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Etiopía: Alto al discurso de odio, no a la libre expresión

Ciudadanos se ponen al día con las noticias en Adía Ababa, Etiopía, 17 de febrero de 2008. Foto de Tristam Sparks vía Flickr (CC BY-NC-ND 2.0).

Nota del editor: Este artículo de Samuel Gebre, periodista de Adía Abeba y Abiyán especializado en África Oriental y Occidental, se reproduce a través de una asociación entre Global Voices e IFEX. Lee la historia original acá

La proliferación del “discurso de odio” y la información falsa se ha vuelto un fenómeno global, y Etiopía no es la excepción —pero un nuevo intento de contenerlo con nueva legislación puede ser más perjudicial que beneficioso.

Hay preocupación de que la nueva ley de discurso de odio e información falsa de Etiopía pueda reprimir la libertad de expresión y regresar a Etiopía a su represivo pasado.

Befekadu Hailu, cofundador del colectivo de blogueo Zone 9 y galardonado en 2019 con el premio Escritor de Coraje de PEN International, tiene experiencia de primera mano del represivo pasado de Etiopía; ha estado cuatro veces en prisión bajo la ley contra el terrorismo del país.

A Hailu le preocupa la nueva ley:

Hate speech is a big problem in Ethiopia. I think trying to regulate speech through laws in the Ethiopian context makes it all the more dangerous.

El discurso de odio es un gran problema en Etiopía. Creo que tratar de regular la expresión a través de leyes en el contexto etíope lo hace más peligroso.

La ley podría “amenazar la democracia”, agregó.

El Gobierno dice que el propósito de la ley de discurso de odio e información falsa es “enfrentar la erosión de la cohesión social, estabilidad política y unidad nacional del país”. La legislación propone un plazo máximo de cinco años de prisión.

Pero ¿de qué estamos hablando exactamente cuando hablamos de “discurso de odio”? Pensamos que sabemos lo que es, o no es, y que lo reconoceremos cuando lo veamos. Y podemos imaginar lo peligroso y tóxico que puede ser. El problema es que cuando se utiliza como término para describir una expresión excluida de la protección de la libertad de expresión y sujeta a graves sanciones legales, quienes están en el poder pueden ejercerla abusivamente y provocar un enfriamiento de la expresión crítica de manera más general.

La organización de defensoría ARTICLE 19 tiene un útil recurso en el tema de cómo identificar el discurso de odio y contrarrestarlo de manera efectiva.

“Uno de los problemas es que los tipos de discurso que esas leyes penalizan son a menudo imprecisos y demasiado amplios, lo que dificulta que las personas sepan cómo mantenerse del lado correcto de la ley, y también hace que sea fácil caer en abusos”, dijo Laetitia Bader, de Human Rights Watch. “Esto es particularmente preocupante dada la historia reciente del país de usar leyes imprecisas y demasiado amplias para reprimir la disidencia y el discurso legítimos”.

Berhan Taye, analista principal de Access Now, organización de defensa y promoción, sostiene que esas evaluaciones deben basarse en pruebas. “La investigación actual que se refiere para justificar esta ley fue publicada en 2015 cuando el panorama político del país era muy diferente”.

El Gobierno etíope es conocido por las detenciones arbitrarias de activistas, periodistas y líderes opositores en las últimas tres décadas. Etiopía bloquea frecuentemente internet sin explicación. Solamente en el último año y medio, al mando de un nuevo primer ministro, se produjeron rápidas reformas políticas. Miles de detenidos políticos y periodistas quedaron en libertad. Activistas y políticos exiliados eran bienvenidos a participar en la política local.

David Kaye, relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, ha pedido al Parlamento etíope que acelere la revocación y reemplace el proceso de la “muy despreciada proclamación antiterrorista“.

Preocupaciones de violencia

Como el espacio político se ha abierto, los incidentes de incitación al odio y desinformación han ido en aumento. La reciente violencia étnica y religiosa ha causado la muerte de cientos de personas en este tenso y fragmentado país. Fisseha Tekle, de Amnistía Internacional, sugiere que las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales deben trabajar para abordar estas profundas causas de la hostilidad y la desigualdad entre los grupos antes de pasar a la legislación.

“En los últimos meses, el país ha enfrentado ataques muy serios de violencia comunal y, justificadamente, el Gobierno está bajo presión para responder”, dijo Bader, y añadió que “vemos poca evidencia de que las leyes que penalizan la incitación al odio logren sus propósitos declarados, y a menudo se ha abusado de esas leyes”.

A principios de 2019, Abiy Ahmed, primer ministro etíope y antiguo jefe de INSA, agencia de ciberseguridad de Etiopía, instó firmemente al uso “constructivo” y educativo de los medios sociales, y advirtió que no había lugar para plataformas que destruyeran el país.

En los últimos meses, la violencia se desató cuando el influyente activista Jawar Mohammed, que dirige la Red de Medios de Comunicación de Oromia, con 1,7 millones de seguidores en Facebook, anunció que el Estado había retirado a su personal de seguridad y que su vida estaba en peligro. En los días siguientes, casas y lugares de culto fueron destruidos y 86 personas perdieron la vida.

El gabinete aprobó la ley unas semanas después.

Luego de conversaciones entre la sociedad civil y funcionarios gubernamentales de mediados de diciembre, Kaye advirtió que la ley amenazó la libertad de expresión. “Como está planteada actualmente, podría reforzar más que calmar las tensiones étnicas y políticos”, dijo.

Etiopía tendrá elecciones generales a mediados de 2020.

“Parece obvio decir que el proyecto de ley está motivado políticamente”, dijo Helefom Abraha, investigador de política y gobernabilidad de la Información de la Universidad de Malta, que antes trabajó en INSA como investigador de derecho cibernético y políticas en Etiopía. Sostuvo que Etiopía ya cuenta con la proclamación de la delincuencia informática y la proclamación de los medios de comunicación que, de aplicarse, podrían frenar la incitación al odio y la difusión de información falsa.

“Sé que podría haber mecanismos para abordar esta cuestión utilizando el derecho penal vigente”, dijo Elias Meseret, destacado periodista de Etiopía que se ocupa de las noticias falsas.

El panorama de medios sociales es un espacio aún más arriesgado para que las mujeres naveguen. La violencia contra las mujeres ocurre con frecuencia, generalmente sin rendición de cuentas. La violencia de género en línea contra las mujeres y las minorías sexuales está descontrolada en Etiopía.

“Aunque muchas etíopes lo utilizan como herramienta para establecer conexiones y expresarse, también puede ser peligroso. Muchas mujeres se quejan de acoso en las plataformas de los medios de comunicación social, y a veces este comportamiento exacerba o agrava el acoso al que se enfrentan día a día en Etiopía”, manifestó Haben Fecadu, activista de Amnistía Internacional.

Taye no cree en los organismos encargados de hacer cumplir la ley del país, y señala su renuencia a investigar la violencia de género fuera de línea, y mucho menos la violencia de género en línea. “Las protecciones legales ya son difíciles de garantizar para la persona promedio, y esto podría tener consecuencias desastrosas para las etíopes que se enfrentan a la violencia, tanto en línea como fuera de línea”.

Sin fin a la vista

“La mayor parte de la difusión de información falsa y discurso de odio es en línea y por parte de personas anónimas, o quienes viven en el extranjero donde no hay leyes contra el discurso de odio, así que es menos probable que sea efectiva”, dijo Hailu.

Los etíopes que viven fuera del país son activos en Norteamérica y Europa, y su apoyo presionó al Gobierno etíope la reforma de 2018. También hay una población que cada vez sabe más de internet en Etiopía ahora. Etiopía tiene más de seis millones de usuarios de medios sociales activos y las cifras crecen rápidamente, según un informe de Global Digital de 2019.

“Dada la creciente digitalización de la penetración de internet en el país, el problema [del discurso de odio y la información falsa] solamente seguirá creciendo”, dijo Abraha.

A medida que crece la base de usuarios de medios sociales, las empresas detrás de las plataformas deben asumir más responsabilidad, dijo David Kaye.

They cannot be mere bystanders while playing such major roles in Ethiopia’s public square. They make money from countries, and here they should devote resources to supporting independent media that itself can counter hate speech. What they should do is create a fund — let’s start with $10 million dollars, a rounding error for both Facebook and YouTube.

No pueden ser meros espectadores mientras desempeñan papeles tan importantes en la esfera pública de Etiopía. Ganan dinero de los países, y aquí deberían dedicar recursos para apoyar a los medios de comunicación independientes que puedan contrarrestar los discursos de odio. Lo que deberían hacer es crear un fondo –empecemos con 10 millones de dólares, un error de redondeo Facebook y YouTube.

Caminos a la libre expresión

Bader no está en contra de la ley de discurso de odio en principio, pero sostiene que el Gobierno necesita una estrategia integral y que esta ley —mejor redactada— solamente sea una pequeña parte:

[The government] should be developing public education campaigns, and high-level officials at both the federal and regional level should be speaking openly about the dangers of hate speech and the importance of tolerance.

[El Gobierno] debe desarrollar campañas de educación pública y funcionarios de alto nivel a nivel federal y regional deberían hablar abiertamente sobre los peligros del discurso de odio y la importancia de la tolerancia.

Abraha agregó:

The government has to support and promote independent initiatives to debunk fake news and fight hate speech. There are some fact-checking initiatives, but they do not have the proper training and resources.

El Gobierno debe apoyar y promover iniciativas independientes para desmentir las noticias falsas y luchar contra el discurso al odio. Existen algunas iniciativas de verificación de hechos, pero no cuentan con la capacitación y los recursos adecuados.

“La mejor manera de luchar contra estos problemas es trabajar en la alfabetización mediática y abrir más espacio, dijo Messert, quien comprueba a diario las publicaciones de los medios sociales. Aunque sostiene que el proyecto de ley podría ser una herramienta importante para tratar la incitación al odio y la desinformación, agregó:

At the same time, I share the widespread concern that it could be used to stifle dissenting voices, as has been the case with the anti-terrorism law. To prevent this, the law should be applied by a competent judicial body and it should only be used for the purpose it was intended to deal with.

Al mismo tiempo, comparto la preocupación generalizada de que se pueda utilizar para reprimir las voces disidentes, como ha ocurrido con la ley antiterrorista. Para evitarlo, la ley debería aplicarla un órgano judicial competente y solamente debería utilizarse para los fines para los que fue planteada.

El comentario de Messert sobre un organismo judicial competente resuena; todavía hay desconfianza en el Poder Judicial en Etiopía, y los arrestos según esta nueva ley podrían considerarse como políticamente motivados y destinados a reprimor las voces disidentes mientras el país avanza hacia elecciones muy importantes en 2020.

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