El 18 de noviembre de 2017, manifestantes marchan para celebrar la destitución de Robert Mugabe. Emmerson Mnangagwa prestó juramento como presidente días después. Foto de Zimbabwean-eyes vía Flickr.

Su mandato está claramente establecido. No tienen ninguna duda sobre su misión y la ejecutan con implacable fervor: Se le conoce como Varakashi, es el ejército en línea de Zimbabue que defiende al presidente Emmerson Dambudzo Mnangagwa en todo. Varakashi significa «destructores» en shona. Recorren las plataformas de medios sociales, —sobre todo Twitter— y critican a todo aquel que se atreva a desafiar las políticas o el liderazgo de Mnangagwa.

Los miembros de Varakashi abarcan desde partidarios de la Unión Nacional Africana y el Frente Patriótico Africano (ZANU-FP), patrocinados por el Gobierno, hasta partidarios del Gobierno de Zimbabue. Su objetivo general es impulsar la narrativa de que quien no esté de acuerdo con el Gobierno de Zimbabwe es un agente de las potencias extranjeras — y por tanto, antipatriótico.

Las campañas retributivas en línea respaldadas por el estado de Zimbabue, dirigidas a activistas y otras entidades independientes, son un microcosmos de lo que constituye debate político en línea en el país

Cibersabuesos desatados

En marzo de 2018, antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias programadas para julio del mismo año, Mnangagwa ordenó a su partido gobernante, la liga juvenil ZANU-PF, que atacara a su oponente en redes sociales. «No somos expertos en tecnología. No te dejes vencer en el juego. Entra ahí y domina los medios sociales», dijo a los miembros juveniles del partido en la Asamblea Nacional de la liga juvenil de ZANU PF.

«Debo felicitarlos por haber encabezado el ataque de la campaña de medios sociales bautizada como #EDhasMyVote» [Emmerson Dambudzo tiene mi voto], dijo.

El mandato de Mnangagwa marcó de inmediato la pauta para que la liga juvenil y otros partidarios del partido gobernante llevaran a cabo una campaña en línea de hostigamiento y amenazas contra cualquiera que percibieran como contraria a las políticas de Mnangagwa, incluso después de las elecciones de 2018, que ganó Mnangagwa.

Líderes de la sociedad civil, activistas de oposición, medios de comunicación independientes y hasta embajadas extranjeras han sido objeto de campañas en línea concertadas y selectivas, en las que se ha recurrido a un lenguaje de odio y a la intimidación. Esto también ha estado marcado por una mezcla de noticias falsas, rumores, odio, desinformación e información equivocada.

Cuando las cosas se desemoronan

Actualmente, Zimbabue enfrenta una grave implosión económica y social como precios altos de combustible y alimentos, junto con una creciente hiperinflación, que amenaza la estabilidad. La mayoría de hogares y empresas deben enfrentar cortes de electricidad de 18 horas y escasez de agua crónica.

Sin embargo, el gobierno sigue siendo optimista sobre la mejora de la fortuna económica de la nación. El ministro de Finanzas, Mthuli Ncube dijo recientemente, al presentar su presupuesto de 2020 al Parlamento, que se prevé que la economía de Zimbabue crecerá un 3 % en 2020, impulsada por las mejoras en la producción agrícola y el suministro de electricidad.

No obstante, la economía sigue siendo objeto de un intenso debate en línea, ya que los ciudadanos piden una mayor rendición de cuentas por parte del Gobierno. Esto ha estimulado una nueva ola de movilización en línea a medida que los zimbabuenses –en el país y el extranjero– se involucran en la política en línea. Bajo la «nueva exoneración» de Mnangagwa, un período hasta ahora marcado por terribles antecedentes de abusos de los derechos humanos y corrupción, se ve frustrado el debate libre en línea.

Los Varakashi sin duda tienen un efecto inimitable en el discurso público en políticas gubernamentales.

En mayo de 2019, el Gobierno llamó la atención por razones equivocadas cuando lanzó una enérgica campaña para arrestar a siete activistas de derechos humanos en el Aeropuerto Internacional Robert Mugabe a su regreso de un taller de capacitación sobre tácticas de protesta no violenta en Maldivas. Las autoridades los acusaron de asistir a un taller organizado por una organización no gubernamental serbia llamada Centro para Acción y Estrategias Aplicadas no Violentas (CANVAS).

Los activistas fueron arrestados después de acusaciones y presiones por parte de Varakashi sobre los medios sociales, de «conspirar para derrocar» al Gobierno, y finalmente fueron acusados de subversión al Gobierno.

En Twitter, un partidario gubernamental publicó la agenda del taller y tuiteó que los asistentes fueron a Maldivas para recibir capacitación sobre cómo «derrocar al Gobierno por el que votamos». Mientras algunos usuarios señalaron que la agenda publicada no tenía lenguaje que implicara que se trataba de una capacitación sobre cómo derrocar al Gobierno, otros describieron a los asistentes como «vendidos» y pidieron que se «pudrieran en la cárcel».

Antes de su llegada, el 17 de mayo, el periódico estal Herald, controlado por el Estado, acusó a las organizaciones de la sociedad civil de «conspirar para desencadenar una protesta violenta» en Zimbabue, y cita la reunión de Maldivas, según Amnistía Internacional.

Los siete activistas fueron acusados de «subvertir un Gobierno constitucional» en virtud del artículo 22 (2) del Código Penal (ley de codificación y reforma), que se castiga con 20 años de cárcel. Entre los activistas, luego liberados bajo fianza, se encuentran Rita Nyampinga, directora de Fondo de Apoyo de Prisioneras, y George Makoni, del Centro para el Desarrollo Comunitario de Zimbabue.

En otro caso de acoso de Varakashi, la comediante popular y satírica política Samantha Kureya pasó a la clandestinidad en agosto tras ser secuestrada de su casa por hombres armados no identificados, que la golpearnon, desnudaron y obligaron a beber aguas residuales. Varakashi envió una amenaza a Kureya a través de Twitter, horas antes de su secuestro.

Kureya había sido arrestada a principios de 2019 por «alteración del orden público» después de aparecer en un segmento cómico con uniforme de policía.

Se informó ampliamente que este ataque fue uno de varios dirigidos contra los críticos del presidente Mnangagwa y su partido. Los activistas de derechos humanos creen que los servicios de seguridad de Zimbabue fueron los responsables.

Just hours before the abduction, a threat of abduction & torture had been made against Samantha Kureya (Gonyeti) by one Nomatter Magaya who accused Gonyeti of “using comedy to meddle in politics.” @PoliceZimbabwe @InfoMinZW @SADC_News @edmnangagwa @bustoptv @263Chat @euinzim pic.twitter.com/6Ot8nUJOLC

— Dewa Mavhinga (@dewamavhinga) August 21, 2019

Apenas horas antes del secuestro, un tla Nomatter Magaya hizo una amenaza de secuestro y tortura contra Samantha Kureya (Gonyeti) de “usar comedia para intervenir en política”.

El Gobierno y Varakashi negaron las denuncias de secuestro y tortura a Samantha Kureya. El viceministro de Información de Zimbabue, Energy Mutodi, dijo que el secuestro fue una actuación cómica de la comediante.

Gonyeti Gonyeti did a comedy on police accommodation & it’s apparent she has done another one on abductions. We will not be fooled.

— Hon. Dr Energy Mutodi (PhD) (@energymutodi) August 22, 2019

Gonyeti Gonyeti hizo comedia sobre acuerdos policiales y es evidente que ha hecho otra sobre secuestros. No nos van a engañar.

Los partidarios del Gobierno repitieron la misma narrativa. Uno acusó a los médicos de producir «exámenes médicos falsos» para Kureya y que a esos médicos se les «debe cancelar sus licencias médicas». Otro tuiteó que el secuestro y la tortura de Kureya fueron probablemente un truco publicitario.

Como fue en el principio

Varakashi también ha atacado en línea a embajadores de Estados Unidos, la Unión Europea y Gran Bretana.

Con el aumento del disturbio social por las medidas de austeridad apoyadas por el Banco Mundial y el FMI, Zimbabue se embarcó en un programa de reforma agraria en el año 2000 en el que hubo violentos desplazamientos de unos 4500 agricultores comerciales blancos de 19 millones de acres de tierras de primera calidad.

Gran Bretaña, Estados Unidos y Estados miembros de la Unión Europea impusieron posteriormente sanciones y embargos comerciales contra diversas personas y entidades estatales asociadas que habían cometido violaciones de los derechos humanos.

Los zimbabuenses han estado divididos sobre las sanciones, con «partidarios a favor del Gobierno que culpan a las sanciones de los problemas económicos y políticos del país, mientras los críticos del Gobierno culpan a la corrupción», según Solidarity Peace Trust, organización no gubernamental con sede en Sudáfrica.

El expresidente Robert Mugabe utilizó la retórica de las sanciones como una carta de triunfo político de la victimización injusta durante muchos años, en lugar de la mala gestión económica.

Unos meses antes de la destitución de Mugabe, Mnangagwa y su asesor especial, Chris Mutsvangwa, acusaron a Mugabe de ser hipócrita  y políticamente conveniente pues se escondió tras las sanciones, y sostuvieron que podrían hacer un mejor trabajo en su conducción del país.

«Retiren las sanciones. Zimbabue unido contra las sanciones de guerra de Estados Unidos».
Figura 1. Captura de pantalla tomada el 25 de noviembre de una respuesta en Twitter enviada a la Embajada de Estados Unidos en Zimbabue.

A casi dos años del inicio de su gobierno, Mnangagwa dio un giro y ahora achaca los problemas de Zimbabue a las sancciones. Varakashi no cejan en sus intentos de presentar esta narrativa, y hasta llegan a arremeter en medios sociales contra embajadores occidentales.

El 14 de noviembre, cuando la Embajada de Estados Unidos en Harare anunció en un tuit que »16 organizaciones comunitarias zimbabuenses recibieron más de 442 000 dólares en fondos estadounidenses para proyectos agrícolas, de negocios y salud en todo el país», seguidores del Gobierno respondieron con llamados a retirar las sanciones (figuras 1 y 2).

«Retiren sus sanciones y utilizaremos plenamente los medios de producción. al hacerlo, no metan las narices en nuestros asuntos internos, los resolveremos nosotros».
Figura 2. Captura de pantalla tomada el 25 de noviembre de una respuesta enviada por Twitter a la embajada de Estados Unidos en Zimbabue.

Timo Olkkonen: No hay que mencionar que toda politización de ayuda humanitaria sería una noticia realmente mala para las iniciativas de movilizar auida internacional, argumento de la Unión Europea expresado en nuestro diálogo ayer.
Charity Maodza: No necesitamos su ayuda, señor peor diplomático. Solamente retire sus saciones malvadas para pemitirnos ser autosuficientes. No sé por qué el Gobierno está dialogando con usted porque es una pérdida de tiempo. Nada saldrá de hablar con un activista MDC como usted. El Gobierno debería mandarlo a empacar. Figure 3. Captura de pantalla del 26 de noviembre del tuit de respuesta al embajador de Estados Unidos en Zimbabue.
Figura 3. Captura de pantalla de la respuesta enviada por Titter al embajador de la Unión Europea en Zimbabue, 26 de noviembre.

En otro caso, el 22 de noviembre, el embajador de la Unión Europea en Zimbabue, Timo Olkkonen, publicó un artículo sobre un parlamentario del Zanu-PF en el que se comprometió a «matar de hambre» a los partidarios del partido opositor MDC con negarles la ayuda del Gobierno. En su tuit, Olkkonen advirtió contra «cualquier politización de la ayuda humanitaria».

Los partidarios del gobierno en Twitter reaccionaron con otros pedidos de levantamiento de las sanciones (figuras 3 y 4).

Timo Olkkonen: No hay que mencionar que toda politización de ayuda humanitaria sería una noticia realmente mala para las iniciativas de movilizar auida internacional, argumento de la Unión Europea expresado en nuestro diálogo ayer. Legislador Farai Musikavanhu (Zanu PF) el domingo se comprometió a negar alimentos a simpatizantes de Zanu PF.
Figura 4. Captura de pantalla de respuesta enviada al embajador de la Unión Europea en Zimbabue por Twitter, 26 de noviembre.

Varakashi en Zimbabue sigue siendo una fuerza con la que hay que lidiar. Sus declaraciones sin restricciones apuntan a activistas y disidentes que critican las políticas de Mnangagwa. Su tenacidad demuestra hasta qué punto el gobierno de Mnangagwa hace caso omiso de las prácticas democráticas y hasta qué punto sus partidarios están dispuestos a frustrarlas.

Este artículo forma parte de una serie de publicaciones que examinan la interferencia sobre los derechos digitales mediante métodos como la interrupción de las redes de emisoras y la desinformación durante acontecimientos políticos claves en siete países africanos: Argelia, Etiopía, Mozambique, Nigeria, Túnez, Uganda y Zimbabue. El proyecto está financiado por el Fondo Africano de Derechos Digitales de Colaboración en Política Internacional de Tecnología de la Información y las Comunicaciones para África Oriental y Meridional.