[1]Grupo de reporteros y camarógrafos angoleños esperan al exsecretario de Estado de Estados Unidos John Kerry en su recorrido por las instalaciones de General Electric en el complejo Sonils de puerto de Luanda, 4 de mayo de 2014. Foto del Departamento de Estados de Estados Unidos, dominio público.
Rafael Marques de Morais es un destacado periodista angoleño, activista anticorrupción y crítico del Gobierno. En el régimen del presidente José Eduardo dos Santos (JES), que gobernó Angola entre 1979 y 2017, las autoridades atacaron reiteradamente a Marques por su trabajo. Mientras trabajaba en el medio estatal Jornal de Angola en la década de 1990, enfrentó presiones por “infiltrar [2] comentarios sociales inoportunos”.
Fue recién en 2017, cuando João Lourenço (JLO) sucedió a JES que periodistas como de Morais empezaron a ver reformas políticas que ayudaron a mejorar el ambiente para libertad de prensa y de medios. Sin embargo, estas reformas abordaron mayormente la corrupción. Aunque las libertades de medios han mejorado aparentemente, persisten los límites del anterior régimen.
En 2019, Morais dijo [3] en una entrevista que ha perdido [4] la cuenta de cuántas veces lo han detenido desde la década de 1990, entre otros obstáculos [5].
En 1999, escribió «El bastón de la dictadura [6]«, artículo que critica [7] la corrupción y la devastadora guerra, y fue detenido [8] acusado de difamar al presidente. Las terribles [2] condiciones de detención y abusos como privación del sueño lo llevaron a hacer una huelga de hambre que le valió apoyo internacional. Lo liberaron tras 40 días, pero luego se le impuso una sentencia suspendida de seis meses y una multa.
En 2015, Marques enfrentó proceso por difamación por escribir en 2001 el libro «Diamantes de sangre: Corrupción y tortura en Angola [9]«, publicado en Portugal, y luego en línea. Documenta con detalle violaciones derechos relativas a operaciones mineras. Al final, se desestimaron [10] todos los cargos.
También lo sometieron a vigilancia. En 2013, descubrió [11] que su computadora [12] estaba infectada [13] de software malicioso que “expertos internacionales vincularon con una multinacional con fuertes lazos con oficiales militares angoleños». La noticias y el sitio web contra la corrupción que lanzó, llamado Maka Angola — en kimbundu, “maka [14]» se refiere a un problema delicado, complejo o serio”, como la corrupción y la pobreza — que enfrentaron [3] numerosos ciberataques, como ataque de negativa de servicio.
Rafael Marques de Morais, coganador del Premio Allard 2015, en la ceremonyia, 1 de octubre de 2015. Foto de Martin Dee, usada con autorización vía Wikimedia Commons (CC BY 4.0).
Reformas anticorrupción de JLO
Las reformas incluyen asuntos inesperadamente amplios [15], desde la empresa petrolera estatal Sonangol a banca [16]. El impulso [17] contra la corrupción [18] impuso su autoridad [19] con la destitución [20] o procesamiento [21] de numerosas figuras, como los antes intocables poderosos parientes [22] y asociados de JES —una medida popular [23]— como su hija Isabel dos Santos [24], y el exministro Manuel Rabelais.
Ahora, Marques y otros periodistas independientes pueden trabajar más libremente, gracias a una mejor en los ambientes políticos y de libertad de los medios en el régimen de JLO, pero persisten los límites.
Represión a los medios en el régimen anterior
En el régimen de JES, los medios independientes estaban contenidos [25], y los medios tradicionales estaban controlados en gran parte [26] por medio de influencia [27] del Gobierno vía propiedad directa o indirecta o censura. Reporteros sin Fronteras lamentó [26] los costos “exorbitantes” por licencias de transmisión y costos [28] iniciales que ponen obstáculos a nuevos actores de medios. Al bajo acceso [29] a internet ha dejado a los medios tradicionales “sujetos a altos niveles de interferencia del Gobierno” y autocensura de los periodistas, según Freedom House [12] (2018). Medios privados también han sido controlados por figuras vinculadas al Gobierno.
Dominio del MPLA en el anterior régimen
El colonialismo, la guerra de independencia y décadas [2] de una arrasadora [30] guerra civil [31], que terminó [32] en 2002, destruyeron la infraestructura y dejaron una economía muy centralizada dependiente de petróleo de alto valor y ganancias de diamantes, capturados [33] por una pequeña élite político-militar de movimientos armados dominada por el gobernante Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA).
El expresidente [19] y sus asociados [34] se consolidaron en el poder [35] después de la guerra. Este sistema turbio [27] y clientelista [36] dejó de lado [37] a muchos [38], desfalcó miles de millones [39], y controló [5] las críticas estricta y violentamente a veces.
En el régimen de JES, el acceso a internet aumentó gradualmente, aunque siguió [40] bajo —medido por Estadísiticas Mundiales de Internet en 22.3 % de la población en 2019 [41], lo que impide la llegada a espacios en línea. Sin embargo, como el activismo y la información en línea se volvieron más dinámicos, el régimen de JES empezó a reprimir las voces discordantes.
En 2016, el periodista Manuel Serrano escribió que internet se convirtió en la “última frontera” [42] para el análisis político, el desacuerdo y para denunciar la corrupción, dadas las restricciones a las denuncias y las manifestaciones.
Con JES, los procesos a activistas y periodistas también eran comunes.
Un conocido caso es el grupo de activistas “15+2”, que 2015 fue arrestado [43], acusado de planear un golpe por reunirse a hablar del libro «De la dictadura a la democracia: Un marco conceptual para la liberación». Estuvo Luaty Beirão [44], activista [45] y músico [46] muy influyente en medios sociales.
Varios protestaron con huelgas de hambre [47] que logró atención internacional —repetida en medios sociales— lo que presionó a las autoridades a dejar de lado [48] los cargos. Mostró el alcance potencial y límites del activismo en línea y contribuyó [49] con la presión, pero el asunto luego dejó de estar destacado.
El régimen también usó leyes restrictivas que le permitían silenciar a críticos y quienes cuestionaban la conducta de la élite gobernante. La ley de seguridad del Estado [12] de 2010 [50] “penaliza a personas que insulten al país o presidente en «reuniones públicas o con difusión” de información con condenas de prisión, y la ley de prensa [51] de 2006 hace a los periodistas “responsables penalmente por contenido difamatorio».
En 2017, durante el régimen anterior, nuevas leyes de medios, conocidas como paquete legislativo de comunicación social volvió delito la difamación y permite regular y prohibir contenido en línea, incluidos medios sociales, que Human Rights Watch dijo [52] que viola obligaciones internacionales con la libertad de prensa. Ese año, la académica Joana Fonseca también analizó [27] vigilancia de “tecnología media», sobre todo redes de informantes que usan dispositivos de grabación.
Restrictivas leyes de prensa, tecnología de vigilancia [12] importada, arrestos y casos judiciales, eran tácticas del régimen de JES desplegados para restringir las libertades de prensa y de medios.
Reformas limitadas
Marques reconoció [53] que la libertad de expresión mejoró con JLO, y dijo a Financial Times este año que el equipo [54] de vigilancia [55] en su casa ya no estaba. A mediados de 2018, Marques y el editor Mariano Brás fueron absueltos [56] de acusaciones de insultar al estado por un artículo [57] en línea de 2016 en el que acusaban al fiscal de corrupción. El juez dijo que habían cumplido [58] su labor periodística y Zenaida Machado, investigadora de Human Rights Watch, lo llamó una “enorme victoria para la libertad de prensa”. Reporteros sin Fronteras mejoró la calificación de libertad de prensa de Angola [59] en 12 puestos en 2019 y dijo que había mejorado [28] el acceso a información estatal.
Algunos jueces han resuelto a favor de manifestantes arrestados por la policía [60], que defendían su derecho [61] constitucional a protestar y varios soldados fueron condenados a prisión [62] por disparos letales contra manifestantes en 2016. Amnistía Internacional [63] expresó que las autoridades “permitieron manifestaciones pacíficas”, aunque criticaron “nuevos casos de violaciones de derechos humanos y excesivo uso de fuerza de las fuerzas de seguridad» y reiterada impunidad.
Frontline Defenders [10] dijo que la “cultura de reprimir [a los defensora de derechos humanos] (…) continuaba, aunque a nivel reducido, en el nuevo régimen», en referencia también a restricciones en los servicios judicial y de seguridad, y ataques contra activistas de la independencia de la provincia petrolera de Cabinda [64].
Entre mediados de 2017 y mediados de 2018, Freedom House calificó [12] la internet de Angola como “parcialmente libre» e informó [12] que el «contenido en línea seguía sin censura y sin restricciones», aunque los bots en línea tenían influencia en medios sociales, sobre todo en torno a las elecciones de 2017.
También persisten [28] los problemas legales [52]; Human Rights Watch dijo [52] que el nuevo Código Penal de 2019 penaliza la «difamación», definida de manera imprecisa, lo que podía usarse contra los críticos.
Las herramientas para restricciones de medios persisten y ha habido represión en temas delicados. Por ejemplo [65], docenas de personas relacionadas con el movimiento de independencia de la provincia de Cabinda fueron arrestados [66], pero los jueces ordenaron su liberación luego.
Las recientes [67] protestas movilizadas en medios sociales contra el alto desempleo y la pobreza recordaron las promesas de JLO de creación de empleos en su campaña electoral y siete activistas [68] denunciaron a la policía de Luanda –la capital– por abusos en una marcha.
JLO ha reiterado su intención de continuar con las iniciativas contra la corrupción pero dijo [69] que no todos la apoyaban y que los corruptos estaban usando dinero mal habido para financiar la desestabilización, en referencia a las actuales protestas [67]. El músico Luaty Beirão criticó [70] la retórico por ser “igual” a la del pasado.
Las reformas políticas de JLO han flexibilizado las restricciones, pero no han hecho mucho para promover activamente una internet abierta en Angola. Se mantienen las herramientas legales y prácticas para restringir los medios de comunicación. Los ciudadanos siguen enfrentando escaso acceso a internet, la legislación [28] sobre difamación y contenidos controlados y la continua impunidad [71] de la violencia pasada [72] y presente.