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Política de bloqueo a servicios internacionales en Irán continua con el veto a Google Play

Imagen de Small Media.

El 9 de octubre, el Poder Judicial iraní envió una carta oficial a los proveedores de telecomunicaciones en la que se les ordena bloquear Google Play, la tienda de aplicaciones oficial de Google, “tan pronto como sea posible”.

La carta iba firmada por Javad Javidnia, que actúa como fiscal general adjunto responsable del ciberespacio y como secretario del Comité para Determinar Instancias de Contenido Criminal. Esta operación está en consonancia con la estrategia de las autoridades iraníes de incitar a los usuarios a utilizar aplicaciones y servicios producidos en Irán al tiempo que limitan la disponibilidad de servicios internacionales.

Desde 2017, con el nombramiento de Mohammad-Javad Azari Jahromi como ministro de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), una de las principales prioridades del gobierno ha sido completar la Red Nacional de Información (SHOMA) del país. Aunque parte de este proyecto implica la muy necesaria expansión y mejora de la infraestructura de internet en Irán, otro de los puntales esenciales es la rápida reubicación —y en esencia, nacionalización— de contenidos y servicios digitales.

En la práctica, las políticas de Jahromi pretenden que los usuarios iraníes de internet migren a versiones producidas nacionalmente (y albergadas en territorio iraní) de aplicaciones y servicios en línea. El riesgo radica en que, debido a la escasez de alternativas, los usuarios iraníes se vean impelidos a usar hacia servicios locales mucho más vulnerables a la vigilancia gubernamental, la censura y el mal uso de datos personales que muchos otros servicios de internet globalmente utilizados. La decisión de bloquear el acceso a Google Play lleva la marca de este plan.

Las aplicaciones nacionales de mensajería en Irán

Soroush, aplicación de mensajería y medio social local, pertenece a la Radiotelevisión de la República Islámica de Irán (IRIB). Los iraníes solo pueden registrar sus cuentas en Soroush con sus tarjetas SIM iraníes. Esto representa una amenaza a la privacidad de los usuarios, ya que todas las tarjetas SIM de Irán deben estar registradas con una tarjeta de identidad nacional y una dirección local.

Bisphone es otro servicio vinculado con el Gobierno iraní. Las investigaciones demuestran que los datos de Bisphone se almacenan en la compañía iraní de telecomunicaciones, conocida por pertenecer en parte a la Guardia Revolucionaria de Irán.

A pesar de las promesas de Jahromi de regular de forma clara y exhaustiva la protección de datos para mitigar las existentes deficiencias de privacidad, la Proposición de Ley de Privacidad y Protección de Datos anunciada en julio de 2018 todavía tiene que materializarse. La retórica de Jahromi en cuestión de derechos digitales puede diferir de la de otras élites políticas, lo que en ocasiones ha provocado desacuerdos públicos —por ejemplo, su ministerio ha hecho declaraciones públicas contra las políticas de filtrado y localización de datos—, pero en Irán se sigue presionando a los usuarios para que utilicen aplicaciones locales.

Dada la creciente mejora de las relaciones entre Jahromi y el Parlamento iraní, y la conformidad general de esa institución con muchas de las políticas del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación destinadas a recortar derechos a los ciudadanos, parece posible que también se haya producido un consenso en apoyo de la política de reubicación. Esta situación sería preocupante, ya que dada la falta de transparencia y procesos de responsabilización en lo que respecta a las decisiones de filtrado, los políticos electos tienen pocas oportunidades de revisar o intervenir en estas decisiones. Los parlamentarios que afirman apoyar los derechos ciudadanos deben comenzar a pronunciarse cuando ocurren incidentes como estos y exigir responsabilidades.

En suma, la reciente orden de prohibir Google Play debe considerarse en el contexto de la agresiva presión que ejercen las autoridades iraníes para obligar a los usuarios a utilizar servicios y tecnologías nacionales cuyos protocolos de protección de datos son básicamente inexistentes. Las políticas diseñadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación y el Consejo Supremo del Ciberespacio, implementadas por el Poder Judicial, socavan hasta extremos críticos la seguridad y privacidad de los internautas iraníes, y les arrebatan la capacidad de usar servicios seguros y globalmente verificados.

Los usuarios iraníes deben tener el derecho de elegir las herramientas de internet que mantienen seguros sus datos. Mientras se les fuerce a utilizar alternativas nacionales, su derecho a la privacidad sigue en peligro

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