Vea la cobertura especial de Global Voices sobre cómo las mujeres luchan contra la violencia de género en América Latina.
Hace tres años y medio, Solsiret Rodríguez Aybar, de 23 años, desapareció de su casa en El Callao, una ciudad cercana a la capital peruana, Lima, donde vivía con su compañero Brian Villanueva. Era una madre de dos hijos que estudiaba sociología en la Universidad Nacional Federico Villarreal. También era activista del movimiento «Ni una menos«.
A pesar de que sus padres presentaron una denuncia de desaparición en ese momento, las autoridades nunca han investigado su caso. Los medios de comunicación también lo han ignorado en gran medida.
Las cosas siguieron así hasta febrero de 2020, que bajo los auspicios de un nuevo fiscal, se hicieron las primeras detenciones relacionadas con el caso de Solsiret. Poco después, las autoridades descubrieron que Rodríguez estaba muerta y que sus restos habían estado escondidos en la casa de su antiguo hogar todo este tiempo.
La familia inmediata de Villanueva está siendo investigada por asesinato, después de años en que la policía nunca los llamó para cuestionarlos. Su casa nunca fue registrada.
Las redes sociales peruanas explotaron con indignación. ¿Por qué las autoridades peruanas tardaron más de tres años para aclarecer el caso de esta joven?
El caso
El 24 de agosto 2016, Brian Villanueva presentó una denuncia en contra de Solsiret por presunto abandono de hogar. Dos días después, los padres de Solsiret también intentaron presentar una denuncia, pero la policía no la aceptó por la denuncia previa presentada por Brian. Los padres refieren que:
El superior Dante Pastor se negó a admitir la denuncia aduciendo que por su “amplia experiencia”, seguramente Solsiret se había ido de la casa, probablemente con otro hombre y estaba “con la cabeza caliente”.
Pudieron presentar la denuncia el 1 de septiembre de 2016, cuando ya Solsiret tenía una semana de haber desaparecido. Según informan los padres de la víctima, la fiscal Lucila Aliaga, en quien recayó el caso, no habría tomado las acciones pertinentes para ubicar a la joven.
Dos años después, el caso fue tomado por la fiscal María Quicaño, que tampoco no recopiló la información importante del caso, según los padres.
Las cosas avanzaron solamente cuando el fiscal Jimmy Mansilla Castañeda asumió el caso de Solsiret Rodríguez en enero 2019. Obtuvo resultados en un mes.
Fue vital el rastreo del teléfono de Solsiret: por medio de pesquisas encontraron que habían retirado su tarjeta SIM del teléfono y la habían insertado en el teléfono de Andrea Aguirre Concha, concuñada de la víctima.
Ese indicio llevó a la captura y detención de Andrea Aguirre el 18 de febrero de 2020 y de su pareja Kevin Villanueva, el hermano gemelo de Brian Villanueva. Andrea Aguirre Concha confesó que los restos de Solsiret Rodríguez estaban en su casa.
De acuerdo a las declaraciones de Aguirre, Solsiret murió a causa de un golpe en la cabeza tras una caída mientras discutían, pero los resultados de la autopsia desvirtúan esa versión. Según manifestó el director de la Policía Nacional del Perú (PNP), José Luis Lavalle, en conferencia de prensa:
Aquí se ve que habrían ejercido violencia sobre la víctima y esto nos trae a las posibilidades de un homicidio calificado; es decir, un asesinato, y que el móvil gira alrededor de un conflicto al interior de este grupo familiar.
Carlos Basombrío, que era ministro del Interior al momento de la desaparición de la joven y que renunció por motivos ajenos a este caso, tuiteó la imagen de una declaración en la que lamenta haber tomado como cierto un informe de la Policía, según el cual Solsiret había abandonado a su pareja y su familia por voluntad propia:
Si pudiera renunciar de nuevo lo haría de nuevo.
Asumo toda la responsabilidad política. pic.twitter.com/SXDyXSB1fP— Carlos Basombrio (@CarlosBasombrio) February 19, 2020
Indignación en las redes
La periodista Mabel Huertas hizo un recuento del caso:
2 fiscales, uno tras otro, renunciaron a investigar el caso de Solsiret, no les dio la gana, faltaron a su principal función, defender a una ciudadana y perseguir el delito. Un tercer fiscal en el 2019 hizo su trabajo y finalmente la justicia está cerca. @FiscaliaPeru vergüenza.
— Mabel Huertas (@mabel_huertas) February 19, 2020
Carlos León Moya, columnista de diversos medios de prensa, presentó algunas interrogantes:
Sobre el caso Solsiret. Su cuñado, Kevin Villanueva, siempre fue el principal sospechoso. Entonces, ¿cómo así NO registraron la casa de su pareja? ¿Cuándo lo hicieron, tres años y medio después? Además, la Fiscalía estuvo meses sin hacer la denuncia. Les importó un pito.
— Carlos León Moya (@contracultural) February 19, 2020
Kathe Soto, amiga de Solsiret, contó cómo ha vivido estos tres años y medio:
Hace 3 años, 5 meses y 26 días recibí una llamada qe marcaría mi vida.
Llamaban para decirme qe Sol, una d mis mejores amigas, no había llegado a casa, estaba desaparecida.
Hicieron «investigaciones» y decían q ella se había ido.
Sol nunca se fue, hoy sabemos q la desaparecieron. pic.twitter.com/toDUJfGm7G— Kathe Soto (@kateSotoT) February 18, 2020
Un caso entre cientos
En 2019, un triste registro de 168 mujeres fueron asesinadas por feminicidio en Perú, es decir, fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres. Durante el mismo año, hubo apenas cuatro condenas por feminicidio en el Perú. Recién en octubre de 2019, se dio la primera condena a cadena perpetua por feminicidio.
Saira Luján, activista del Paro Internacional de Mujeres, explicó al Salto Diario que:
Las mujeres víctimas de violencia no solo se enfrentan a sus agresores y a la sociedad machista sino también al sistema judicial que, lejos de garantizar protección de acuerdo a una normativa nacional aún deficiente, duda de ellas, las revictimiza y obtienen sentencias arbitrarias que incluso llegan a la absolución de la pena del agresor.
Al 20 de febrero de 2020, 25 mujeres habían sido víctimas mortales de violencia de género en el Perú.
El 85 % de feminicidios ocurre en un contexto de «pareja, de convivencia, de enamorados, novios, exenamorados o exesposos», según Eliana Revollar, adjunta para los derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo de Perú. Como explica la psiquiatra Martha Rondón:
… el hombre cree o hace creer que es el jefe de la familia y que debe «sancionar» a la mujer por no obedecer. Por eso la cela, por eso la controla y por eso en muchos casos, le quita la vida.