Revolución de viajes compartidos de Sudán necesita mejor regulación

Taxis en Jartum, Sudán, 20 de octubre de 2012. Foto de Digitalain vía Flickr (CC BY-NC 2.0).

Los aplicativos de viajes compartidos han revolucionado el transporte y mejorado la vida alrededor del mundo. En Sudán, este cambio llegó con complicaciones y debates legales sobre organización laboral y relaciones entre los dueños de la plataforma y los conductores.

El sector de viajes compartidos de Sudán enfrenta serios desafíos: derechos laborales, algoritmos sesgados y privacidad de datos que deben abordarse para que los viajes compartidos sean sostenibles.

En los últimos años, luego de la expansión de la penetración de internet a casi el 30 %, el sector de viajes compartidos de Sudán empezó a alzar vuelo.

Ahora, plataformas como Tirhal, Lemon y Mishwar dominan el mercado. La empresa extranjera Careem, con sede en Dubái, fue adquirida por Uber en 2019, y otras empresas trataron de invertir en Sudán, pero al final cambiaron de planes. Empresas emergentes como Tarha basaron su modelo de negocios en la idea de viajes compartidos al mismo destino.

Los viajes compartidos han tenido un profundo impacto en los conductores de taxi de Sudán y creado intensas rivalidades entre ellos —y conductores de viajes compartidos— para asegurarse los clientes.

En diciembre de 2018, la Unión General de Trabajadores del Transporte y el Ministerio de Transporte emitieron un comunicado para apoyar la suspensión de los aplicativos de transporte compartido. El secretario general del sindicato, Yosif Jamaa, dijo que estas aplicaciones eluden la ley de transporte de emergencia (ET), permiso destinado a usarse solamente en casos de emergencia. “La ley sobre transporte de emergencia no es permanente y no debe usarse todo el tiempo, además de los fallos del sistema, los problemas técnicos y otros asuntos que no tienen legislación especial”, dijo Jamaa.

Los medios sociales sudaneses reaccionaron a estos intentos.

Taxis en Jartum, Sudán, febrero de 2007. Foto de Turkairo vía Flickr (CC BY-NC 2.0).

Embotellamiento de desafíos

Actualmente, solamente hay dos acuerdos contractuales que regulan el sector de viajes compartidos.

El permiso de transporte de emergencia lo emite el Estado. Técnicamente, este permiso está destinado a ser usado en emergencias solamente. Sin embargo, todas las empresas de transporte compartido deben solicitar este permiso como una condición para su registro.

Los conductores de viajes compartidos también deben estar de acuerdo con varios términos y condiciones y firmar estos contratos cuando descarguen las solicitudes para trabajar para las compañías de viajes compartidos. Estos acuerdos rigen y organizan la relación entre los conductores y los propietarios de las plataformas.

Sin embargo, estos acuerdos contractuales –aunque cubren relaciones básicas entre el Estado, los propietarios de las plataformas y los conductores– siguen pasando por alto cuestiones cruciales en términos de derechos laborales.

Por ejemplo, la ley no reconoce a los conductores como trabajadores a tiempo completo. Con una categorización imprecisa como “conductores” o “contratistas”, las empresas pueden eludir la responsabilidad de proveer seguro médico y otros beneficios. Los acuerdos contractuales actuales también son imprecisos sobre las responsabilidades de los conductores de pagar impuestos por los ingresos obtenidos en su trabajo en la industria de transporte compartido.

El sesgo de los algoritmos plantea otro reto para los conductores. Las plataformas no son transparentes en cuanto a los algoritmos utilizados para organizar el tráfico y establecer las tarifas. Estos algoritmos a veces pueden mostrar sesgos hacia determinadas zonas, lo que impide compatibilizar a conductores con clientes. Los conductores deben saber qué algoritmos se utilizan para establecer los precios y determinar las rutas viables.

La privacidad y la protección de los datos siguen siendo vulnerables para quienes participan en los viajes compartidos, clientes y conductores. Los nombres, direcciones y números de auto de los conductores deberían ser protegidos por los propietarios de las plataformas, pero no hay nada en los acuerdos actuales que garanticen la privacidad de los datos. Algunas aplicaciones para compartir auto, como Lemon, ponen un enlace a una política de privacidad que sólo conduce a su página web –quizás para cumplir con los requisitos de registro de las tiendas Apple y Google Play.

Una filtración de datos del taxi Tirhal durante la revolución en Sudán en enero de 2019 puso de manifiesto la importancia de la protección de datos. El pirata informático, que se hace llamar “Mr. Sniper” en Twitter, tuiteó que los datos filtrados incluían historiales de pedidos y ubicaciones en directo y datos de registro de conductores y clientes. Un análisis más profundo de los datos filtrados reveló los nombres de los conductores y la información de la licencia, las marcas y modelos de autos, los números de matrícula y los registros de viaje, según Rogue Media.

Organizarse para el cambio

Hasta ahora, los conductores de viajes compartidos no tienen sindicato oficial que pueda dar a conocer sus problemas y defender sus derechos frente a los propietarios de las plataformas y las políticas gubernamentales. El derecho a sindicalizarse no está explícitamente establecido y los conductores no tienen actualmente el derecho a participar en negociaciones colectivas con los creadores de las plataformas sobre condiciones de trabajo, contratos justos, salarios y otros asuntos.

Los conductores se reúnen en algunos grupos de Facebook para discutir diversos problemas y cuestiones, compartir ideas, o vender y comprar autos y accesorios, pero en Sudán no se ha empezado a organizar formalmente para resolver los problemas de los conductores.

Uber, gigante estadounidenses de viajes compartidos, ha tenido que evaluar estos problemas y continúa intentando resolver las grandes disputas con sus conductores.

Muchos sudaneses piensan que la economía sudanesa se ha beneficiado de la industria del transporte compartido y los expertos dicen que ha reducido el problema del transporte en Sudán. Pero para que la sociedad adopte el transporte compartido de manera sostenible, las nuevas leyes deben abordar diversas cuestiones no resueltas para garantizar los derechos de todas las partes.

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