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A un año de elecciones municipales, en Gran São Paulo hay más de 500 obras detenidas o atrasadas

La Residencial Pequiá debió haberse entregado en 2014, pero las obras se detuvieron. Luego, el lugar fue ocupado. Foto: Ana Beatriz Felicio/Agência Mural, usada con autorización.

Este texto es de Paulo Talarico, Ana Beatriz Felicio, Henrique Cardoso, Kátia Flora, Micaela Santos, Thalita Monte Santo, con infografías de Magno Borges. Se publica aquí gracias a una asociación de contenido entre Global Voices y Agência Mural.

Dentro de la cocina de un apartamento, Kelly Archanjo Costa dos Santos, recicladora de 43 años, da de lactar a su hija menor, cuyo parto atendió sola en esa habitación. “Nació literalmente en [el conjunto habitacional] Pequiá”, cuenta.

Si no fuera por las paredes aún en concreto y con los acabados de tendido expuestos, la casa no tendría diferencias con cualquier otra, con electrodomésticos y decoración bien cuidada. En realidad, se trata de una obra detenida en Carapicuíba, en el Gran São Paulo.

Kelly es una de los siete líderes de la ocupación de Pequiá. La entrega del local estaba previsto para 2014, y estaba proyectado para ser un conjunto residencial de 196 apartamentos con una inversión de 65 millones de reales (16 200 millones de dólares).

El local es el símbolo de una situación que afecta a la mayor región metropolitana de Brasil con 21 millones de habitantes y 39 municípios.

Datos del Tribunal de Cuentas del Estado, recopilados por Agência Mural, muestran que en el Gran São Paulo hay 139 proyectos con plazos vencidos y otros 137 que no se iniciaron y están abandonados.

A pesar de las obras detenidas, se gastó el dinero público. Al menos 5200 millones de reales (1.3 milliones de dólares) fueron destinados para proyectos que estan paralizados. Si todos se concluyeran, la región metropolitana tendría 44 000 millones de reales (poco más de once millones de dólares) en inversiones realizadas –el valor que tendrían todos los contratos firmados, en caso de haberse ejecutado dentro de su plazo.

Pero hay más obras. El Tribunal de Cuentas del Estado no contabiliza obras de la prefectura de São Paulo, que están fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas del Municipio. Una auditoría de esta última entidad publicada en mayo mostró que hay 289 obras inconclusas en la capital, de las cuales apenas 17 están dentro de plazo y 106 están detenidas.

[N. del T. En Brasil, un prefecto (del portugués prefeito) es el máximo responsable de un Poder Ejecutivo de nivel local. En este caso, el cargo equivale al de alcalde. Dentro del ámbito educativo, el encargado de vigilar y orientar a los alumnos de una escuela.]

Además hay casos valorizados exclusivamente por el Tribunal de Cuentas de la Unión, por ser del Gobierno federal, como las universidades federales. Hay al menos 15 proyectos en esta condición.

El escenario en esas regiones es preocupante pues falta menos de un año para las elecciones municipales, cuando se elegirá a prefectos y concejales cuyo mandato se inicia en 2021 y culmina en 2024. Si se suman los valores de los tribunales de cuentas del Estado y del municipio hay más de 500 obras paralizadas o retrasadas.

Kelly dio a luz a su hija dentro de la residencial. Foto: Ana Beatriz Felicio/Agência Mural, usada con autorización.

La construcción donde vive Kelly surgió de un convenio con la Compañía de Desarrollo Habitacional y Urbano con el Gobierno federal tiene más de una década. La obra se ofreció para 2004, pero se postergó por años y se iníció en 2012. Los predios fueron erigidos, pero luego se dejaron de lado. Tras una paralización, las siete torres levantadas e inconclusas fueron ocupadas en 2015.

Kelly llegó a vivir ahí porque estaba desempleada y no tenía cómo pagar el arrendamiento. “Muchos de aquí venían de arrendar, de estar desempleados, muchos vivían con familiares. Entonces, vinimos para ser independientes, para tener dónde vivir, En mi caso, hoy mi mayor desafío es conseguir un empleo por mi edad”. Kelly tiene 43 años. La prefectura presentó una moción judicial de restitución de posesión.

Antes del Gran São Paulo, otras zonas se vieron afectadas. La educación es el sector con más obras con problemas: 58 están retrasadas o detenidas. Sobre todo las que se refieren a guarderías, lo que complica la vida de los padres que deben trabajar y no tienen con quién dejar a sus hijos.

Es la situación que viven Leo Domingos, de 36 años, y Carina Marina Dias Sotero, de 32 años, padres de la pequeña Mallu, de nueve meses. Actualmente, la madre está desempleada y buscando trabajo. Todos los días, Leo pasa cerca de un terreno en el Parque Cecap, en Guarulhos, donde existe la promesa de construcción de un centro de educação unificado y una guardería.

“Me entristece ver una obra de ese tamaño que se destruye con el tiempo”, dice Leo, que sigue la situación del proyecto desde sus inicios. Hay otras dos guarderías abandonadas y la prefectura culpa a la gestión anterior por el problema.

Edivaldo vive en la zona norte de Osasco, donde la canalización de aguas de lluvia es promesa antigua. Foto: Paulo Talarico/Agência Mural, usada con autorización.

En la ciudad de Osasco, con 700 000 habitantes, un drama son las inundaciones durante las lluvias de verano. Obras con un valor superior a los cien millones prometian cambiar el escenario en la región, pero tuvieron dificultades de financiamiento y en licitaciones consideradas irregulares.

En situación similar es la de São Bernardo do Campo y Diadema, ciudades que atraviesa la canalización Ribeirão dos Couros que dificulta la vida de los ocupantes en tiempos de lluvias e inundaciones. La prefectura se volvio a hacer una licitación para terminar el proyecto. En Franco da Rocha, hay 22 obras retrasadas, la mayoría dedicadas al rubro de salud.

Es una de las mayores inversiones que no sigue en el papel es la de los ferrocarriles.

Quien vive en las periferias de la capital, como los barrios de Brasilândia, en la zona norte, y en Paraisópolis, en la zona sur, espera hace años la llegada del metro para facilitar el transporte a los barrios con más de 300 000 habitantes.

En Paraisópolis, la promesa se remonta a la época de la Copa del Mundo de 2014 de Brasil. Cuando se pensó que el estadio de Morumbí se usaría en el Mundial, el proyecto del monorriel que pasaría por la región ganó fuerza. Llegaría a la actual estación São Paulo-Morumbí de la línea amarilla hasta el aeropuerto.

Local próximo a la favela de Paraisópolis, donde el monorriel debería haber llegado en 2014. Foto: Henrique Cardoso/Agência Mural, usada con autorización.

Dos estaciones pasarían por la zona que es la mayor favela de São Paulo. “Terminada la Copa [de Brasil], vino una Copa, y la obra no ocurrió”, comenta Gilson Rodrigues, presidente de la Asociación de Habitantes.

“Nos movilizamos mucho para que llegara. Uno de los principales problemas del barrio era la locomoción”, dice.

Los habitantes han estado siguiendo los avances del proyecto. Actualmente, la línea 17 oro está con obras solamente hasta la estación Morumbí de la línea 9 esmeralda. O sea, antes de atravesar el río Pinheiros.

Sin embargo, la comunidad todavía cree que las obras pueden llegar, porque el terreno fue adquirido por el Metro, y se debe asignar algún objetivo a esas áreas.

La llegada del monorriel aliviaría el transporte en el barrio, del que actualmente se encargan los micro-ómnibus. “La cantidad es baja aún y los itinerarios están concentrados”, dice el diseñador Robson Sena, de 40 años.

El Tribunal de Cuentas del Estado anota que se gastaron más de 1,2 billones de reales (más de 300 millones de dólares) por cuenta del proyecto, la mitad de los 2,2 billones de reales contratados (más de 550 millones de dólares). De los ocho proyectos de los que consta la línea, cuatro están detenidos, según el Tribunal de Cuentas del Estado.

Agencia Mural consultó con el Metro, que afirma que tiene la intención de “reanudar todas las obras en curso”. “La línea 17 recibirá más de 170 000 personas por día”, dice a través de una nota. No se informó de los plazos para la construcción del monorriel en la región de Paraisópolis.

En el caso de Brasilândia, el trabajo se realizaría a través de PPP (asociación público-privada), pero las empresas contratadas se retiraron por tener dificultades para obtener financiamiento tras el destape del caso Lava Jato, la investigación que determina el pago de sobornos de empresas constructoras y contratistas a políticos en Brasil).

El Gobierno estatal de São Paulo espera que otras empresas se interesen por el negocio que ahora está solamente en papeles.

Obras detenidas en la capital (Magno Borges/Agência Mural)

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