Manifestantes de la Marcha de Mujeres de junio de 2018 en Kampala, Uganda. Foto de Katumba Badru, usada con autorización.

En Uganda, internet se ha convertido en un campo de batalla en el que el Gobierno intenta silenciar a una población que cada vez más expresa su desacuerdo.

Durante años, las autoridades de Uganda han desplegado diferentes tácticas para reprimir la discrepancia política y mantener en el poder al gobernante Movimiento de Resistencia Nacional y el presidente Yoweri Museveni.

Esto incluye bloquear sitios web de medios, filtración de mensajes de texto y bloqueo de plataformas de medios sociales. Se acercan las elecciones de 2021, y es probable que las autoridades de Uganda sigan usando tácticas similares.

Bloqueos de las elecciones de 2016

Durante las elecciones generales de 2016, las autoridades ugandesas recurrieron dos veces a cerrar plataformas de medios sociales completas.

El primer bloqueo ocurrió el 18 de febrero de 2016, en vísperas de la elección presidencial y afectó a plataformas de medios sociales y servicios de dinero móvil. Las restricciones duraron cuatro días.

El 11 de mayo de 2016, plataformas de medios sociales como Facebook, WhatsApp y Twitter, y servicios de transferencia móvil de dinero quedaron bloqueados nuevamente. Este bloqueo duró un día y se dio un día antes de que el presidente Museveni prestara juramento para su quinto mandato presidencial.

Museveni ha estado en el poder desde 1986. La oposición a su gobierno aumenta: Según una encuesta de opinión pública publicada en abril de 2019, la mayoría de ugandeses se opuso a la decisión de 2017 de eliminar el límite máximo de edad de 75 años para presentarse como candidato a la presidencia, lo que permitiría a la persona de 74 años presentarse de nuevo a las elecciones de 2021.

Durante ambos bloqueos en 2016, el Gobierno ugandés citó la «seguridad nacional» como la motivación para las restricciones. Las interrupaciones fueron ordenadas por los organismos de seguridad de Uganda y la Comisión de Comunicaciones de Uganda (UCC), que regula el sector de las telecomunicaciones, las publicaciones en línea, la radiodifusión (radio y televisión), la industria cinematográfica y los servicios postales y de mensajería.

El 18 de febrero de 2016, MTN Uganda, proveedor de servicios de telecomunicaciones, emitió una declaración en Twitter que confirmaba que «el regulador UCC había ordenado a MTN que desactivara todos los medios sociales y servicios de dinero móvil por una amenaza al orden público y la seguridad». Esto también afectó a otras empresas de telecomunicaciones como Airtel, Smile, Vodafone y Africel.

El mismo día, el presidente Museveni dijo a los periodistas que ordenó el bloqueo de medios sociales: «Hay que tomar medidas para que la seguridad impida que muchos se metan en problemas, es temporal porque algunas personas usan esos caminos para mentir», dijo.

El 17 de marzo, en una declaración oficial durante las deliberaciones del Tribunal Supremo que cuestionaban la victoria del presidente Museveni en 2016, Godfrey Mutabazi, director ejecutivo de la UCC, explicó que «recibió instrucciones del inspector general de la Policía, Kale Kayihura, de cerrar los sitios de redes sociales y de dinero móvil por motivos de seguridad».

Estos cierres interfirieron con los derechos y la vida diaria de los ugandeses que utilizan internet y plataformas de medios sociales para acceder a información, expresar sus puntos de vista y llevar a cabo sus actividades cotidianas en línea. Durante las semanas anteriores a las elecciones de 2016, los ugandeses tuitearon y debatieron activamente sobre las elecciones con etiquetas como #UgandaDecides [Uganda decide] y #UGDebate16 [Uganda debate 2016]. El nivel de compromiso cívico en línea de los ciudadanos ugandeses aumetó con los primeros debates presidenciales televisados, el primero se celebró en enero y el segundo, una semana después.

Incluso con los bloqueos de medios sociales vigentes, muchos ugandeses continuaron publicando sobre las elecciones con redes privadas virtuales o VPN. El día de las elecciones, los ciudadanos pudieron difundir información actualizada sobre la llegada tardía de los materiales de votación a varios lugares de votación, denuncias sobre malas prácticas electorales y resultados provisionales de las elecciones en los medios de comunicación social.

Los activistas de derechos humanos afirman que los cierres selectivos durante los períodos electorales disminuyen la velocidad de la comunicación, justo cuando más se necesita el acceso a la información y la expresión ciudadana.

«Los bloqueos de internet limitan a las personas para comunicar preocupaciones particulares que les afectan, como la salud, la interacción con los amigos y el intercambio de opiniones y puntos de vista políticos», dijo Moses Owiny, director ejecutivo del Centro de Asuntos Multilaterales, plataforma independiente para análisis de políticas que funciona en Uganda y Tanzania, en entrevista a Global Voices.

Según Owiny, el objetivo principal de los bloqueos es detener la disidencia en la política basada en el «temor percibido por el Estado de que las opiniones y preocupaciones de los ciudadanos puedan incitar al público», acusación que considera infundada y que no se basa en la realidad, sino en suposiciones.

Elecciones de 2021: ¿Mismas tácticas?

Presidente Museveni en mayo de 2013. Está en el poder desde 1986. Crédito de la foto: Oficina del Exterior y Commonwealth en Flickr (CC BY 2.0).

Desde 2016, las autoridades han continuado reprimiendo a políticos y periodistas de oposición.

Robert Kyagulanyi, conocido como «Bobi Wine», cantante y líder del partido opositor Poder Popular, que además es diputado, ya anunció su candidatura a la presidencia. En la actualidad, Wine enfrenta proceso penal por «molestar al presidente» y, en caso de ser condenado, no se le permitiría postular.

Según Human Rights Watch, en 2018 las autoridades atacaron a seis opositores, entre ellos Bobi Wine y Francis Zaake, antes de las elecciones parciales del 15 de agosto en Arua (norte de Uganda). Miembros de la Policía y del Ejército arrestaron al grupo junto con otras 28 personas el 13 de agosto de 2018 y los acusaron de traición. Posteriormente quedaron en libertad bajo fianza.

Ese mismo día, la policía también arrestó a dos periodistas, Herber Zziwa y Ronald Muwanga, que cubrieron las elecciones parciales y la violencia relacionada con ellas, incluido el asesinato del conductor de Bobi Wine por parte de los militares.

Se acercan las elecciones de 2021, y es muy probable que las autoridades de Uganda sigan reprimiendo la discrepancia política, incluidos bloqueos de medios sociales. En realidad, desde las elecciones de 2016, no ha habido cambios en el marco legal que permite al Goberno restringir los derechos de libertad de expresión y acceso a información en línea.

Según el informe sobre el estado de la libertad de Internet en África de 2016, la Ley de Comunicaciones de 2013 otorga a la UCC amplios poderes y funciones en virtud de la sección 5, que permite al regulador de las comunicaciones «supervisar, inspeccionar, licenciar, supervisar, controlar y regular los servicios de comunicaciones» y «establecer normas, supervisar y hacer cumplir las normas relativas al contenido». A petición del Gobierno, la UCC utilizó esta sección para ordenar a los proveedores de servicio de internet a bloquear el acceso a los medios sociales y a los servicios de dinero móvil durante las elecciones de 2016.

El Gobierno continúa usando estas leyes como armas para controlar el debate público y silenciar la disidencia política, sobre todo en tiempo de elecciones.

Owiny sostiene que el estado puede apagar Internet en cualquier momento que considere necesario: «Donde la seguridad del régimen y la de sus ciudadanos convergen, y donde la seguridad del régimen está amenazada, la seguridad del régimen y su supervivencia tendrán prioridad».

Organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos se han estado organizando en Uganda para que no vuelvan a ocurrir cierres como los ocurridos en 2016.

Varias organizaciones escribieron una carta conjunta a la Unión Africana y a los órganos regionales para pedir que condenaran la decisión de las autoridades ugandesas de cerrar el acceso a internet durante las elecciones de 2016.

Unwanted Witness Uganda demandó judicialmente al Estado ugandés ante los tribunales, junto con los proveedores de servicios de internet y el regulador, en una causa presentada en septiembre de 2016. La organización sostuvo que el cierre de internet planeado por el Estado violaba los derechos de los ugandeses a la libertad personal de expresión y expresión, consagrados en el artículo 29(1) de la Constitución de 1995. Sin embargo, un juez dictaminó que los «solicitantes no pudieron probar ninguna violación» que resultara de los cierres, dijo Unwanted Witness Uganda a Global Voices.

Lograr acceso ininterrumpido a internet —sobre todo durante las próximas elecciones— requerirá mayor defensoría.

Owiny sugirió la necesidad de que los activistas de derechos digitales profundicen las conversaciones entre el Gobierno y el sector privado para presentar el impacto negativo de los cierres porque el sector privado está intimidado por el estado.

Uganda fue uno de los primeros países africanos en promulgar una ley sobre el derecho a la información, conocida como la Ley de Acceso a la Información (ATIA), en 2005. La ley promete proporcionar «eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas» que «permitirá al público acceder y participar efectivamente en las decisiones que les afectan como ciudadanos del país».

¿Cumplirá el Gobierno con su mandato de promover el derecho de acceso a la información? ¿Cumplirá su promesa?