Ni con la ley, ciudades de São Paulo respetan derecho del ciudadano de acceder a información

A pesar de la ley, las ciudades no responden las solicitudes de información que envían los ciudadanos | Imagen: Fellipe Sales/Agência Mural

Este texto es de Paulo Talarico y Priscila Pacheco. Se publica aquí en virtud de una asociación para compartir contenido entre Global Voices y Agência Mural.

El sitio web de la prefectura de Diadema, en el Gran São Paulo, parece transparente. Así de simple. Al acceder a la página, aparece un aviso para que los ciudadanos participen en la discusión sobre el plan maestro de la ciudad. En la pestaña de Gobierno o cerca del pie de página se encuentra el Portal de Transparencia.

Aparece la página de la LAI (Ley de Acceso a la Información), ley creada en 2011 que regula el acceso de los ciudadanos brasileños a la información pública. La Agencia Mural registró una solicitud el 9 de agosto. Solicitamos datos sobre la ejecución del plan de objetivos de gestión del alcalde Lauro Michels (Partido Verde), reelegido en 2017. Se espera que el sistema responda para el 29 de agosto. Pero casi tres meses después, nada.

La falta de transparencia de Diadema no es aislada y es una realidad que viven los habitantes de casi la mitad de la región metropolitana de São Paulo. Agencia Mural solicitó datos de los planes de objetivos de las 39 ciudades del Gran São Paulo –17 ignoraron las solicitudes.

La legislación define que todos los organismos públicos de Brasil tienen la obligación de revelar información cuando hay una solicitud de cualquier ciudadano (excepto en los casos de secreto). La ley no se cumple especialmente en las ciudades. La situación es crítica incluso en regiones populosas como el Gran São Paulo, donde viven 21 millones de habitantes (10 % de la población del país).

En algunos casos, ni siquiera se encontraron las páginas para registrar las solicitudes de información, y en otros no hubo opción de apelar si la demanda no fue respondida. Ambas son obligación de los Gobiernos municipales según la LAI (Ley 12.527/2011).

Reportaje solicitado por la oficina de correos para ciudades que no tenían una plataforma electrónica | Foto: Anderson Meneses/Agência Mural

Transparencia como promesa

Decir que es transparente suele ser el sello de los candidatos en las elecciones brasileñas. La práctica cambia cuando asumen el poder.

Cuando se presentó como candidato a la alcaldía de Mogi das Cruzes en 2016, Marcus Melo (Partido da Social Democracia Brasileña), se empeñó en inscribir en el plan de Gobierno que “ampliaría las herramientas de transparencia y control social de la administración pública”. Tres años después, en la práctica, esta no es la situación.

Con 400 000 habitantes y un presupuesto de 1600 millones de reales por año (algo más de 364 millones de dólares), el municipio no tiene una página de fácil acceso. Como no encontramos el e-SIC (Sistema de Información al Ciudadano), enviamos una solicitud por carta. La municipalidad se puso en contacto con nosotros y dijo que necesitaba un documento personal y el número de teléfono para el registro.

El documento fue enviado el 15 de agosto. Cuatro días después fue archivado. Pasaron tres meses y no se recibió ninguna respuesta. No hay ningún canal al cual recurrir.

Jamile Santana, de 31 años, cofundador del sitio Painel Jornalismo, también tuvo problemas para acceder a los datos en la ciudad. Jamile dice que ya ha presentado denuncias ante el Ministerio Público contra Mogi das Cruzes y la ciudad vecina de Guararema.

En la demanda contra Mogi, puntuó los obstáculos que encontró en el e-SIC, incluida la falta de opción de presentar una apelación, cuando el 12 de junio de 2019 presentó una solicitud de acceso a la lista de deudores inscritos en la deuda activa del municipio.

La prefectura incumplió con el plazo de 20 días y el 3 de julio, sin solicitar una prórroga, informó a Jamile que el Portal de Transparencia no era la vía correcta. Afirmó que la solicitud debía hacerse por escrito y en persona en el Protocolo General, el lugar de servicio. Sin embargo, la Oficina del Fiscal General archivó la acción.

En Guararema, la cuestión que se planteó ante el Ministerio Público fue que la misma persona que había evaluado la apelación había rechazado la solicitud anteriormente. Jamile había enviado una solicitud de ISS (Impuesto sobre Servicios) por correo electrónico y recibió una respuesta incompleta del jefe del sector financiero.

“Le pregunté, ¿cómo entro ern este recurso de apelación? Yo puse los argumentos, y quien juzgó fue el propio jefe que me atendió la primera vez”, dice. Según el artículo 15 de la LAI, la apelación debe ser evaluada por alguien de jerarquía superior.
El Tribunal de Cuentas del Estado identificó la falta de cumplimiento del LAI en Mogi das Cruzes. En un dictamen de agosto de 2019, el consejero Sidney Beraldo enumeró cinco tipos de faltas. “Aunque se ha creado un sistema de información al ciudadano, no existe legislación municipal que se ocupe del acceso a la información”, dijo. Sin embargo, el TCE recomendó aprobar las cuentas.

Pocos avances

La falta de transparencia identificada es similar a la encontrada por la Agencia Mural en 2018, cuando identificamos al menos 20 ciudades que dificultan el acceso a la información pública. En ese momento, la mayoría no tenía e-SIC visible.

Sin embargo, esta vez optamos por enviar las solicitudes por carta a las prefecturas donde no localizamos el sistema o tuvimos algún problema que impidió el registro. Hicimos 13 envíos por correo.

De estas, tres ciudades respondieron: Suzano, que envió una respuesta; Biritiba Mirim, que rechazó la solicitud, y Mogi, citada anteriormente. Otras nueve ciudades simplemente ignoraron la correspondencia. Los problemas de transparencia van más allá de las ciudades del Gran São Paulo.

En mayo, la ONG Artículo 19 publicó un informe con los resultados de la evaluación del funcionamiento de los e-SIC de los 26 estados y el Distrito Federal, la Contraloría General de la Unión (CGU), el Senado, la Cámara de Representantes, el Tribunal Supremo (STF) y el Tribunal Superior de Justicia (STJ).

Ningún organismo logró alcanzar el 100 % de criterios definidos, CGU fue el que obtuvo la mayor puntuación, el 93 %, seguida de los estados de Alagoas y Maranhão, ambos con el 80 %. En Roraima no fue posible ni siquiera registrarse, porque el sistema no estaba en línea.

¿Por qué no cumplimos con la ley?

Pero ¿qué lleva a una ciudad a no cumplir con una ley vigente durante siete años? Le preguntamos a Fabiano Angélico, experto en transparencia pública.

Uno de los puntos es que las prefecturas pequeñas pueden tener dificultades para establecer la estructura necesaria. Se necesita tecnología y un equipo para satisfacer la demanda.

Sin embargo, las alcaldías con presupuestos de casi 3000 millones de reales al año (unos 684 millones de dólares), como Barueri, también ignoraron las solicitudes de la Agencia Mural. Gobernada por quinta vez por Rubens Furlan (Partido de la Democracia Social Brasileña), la prefectura no respondió las preguntas sobre LAI.

A veces, a los gerentes tampoco les interesa el asunto. “La voluntad política es una cosa creada. Es la gente, las ONG, los periodistas locales, los que hacen que la prefectura se sienta estimulada a actuar”, dice Angélico.

Para él, cuantas más solicitudes, más posibilidades de que la ley se utilice eficazmente. “Está muy claro que Estados y prefecturas no tienen más excusas”, dice.

Explica que hay tres maneras de exigir mejoras en el acceso a la información. La primera es movilizar a la opinión pública, llevar el tema a la Cámara Municipal para denunciar la situación a los medios que operan en la ciudad. La segunda vía es la Fiscalía y, por último, el Tribunal de Cuentas del Estado.

Especialmente en el caso de los periodistas, se recomienda actuar en conjunto, sobre todo en los municipios más pequeños, por razones de seguridad. “La Asociación Brasileña de Abogados (OAB) que presenta una denuncia por incumplimiento, por ejemplo, puede tener más peso en el Ministerio Público”, dice Angélico.

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