el nuevo poder político y asegurar una victoria electoral durante las elecciones presidenciales y legislativas programadas para 2020, Mnangagwa instruyó a la liga juvenil de su partido gobernante, Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU PF), a que “entrara a los medios sociales y en el firmamento en línea y golpeara al oponente”.

En Zimbabue post Mugabe, esto ha exacerbado una crisis de información equivocada y desinformación, y dejado a los zimbabuenses con pocas fuentes de información creíbles y precisas para mantenerse informados sobre la transición del país y las protestas contra el Gobierno.

Mientras que el nuevo gobierno denunció “noticias falsas” sobre toda noticia difundida en los medios sociales que consideraba que amenazaba a la situación del país, también mostró tácticas destinadas a engañar al público sobre su manejo de las protestas antigubernamentales.

El flagelo de la libre expresión en línea

En los últimos años, Zimbabue ha tenido un significativo aumento en el uso de internet móvil y medios de comunicación social. La tasa de penetración de internet aumentó en un 41,1 %, del 11 % de la población al 52,1 % entre 2010 y 2018, mientras que la penetración de la telefonía móvil aumentó en un 43,8 %, del 58,8 % al 102,7 % durante el mismo período. Esto significa que la mitad de la población está ahora conectada a internet, en comparación con sólo el 11 % en 2010.

Sin embargo, la información equivocada y la desinformación han encontrado un terreno fértil para prosperar por varios factores: polarización extrema en los medios de comunicación, controles gubernamentales propuestos sobre los medios sociales, métodos de comunicación oficiales deficientes y baja alfabetización digital entre los usuarios de Internet.

Durante las protestas contra el Gobierno de enero de 2019, cuando las fuerzas de seguridad del Estado arrestaron y golpearon a cientos de manifestantes, noticias de estas medidas de represión enfrentaron afirmaciones del Gobierno de ser “noticias falsas” o una negación absoluta. El Gobierno restringió el acceso a los servicios de internet para interrumpir el flujo de información, lo que contribuyó a confusión generalizada. También recurrieron a la información equivocada pública sobre las protestas y desacreditaron cualquier información o reportaje verídico como “noticia falsa”.

En Zimbabue, los ciudadanos suelen considerar las declaraciones generales de los ministros como una política oficial. Por ejemplo, el viceministro de Información, Mutodi, intentó convencer a la gente de que todo era normal y de que los videos e imágenes de las militares que patrullaban las calles eran obra de “unos pocos delincuentes”. Mutodi indujo a error a la nación cuando afirmó en televisión estatal que no había apagón de internet, sino que la red estaba “congestionada”.

En otro caso de presunta posible desinformación autorizada por el Gobierno, millones de personas quedaron aisladas de medios sociales durante las protestas de enero. Otros descargaron aplicaciones de la red privada virtual (VPN) para mantenerse informados, pero circularon mensajes que decían que la descarga de esas aplicaciones llevaría a arrestos, lo que creó más pánico y aprensión.

En marzo de 2019, cuando Human Rights Watch (HRW) denunció en Twitter el uso por parte del Gobierno de la “horrible violencia” durante las protestas de enero de 2019, los partidarios del Gobierno se lanzaron a Twitter para desacreditar y atacar a HRW.

Un usuario tuiteó que la organización está ”difundiendo descaradas’ mentiras’ y describió a HRW como “organización neocolonial… contratada para difamar a países inocentes para impulsar los objetivos hegemónicos de Estados Unidos”. Otro repitió las afirmaciones gubernamentales y atribuyó la violencia a “elementos renegados que intentan destruir la imagen del presidente”.

Y la desinformación sobre las políticas del Gobierno y otros hechos de interés público ha ido mucho más allá de las protestas de enero.

Más recientemente, miembros del partido gobernante ZANU PF usaron Twitter para desinformar al público sobre la desaparición del doctor Peter Magombey, presidente interino de la Asociación de Médicos Hospitalarios de Zimbabue (ZHDA). Fue secuestrado el 14 de septiembre de 2019, tras el anuncio de una huelga en el sector salud. El secretario de asuntos de la juventud de la ZANU PF describió a Magombey como un “bufón” y una “vergüenza para la profesión”. Un relato bajo el nombre de ZANU PF Patriots decía que su secuestro era “falso”. Otros difundieron falsas afirmaciones de que los médicos “mataron a muchos pacientes” a causa de la huelga, incluidas más de 500 personas en un hospital.

Enigma histórico de Zimbabue

El control de los medios de comunicación en Zimbabue tiene su origen en políticas coloniales del siglo XX, que se vieron afectadas por la dominación violenta a la autoridad política. El gobierno de Rodesia bajo el mando de Ian Smith valoró la propaganda y el control centralizado de la información como arma de elección, no solamente para respaldar la percibida legitimidad del régimen, sino también para difundir la desinformación sobre la guerra.

El gobierno colonial aprobó muchas leyes para suprimir la libertad de expresión o la disidencia contra las políticas racistas de Smith y las aplicó brutalmente para atacar a los líderes de la liberación. Los bloqueos de información eran la norma desde antes de la independencia en 1980, y esto marcó el tono del Gobierno en términos de políticas de comunicación y gestión de los medios de comunicación en los años siguientes.

Como escribió la destacada periodista y escritora Heidi Holland, ya fallecida, en su aclamada biografía “Cena con Mugabe: Historia no contada de un luchador de la libertad que se convirtió en tirano”:

So many in ZANU PF's hierarchy have lived with similar appalling violence woven into everyday life as if it were normal. The bush war, or Second Chimurenga, has never really ended in Zimbabwe.

Muchos en la jerarquía de ZANU PF han vivido con similar atroz violencia enquistada en la vida diaria como si fuera normal. La guerra civiil, o segunda chimurenga, nunca terminó realmente en Zimbabue.

Hoy, Mnangagwa continúa este legado, reprime voces de sus críticos a través de tácticas de desinformación en línea y bloqueos de internet.

Este artículo es parte de una serie de publicaciones que analizan la interferencia con derechos digitales con métodos como cierres de red y desinformación durante acontecimientos políticos claves en siete países africanos: Argelia, Etiopía, Mozambique, Nigeria, Túnez, Uganda y Zimbabue.  El proyecto tiene la financiación del Fondo de Derechos Digitales de África de la Colaboración Internacional de Políticas de Tecnologías de la Información y la Comunicación para África Oriental y del Sur (CIPESA).

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