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Lento progreso de las espinosas reformas judiciales en Moldavia

Placa del Tribunal Supremo de Justicia moldavo en Chisináu. Foto de Agora.Md utilizada con autorización.

Este artículo ha sido posible gracias a la colaboración con Transitions, organización dedicada a la publicación y formación mediática con sede en Praga.

El Gobierno moldavo anunció en enero de 2020 “consultas exhaustivas” sobre un nuevo borrador de estrategia para la reforma de la justicia. El gabinete del primer ministro Ion Chicu, que tomó posesión en noviembre, ha pedido a todos los implicados que participen en los intensos debates sobre el tema que se producen en la sociedad moldava. En el país comienza un nuevo capítulo de las eternas –pero aún insatisfechas– promesas de poner en marcha una justicia realmente transparente y profesional, a la vez que responsable de sus acciones.

Todos los políticos moldavos que han llegado al poder en los últimos diez años han declarado que una justicia independiente es su prioridad. Por ejemplo, en 2011 el país emprendió un ambicioso y complejo conjunto de reformas destinado a transformar todo el sistema judicial al mismo tiempo. En principio se alcanzó un acuerdo para asignar al menos 60 millones de euros (casi 65 millones de dólares estadounidenses) de apoyo financiero externo con la esperanza de poner en marcha una justicia rejuvenecida y consecuente para finales de 2017.

No obstante, casi diez años después, los resultados de ese plan son inciertos. O “solo un caparazón vacío”, como lo describió la Comisión Internacional de Juristas en un informe de 2019. Por el camino, la corrupción endémica, el control político, la justicia selectiva, la falta de integridad judicial y una insuficiente aplicación de las leyes han entrado a formar parte de este lúgubre panorama, debido al crecimiento sostenido de la gobernabilidad oligárquica. La confianza de la gente en el sistema judicial desciende continuamente, y se ha reducido a menos de la mitad en los últimos 16 años. Según el Barómetro de Opinión Pública, a finales de 2019, el 65 % de la población moldava no confiaba en la judicatura.

En octubre de 2017 la Unión Europea anunció que congelaba el último tramo de financiación para las reformas (con un valor de 28 millones de euros, o 30 millones de dólares estadounidenses), a causa de que “las autoridades moldavas no han demostrado suficiente determinación”.

Existen razones por las que los políticos moldavos hacen promesas que no pueden o no tienen intención de cumplir. La reforma judicial es popular: una buena oportunidad para ganar votos o criticar las legislaturas de sus oponentes. “La justicia es un tema muy conveniente, más fácil de manipular que los compromisos económicos, por ejemplo. En gran medida, aquí se ha definido la justicia según la voluntad política. (…) Esto no sucede cuando primero se crea la ley teórica y luego se pone en práctica, en este país pasa lo contrario”, explica Dionis Cenusa, analista político moldavo, investigador del Instituto de Estudios Políticos de la universidad Justus-Liebig de Giessen (Alemania).

¿Hay alguna esperanza de que los planes de Chicu acaben de forma diferente?

Una ventana de oportunidad

El gobierno reformista de Maia Sandu no fue una excepción a esta tendencia. Este gobierno tomó posesión a mediados de junio de 2019, tras destituir al Partido Democrático de Moldavia (PDM) y a su líder, el oligarca Vladimir Plahotniuc, y formar una coalición “antioligarquía” con el Partido de los Socialistas (PSRM), encabezada oficiosamente por el presidente Igor Dodon. “Estamos atrapados en un círculo vicioso de falta de justicia, y si no lo resolvemos, no tenemos solución”, dijo Sandu poco después de convertirse en primer ministro. “El año 2019 fue crucial, porque hubo una buena oportunidad cuando el poder del estado quedó algo diluido, debido a que la influencia de Plahotniuc y del PDM se atenuó durante un corto periodo y ningún otro político o partido ha obtenido aún un control total. Por primera vez en años, la sociedad moldava pudo oír una gran diversidad de voces procedentes del sistema judicial”, recuerda Nadejda Hriptievschi, jefa del Programa de Justicia y Derechos Humanos del Centro de Recursos Legales de Chisináu.

Una vez determinada la prioridad, aparecieron los problemas. El nombramiento de un nuevo fiscal general independiente se convirtió en el principal punto de fricción de la inestable coalición entre el bloque proeuropeo ACUM de Sandu y el prorruso PSRM de Dodon. La convocatoria de preselección de candidatos para ocupar la plaza de jefe de la fiscalía, lanzada por el Ministerio de Justicia, fue cancelada por el gobierno de Sandu en noviembre de 2019, después de concluir que los resultados habían sido “manipulados por el miembro de la comisión designado por los socialistas”, que supuestamente valoró a la baja al mejor y dio puntuaciones excesivas a los candidatos menos adecuados por razones políticas. “El concurso demostró que para el Partido Socialista y para su líder de facto, Igor Dodon, una judicatura realmente independiente, en la que incluimos el nombramiento de un fiscal general sin servidumbres, es un peligro considerable”, dijo el fiscal Stefan Gligor, uno de los candidatos del concurso.

Poco después de cancelarse la convocatoria, el Gobierno aprobó una ley que asignaba a la primera ministra Sandu el poder de elegir los mejores candidatos y proponerlos para su nombramiento definitivo por el Consejo Fiscal de Moldavia. “Nos mantuvimos firmes con el puesto de fiscal porque está claro que sin una fiscalía verdaderamente independiente y poderosa no podemos reformar el sistema judicial. Los expedientes que acaban en las mesas de los jueces vienen de los fiscales, y como hasta ahora los fiscales no han hecho su trabajo, ha sido posible el fraude en el sector bancario, la ‘lavandería moldava’ y muchas otras maquinaciones. Hay puestos para los que el Gobierno debe asumir la responsabilidad, ya que los ciudadanos exigen reformas y resultados. La reforma judicial fue el elemento clave para el que ACUM se arriesgó a tomar el poder, y si la reforma no se hubiera hecho entonces, no hubiera merecido la pena seguir [en el poder]”, explica Olesea Stamate, antigua ministra de Justicia en el gabinete de Sandu.

En noviembre de 2019, tras un duro cruce de acusaciones entre miembros del bloque ACUM y los socialistas, estos últimos, apoyados por parlamentarios del PDM, consiguieron destituir al gobierno de Sandu. “Desde una perspectiva política, fue una decisión correcta. El hecho de arrogarse ciertas responsabilidades expuso al PSRM y a Igor Dodon, descubriendo la falsedad de su declarada intención de promover el estado de derecho y el fin de la oligarquía”, añadió Gligor

Un reto familiar

Con el antiguo gobierno fuera de la ecuación y otro recién nombrado, el nuevo ministro de Justicia, Fadei Nagacevschi, reconoció los resultados del controvertido concurso. Alexandr Stoianoglo, exdiputado del PDM y vicepresidente del Parlamento, se convirtió en el nuevo fiscal general de Moldavia el 29 de noviembre. Stoianoglo dejó la política en 2014 y afirma que desde ese momento, nunca ha sido miembro de ningún partido político. Nagacevschi era el abogado del PSRM, y antes de llegar al Ministerio de Justicia ocupó el puesto de asesor de la portavoz del Parlamento, la socialista Zinaida Greceanîi. No obstante, el gobierno del que ambos fueron miembros se declara “tecnocrático”, y su lider, Chicu, fue asesor del presidente Igor Dodon.

Con los socialistas, la reforma judicial ha pasado a ser una estrategia de tres años “para asegurar la independencia y la integridad del sector judicial”. Los expertos que han analizado este documento dicen que no es ni de lejos una respuesta exhaustiva a los múltiples problemas de la judicatura. “No dice ni una palabra del sometimiento del estado y del papel del sistema judicial en ello; ni una palabra sobre la justicia selectiva y los graves problemas relacionados con la corrupción y la integridad de los principales protagonistas del sistema; ni una referencia a los problemas como las vistas demasiado próximas, la ocultación selectiva de identidad en los juicios, la calidad de la educación de jueces y otros profesionales, la falta de personal judicial cualificado, etc. No incluye una clara declaración del problema y no trata el factor humano, que es el principal escollo en el sistema de justicia. ¡Si no se reconocen estos problemas, no se pueden resolver!”, argumenta Hriptievschi.

El borrador de la estrategia se envió al Consejo de Europa el 3 de enero, junto con la propuesta del proyecto para la evaluación de los jueces, mecanismo esencial que filtraría a los magistrados y excluiría los conocidos por su corrupción y falta de credibilidad. El borrador de la propuesta no tardó en recibir críticas de miembros de la oposición: “Según el proyecto de ley que se hizo público recientemente, la evaluación real y externa de jueces ha sido sustituida por una evaluación interna, que utiliza mecanismos ya existentes (…). Los ciudadanos están esperando una reforma de verdad, y los socialistas elaboran una reforma digna de Plahotniuc“, declaró Maia Sandu durante una conferencia de prensa el 20 de enero.

Sandu se refería al comité supervisor que, según propone el proyecto, sería nombrado por una mayoría combinada del PSRM y el PDM del Parlamento. Este comité elegiría posteriormente a los miembros del tribunal que evaluaría a los jueces. La mayoría de los miembros de dicho tribunal sería magistrados en activo. “En esencia, es una evaluación de jueces por jueces, por sus colegas. Es más, los miembros del tribunal no pasarían un filtro de integridad, no se prevé ningún mecanismo para comprobar su historial”, explica Olesea Stamate. “Con este formato, el tráfico de influencias o la corrupción de los evaluadores instigada por los futuros evaluados es inevitable”, añade el fiscal Gligor.

Gligor señala también que en la propuesta no se menciona en absoluto una evaluación exhaustiva de fiscales y de funcionarios de las fiscalías, que según él, era “la herramienta más importante de Plahotniuc para eliminar a competidores políticos y usurpar el poder”.

“Dado que la declaración [de la coalición PSRM-ACUM] sobre el carácter cautivo de las instituciones estatales se dirige al PDM, además de que varios miembros de la facción pertenecen al círculo íntimo del oligarca Plahotniuc, estas personas son las menos interesadas en realizar reformas que hubieran dado a jueces, fiscales y funcionarios de las fiscalías una independencia real de los políticos”, concluye Gligor.

En efecto, si leemos entre líneas, lo que se pretende es una subordinación total de la judicatura al gobierno actual”, dice Stamate.

En respuesta a estas críticas, el ministro Nagacevschi ha señalado que la propuesta de proyecto está en fase de borrador, y que las iniciativas que contiene se debatirán a gran escala. Nagacevschi ha asegurado que aceptará cualquier crítica bien argumentada. “Todo puede debatirse. Esta propuesta es extremadamente flexible y todo se puede cambiar”, declaró el ministro el 21 de enero en una entrevista para el canal TV8.

Aún así, los expertos temen ahora que el tan esperado intento de reformar realmente el sistema judicial esté en peligro… de nuevo. “La reforma de la justicia se ve en dificultades causadas por la falta de confianza en los socialista, que no parecen tener ninguna voluntad de limpiar su imagen. No es posible que fuerzas políticas que tienen serios problemas con la integridad emprendan y lleven a cabo una verdadera reforma. Esas fuerzas pueden realizar pseudoreformas que cambiarían algunos detalles, pero no producirían en absoluto un resultado final óptimo en interés del público. Si el autor de una reforma no tiene credibilidad, tampoco la tendrá su reforma”, concluye Dionis Cenusa.

Consulta la cobertura especial de Global Voices sobre la agitación política en Moldavia

Nota del editor: Global Voices contactó al ministro moldavo de Justicia para pedir su opinión, pero a la hora de publicar este artículo no ha recibido ninguna respuesta.

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