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De campos a prisiones: La siguiente gran catástrofe de derechos humanos en Xinjiang

Kazajos étnicos de Xinjiang muestran las fotografías de sus familiares que recibieron condena.

Hace un poco más de una década, el terreno ubicado en 1327 Dongzhan Road, a poco kilómetros al norte de la desolada estación de carga en las afueras de la capital Urumchi de Xinjiang, estaba ocupado mayormente por árboles y césped. El 16 de septiembre de 2009, el lugar se convirtió oficialmente en la nueva ubicación de la prisión de mujeres de Xinjiang, medida que se dio poco tiempo después de los infames disturbios del 5 de julio. No pasó mucho tiempo antes de que las instalaciones recibieran a la que sería su primera reclusa de alto perfil –Gulmire Imin, escritora, administradora de sitio web y funcionaria condenada a cadena perpetua en un juicio a puerta cerrada.

Pese a atraer constantemente la atención internacional, Imin no no tuvo concesión alguna los años siguientes, más bien la han estado acompañando otras mujeres cuyas biografrías ordinarias contrastan evidentemente con la gravedad de sus condenas. Entre ellas, Buzeynep Abdureshit, de 27 años, cuyos únicos “delitos” posibles fueron haber estudiado en Egipto y tener un esposo en el extranjero, fue condenada a siete años en prisión en 2017 por “congregar una multitud para perturbar el orden social”. En junio de 2019, la prisión se convirtió en el hogar de Nurzada Zhumaqan y Erlan Qabden –ambas de etnia kazaja mayores de 50 años, padecen problemas de salud y no cometieron ningún delito. ¿Sus condenas en prisión? Son de 20 y 19 años, respectivamente.

Guardias en la garita de ingreso de la prisión de mujeres en Urumchi. Fuente: cuenta WeChat “Xinjiang Prison Discipline Inspection and Supervision”.

Dejando a un lado su naturaleza barbárica, estas últimas condenas son particularmente inquietantes puesto que indican la probable dirección en la que se encamina la represión en Xinjiang. Aunque los campos de “reeducación” en la región han acaparado gran parte de la atención del mundo, los datos estadísticos del propio Gobierno, la cobertura limitada del tema y la nueva evidencia presentada por los parientes de las víctimas y exreclusos en el vecino de Kazajistán sugieren que una alarmate cifra de detenidos en 2017 y 2018 está recibiendo ahora condenas extensas y siendo transferidos a centros penitenciarios de mayor capacidad, como el de Urumchi.

Para Aibota Zhanibek, hija mayor de Nurzada Zhumaqan y ahora ciudadana de Kazajistán, esta noticia fue particularmente devastadora pues surgió aproximadamente en Año Nuevo –momento en que muchos en Kazajistán se enteraron que sus familiares salieron de los campos, en la ola de liberación masiva que se dio a finales de diciembre de 2018. Aunque muchos difundieron la buena noticia, Zhanibek descubriría que su madre había sido condenada a permanecer en prisión por los delitos de “utilizar superstición para minar el orden público” y “congregar una multitud para perturbar el orden social”, que fueron revelados posteriormente. Erlan Qabden, enfermera de otro condado en la misma prefectura que Zhumaqan, fue condenada por “utilizar extremismo para minar el orden público” y por “provocar peleas y disturbios”, cargos que, seg+un sus familiares en Kazajistán, se originaron por asistir a una ceremonia de izamiento de bandera con una pañoleta en la cabeza.

Aviso oficial de encarcelamiento para Erlan Qabden (con su traducción correspondiente al inglés realizada por el autor).

En la sede de la organización Atajurt Kazakh Human Rigts, en Almatý, donde Zhanibek se presenta semanalmente para solicitar ayuda para su madre frente a cámara, la mayoría de los que llegan a dar su testimonio y solicitar información ya no hablan de los campos –como hace un año– sino de prisiones. Pese a que la información obtenida de las conversaciones sostenidas con apenas una docena de las partes interesadas es incompleta y contaminada por rumores, es suficiente para comenzar a notar las tendencias: largas condenas, meses o incluso años en prisión preventiva y asedio particular de hombres religiosos.

Un perfil estadístico de las víctimas –que se obtuvo de los miles de testimonios públicos captados en video por Atajurt y analizado por la Base de Datos de las Víctimas de Xinjiang– ayuda a corroborar algunas observaciones cualitativas en una manera más cuantitativa. Al comparar las víctimas que, según se informa, recibieron condenas con las que fueron liberadas de los campos muestra que más del 90 % de los condenados son hombres (en comparación con el 69 % de los liberados); y se cree que casi el 75% fueron detenidos por razones religiosas (en comparación con el 27 %). Un análisis de 311 víctimas con penas de prisión registradas muestra que la pena promedio es de 11,2 años y que 89 % de los condenados recibieron condenas de cinco o más años; Mientras que un estudio de 65 víctimas detenidas por dos meses o más tiempo muestra que estas víctimas, en promedio estuvieron en detención preventiva aproximadamente nueve meses, y el 3 % fueron retenidos durante más de un año.

Comparación de las distribuciones por género y razón de detención de las víctimas kazajas que han sido condenadas a prisión versus víctimas kazajas liberadas de los campos. Fuente: Base de datos de las víctimas de Xinjiang, consultado el 17 de septiembre de 2019.

Penas en prisión registradas de víctimas que fueron condenadas en Xinjiang desde finales de 2016. Fuente: Base de datos de las víctimas de Xinjiang, consultado el 17 de septiembre, 2019.

Lapsos de tiempo que permanecieron las víctimas en detención prolongada, de dos meses o más tiempo, previo a recibir condena. Fuente: Base de datos de las víctimas de Xinjiang, consultado el 17 de septiembre, 2019.

Se cree que a muchos condenados los transfieren a prisiones después de pasar un tiempo en el centro de detención preventiva (kanshousuo) –institución famosa por cometer abusos, donde exreclusos denunciaron haber experimentado maltrato extremo y condiciones de vida horribles. No obstante, varios testimonios brindan fuertes razones para creer que quienes fueron internados ilícitamente en los campos de “reeducación” en la región también reciben condenas mientras están aún en los campos. Cuatro exprisioneros kazajos, tras haber permanecido gran parte de 2018 en los campos, mencionaron haber presenciado o escuchado sobre las “audiencias públicas” dentro de las “escuelas”. Ergali Ermek y un detenido – -que eligió permanecer en el anonimato y a quien llamaremos “Ruslan”–, indicaron que los condenados a 10 o más años fueron posteriormente trasladados a centros penitenciarios. Un caso muy sonado es el de Zhiger Toqai, estudiante de la Universidad Satbayev en Almatý, cuya detención fue denunciada inicialmente por familiares en Kazajistán y cuya condena fue confirmada por Ruslan, su excompañero de celda en el campo. En una entrevista publicada recientemente, Rahima Senbai recuerda una audiencia pública donde siete mujeres fueron condenadas por observar iftar.

Estudiante universitario Zhiger Toqai, arrestado a mediados de 2017, fue enviado a un campo primero. Luego lo condenaron a más de 10 años en prisión en 2018 (tal como lo constataron sus familiares y quienes estuvieron con él en el campo).

Para los enfermos y ancianos, las largas condenas en prisión equivalen a penas capitales que destruyen no solo la moral de los familiares en el extranjero, sino también cualquier intento de acceder a un sistema penal legítimo en Xinjiang. Sin embargo, en semejante ilegitimidad hay inherentemente también esperanza, pues sin un fundamento sólido y argumentos convincentes estas absurdas condenas pueden ser revocadas más fácilmente y los reclusos pueden recuperan su libertad –fenómeno observado en los campos ilícitos. Las historias de Ergali Ermek y Ruslan –ambos recibieron condena pero luego fueron liberados de todas maneras– parecen insinuarlo, así como el caso de Gulbahar Haitiwaji, condenada presuntamente a siete años en prisión en diciembre 2018, pero le permitieron regresar a Francia recientemente. Con suficiente presión y desaprobación internacional, no es imposible que incluso la prisión de mujeres en Xinjiang pueda abrir sus puertas y permitir a personas como Buzeynep Abdureshit, Nurzada Zhumaqan y Erlan Qabden disfruten nuevamente de cierto grado de libertad. Y quizá incluso quienes se encuentran en la misma situación que Gulmire Imin.

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