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Censura en internet en Sudán: Reflexión sobre leyes y tácticas que sirvieron a un régimen autoritario

Mujer internamente desplazada en un autobús de vuelta a su aldea en el norte de Darfur. Fotografía de Albert Gonzalez Farran a través de Naciones Unidas/Flickr.

Durante más de 30 años, el régimen militar de Omar al-Bashir gobernó y controló a Sudán hasta que fue derrocado por una revolución en abril de 2019. Lo que comenzó como una protesta contra el aumento del precio del pan se convirtió en un movimiento contra el régimen de Bashir, que cometió crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio en Darfur. El régimen utilizó con frecuencia leyes y tácticas para silenciar y oprimir a los opositores, como la censura sistemática en internet.

Actualmente, mientras Sudán se ha embarcado en un periodo de tres años para avanzar hacia la democracia y un gobierno civil, las autoridades de transición deben tomar medidas para garantizar la libertad en internet y romper los vínculos con las prácticas y políticas de censura del régimen anterior.

Estas autoridades ya han dado algunos pequeños pasos destinados a mejorar las condiciones para la libertad en internet, como, por ejemplo, retirar el poder de regulación a los militares y asumir el compromiso de liberar la prensa. Sin embargo, estas medidas no son suficientes.

Cambios en la función de ente regulador

En septiembre de 2019, el Consejo Soberano de Sudán, que asumió en agosto como parte de un acuerdo de participación en el poder para dirigir la transición de tres años hacia un gobierno civil, emitió un decreto que ubica al ente regulador de correos y telecomunicaciones bajo la subordinación del Consejo en lugar del Ministerio de Defensa.

El cambio es un paso positivo hacia el logro de la independencia del ente regulador respecto al pleno control de las autoridades militares, ya que seis de los once miembros del Consejo son civiles. Cinco de esos civiles provienen de las Fuerzas de la Libertad y el Cambio, coalición política que representa a los manifestantes.

Sin embargo, aún no se han modificado las leyes ni las políticas bajo las que opera el ente regulador. Ciertamente, ha sido un actor central tanto en la toma de decisiones sobre las políticas de censura y el sistema de filtrado y bloqueo de contenidos del anterior régimen, como en su aplicación.

Según un documento en el que se explican las prácticas ejercidas por el ente regulador para filtrar contenidos, el 95 % de todos los materiales prohibidos es contenido pornográfico, mientras que el resto se relaciona con “drogas, bombas, alcohol, insultos contra el Islam y juegos de azar”. No obstante, la falta de una definición precisa de estas categorías deja la puerta abierta para que quienes detentan el poder decidan qué contenidos bloquear.

La llamada “Unidad de Filtrado” del ente regulador también ofrece un formulario que permite a los usuarios enviar solicitudes para bloquear o desbloquear determinados sitios o páginas web. Estas decisiones se toman sin orden judicial y la autoridad reguladora explica que en esta unidad se atienden las solicitudes de manera “seria y expeditiva” antes de enviarse las órdenes a los proveedores de servicios de internet.

Para filtrar y bloquear contenidos, el régimen utilizaba tecnologías importadas de manera subrepticia desde el extranjero. Por ejemplo, un informe de 2013 titulado “Algunos dispositivos deambulan por error” de Citizen Lab, laboratorio interdisciplinario con sede en Toronto que estudia el control de la información y el filtrado de contenidos, concluye que Sudán fue uno de los 83 países que instaló los dispositivos ProxySG y PacketShaper de Blue Coat en las redes públicas.

Según Citizen Lab, estos dispositivos “pueden utilizarse para asegurar y mantener redes, pero también para aplicar restricciones políticas al acceso a la información y para vigilar y registrar comunicaciones privadas”.

“Nunca más”: el primer ministro se compromete con la libertad de prensa y de medios de comunicación

En otro paso positivo, el primer ministro Abdalla Hamdok firmó el Compromiso Mundial en Defensa de la Libertad de los Medios de Comunicación y afirmó que “en el nuevo Sudán, nunca más se reprimirá o encarcelará a un periodista”, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en 2019:

“Nunca más, en el nuevo Sudán, un periodista será reprimido o encarcelado”. Primer ministro Hamdok de Sudán habla en la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que Sudán firmó el Compromiso Mundial en Defensa de la Libertad de los Medios de Comunicación.

Durante el régimen de Bashir, los periódicos impresos que sufrían prácticas represivas encontraron un alivio en internet. En un informe de 2017 elaborado por France 24 se señalaba que “alrededor de una docena de periódicos digitales había emergido solo durante el año anterior mientras agentes del poderoso Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad continuaban confiscando tiradas completas de periódicos por artículos contrarios al régimen del presidente Omar al-Bashir”.

Sin embargo, las autoridades también atacaron a los periódicos en línea, a menudo, mediante el bloqueo de su sitio web sin una orden judicial.

Por ejemplo, durante las protestas contra el régimen que tuvieron lugar en junio de 2012, las autoridades bloquearon el acceso a estos tres periódicos digitales sin proceso judicial: Hurriyat Sudan, Sudanese Online y al-Rakoba. En ese momento, el Sudan Tribune informó que el gobernante Partido del Congreso Nacional había acusado a “algunos sitios web de iniciar una campaña para tergiversar la imagen del país en colaboración con los partidos de la oposición y de Estados Unidos“. Luego, el acceso a los periódicos en línea fue desbloqueado. Sin embargo, el Hurriyat Sudan dejó de publicarse en abril de 2018 por falta de fondos.

Leyes imprecisas, interpretaciones

Para hacer cumplir y aplicar las políticas de censura, las autoridades del régimen anterior recurrieron a leyes ambiguas que daban lugar a tergiversaciones.

El derecho a la libertad de expresión es reconocido internacionalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, que se celebró en 2003 en Ginebra (Suiza) y en 2005, en Túnez, República de Túnez reafirmó “como fundamento esencial de la sociedad de la información” que “toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; que este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión” como se describe en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Los artículos 14 a 17 de la Ley de Ciberdelincuencia de 2007 tipifican como delito la difusión de contenido que se considere como un quebrantamiento del “orden público, la moral, las creencias religiosas o la vida privada y la difamación a través de internet”. A pesar de que la ley establecía las sanciones, con penas de hasta cinco años de prisión, multas o ambas, las definiciones eran ambiguas y poco claras, lo que permitió el abuso por parte de las autoridades.

El artículo 25 confiere a la Corte el derecho a confiscar “hardware, software o medios utilizados para la comisión de cualquiera de los delitos previstos en la presente Ley y los fondos provenientes de ellos”.

El régimen de Bashir utilizó estas leyes para restringir el contenido digital y atacar los sitios web de periódicos y noticias, y las actividades en línea y redes sociales de los ciudadanos.

Un informe de 2018 del Centro Africano de Estudios sobre Justicia y Paz documentó “cuatro incidentes donde cuatro ciudadanos sudaneses habían sido acusados de difamación en virtud de la Ley de Ciberdelincuencia (2007) y la Ley Penal (1991), y de atentar contra el orden público y la moral conforme a la Ley de Ciberdelincuencia a causa de declaraciones compartidas a través de plataformas de redes sociales”. El informe destaca el caso de Saad Ahmed Fadul, acusada en abril de 2018 en virtud de la Ley de Ciberdelincuencia por “difundir un video por WhatsApp en el que narraba cómo había sido despedida de una empresa de comunicaciones de Sudán y reemplazada por Hind Abdalla Hassan Albashir, sobrina del [entonces] presidente Al Bashir”. Fue acusada de extorsión y amenaza, perturbación del orden público y la moral, y violación de creencias religiosas o la vida privada.

Próximos pasos hacia la libertad en internet

El compromiso público del primer ministro Hamdok respecto a la libertad de prensa y el decreto del Consejo Soberano para reducir la influencia de los militares en el ente regulador son dos pasos en la dirección correcta para garantizar la libertad en internet.

No obstante, perduran leyes que imponen restricciones imprecisas sobre estos derechos fundamentales y permiten que las autoridades filtren y bloqueen contenidos sin orden judicial. Estas leyes permiten que las autoridades encarcelen a personas y periodistas por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Las autoridades de transición deberían rectificar estas leyes y adoptar medidas adicionales para garantizar que el ente regulador de la industria de las telecomunicaciones sea independiente de la interferencia del Gobierno. El ente regulador debería ocuparse prioritariamente de proteger los derechos de los usuarios de acceder a internet en lugar de servir como instrumento político para silenciar las discrepancias.

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