Imagen de Flickr de Emergentes, tomada durante movilización del 11 de mayo de 2018, bajo la licencia cc.

Mira la cobertura especial de Global Voices sobre cómo las mujeres luchan contra la violencia de género en América Latina.

En Argentina, la ley vigente ampara a las niñas violadas que quieren abortar. Pero en los hechos, debido a la polarización de la sociedad Argentina cuando se habla de aborto, las niñas violadas tienen que afrontar obstáculos burocráticos, legales y sociales para acceder a sus derechos.

Desde 1921, el aborto es legal cuando el embarazo es producto de una violación y cuando la vida de la madre esta en riesgo, y para las feministas argentinas, «una niña embarazada es una niña «violada», ya que una niña no puede dar consentimiento sexual. La edad de consentimiento en Argentina es de 13 años.

Por eso, durante la convocatoria del #19F organizada frente al Congreso el 19 de febrero 2020, las feministas exigieron no solo la aprobación en 2020 del nuevo proyecto de aborto legal, seguro y gratuito, sino también que se haga valer el derecho al aborto por estas causales que ya está consagrado en la ley argentina.

Durante la masiva concentración, el colectivo chileno Las Tesis participó adaptando la letra de su conocido himno Un violador en tu camino:

Duerme tranquila mi niña madre,
Sin que te importe quién te violó,
Que por tu hijo, bebé inocente,
Vela la Santa Inquisición.

El calvario de «Lucía»

Para Argentina, el caso «Lucía», en la provincia norteña de Tucumán, fue emblemático debido a la violencia que sufrió la niña en cada etapa del proceso.

Lucía, nombre ficticio para proteger a la menor, era una niña de 11 años que quedó embarazada tras haber sido violada por la pareja de su abuela. Le impidieron el acceso al aborto legal y, posteriormente, la sometieron a una cesárea prematura.

Hacia fines de enero de 2019, Lucía acudió al hospital público con su madre para acceder a un aborto legal: «Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo», lloraba.

El personal del hospital alegó objeción de conciencia y se negó a practicar el aborto. La madre de Lucía relató que el personal médico la presionaba, la hacía sentir culpable y buscaba dilatar el procedimiento para «salvar a las dos vidas». Desde afuera del hospital, un grupo de personas le gritaban «asesina».

Imagen de Instagram de Socorristas en Red. Usada con permiso.

También se organizaron vigilias religiosas. Incluso el arzobispo de la provincia llamó a sus fieles a «custodiar» la vida de Lucía y del feto a través de un audio donde revelaba el verdadero nombre de la menor, acto que quebrantaba el derecho a la privacidad de la niña y de su familia.

Solo cuando recibió un oficio judicial de abogados de derechos humanos, el gobierno provincial autorizó una cesárea, Lucía ya con seis meses de gestación. Mientras tanto, grupos «provida» marchaban afuera para que la hicieran continuar con el embarazo por el bien de la criatura.

«Faustina» nació por cesárea el 26 de febrero de 2019, pero falleció diez días después por complicaciones respiratorias. Su muerte coincidió con el Día de la Mujer.

Los médicos que practicaron la cesárea fueron denunciados por homicidio por una abogada del Partido Demócrata Cristiano con el apoyo de grupos religiosos y fundamentalistas.

Dos semanas después, una jueza de familia de Tucumán dictaminó que la criatura fallecida no sería inscrita como hija de Lucía, pues la niña «no tuvo voluntad procreacional ni vocación de maternar».

El llamado «caso Lucía» fue retomado por los medios del mundo y llegó a los organismos internacionales. En marzo de 2019, las autoridades de la provincia de Tucumán fueron denunciadas ante las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Casi un año después, el 14 de febrero de 2020, el violador de Lucía fue condenado a 18 años de prisión. En una sentida carta, la madre expresó su agradecimiento por el apoyo recibido y su deseo de que ese calvario no lo sufrieran otras niñas.

¿Protocolos para ayudar a las otras Lucías?

Hay otros casos de niñas embarazadas a quienes se les impide el aborto legal y seguro. Para que pudieran acceder a sus derechos, la Corte Suprema argentina ratificó en 2012 la legalidad del aborto en caso de violación y exhortó a los gobiernos nacionales y provinciales a establecer protocolos hospitalarios para la adecuada atención de los abortos no punibles.

Imagen de Instagram de @lulidibuja. Créditos: Luly Ruiz. Usada con permiso.

En diciembre de 2019, el Ministerio de Salud del recién estrenado gobierno de Alberto Fernández publicó un protocolo nacional que regula la práctica del aborto no punible.

No obstante, a nivel provincial, solo 10 de 23 provincias argentinas cuentan con protocolos adecuados o adhieren al nacional. Según el medio Chequeado, «la ausencia de un protocolo no significa que en esas provincias no se puedan realizar abortos legales, ya que es un derecho previsto en la ley argentina. Sin embargo, la falta de protocolos ajustados al fallo de la Corte hace que se presenten obstáculos para el verdadero acceso a este derecho por parte de las mujeres».

Las niñas embarazadas de Argentina y el mundo

Según el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Castelli, el embarazo de niñas en Argentina se redujo 20% entre 2015 y 2018. Aun así, fueron 87.188. Entre ellas, la mayoría de las embarazadas menores de 15 años fueron resultado de abusos sexuales intrafamiliares, según la socióloga Silvina Ramos.

Las complicaciones durante el embarazo, como las hemorragias, las consecuencias del aborto inseguro y la obstrucción del parto, son la causa principal de muerte entre las niñas de 15 a 19 años en todo el mundo.

De los países de América Latina y el Caribe, solo Cuba, Uruguay y unos pocos estados de México tienen leyes que garantizan el aborto sin restricciones. En toda la región, 30% de las embarazadas tienen menos de 18 años, y es la única región del mundo en la cual los partos en niñas aumentan, según afirma el sitio de Niñas, no madres.

La campaña latinoamericana Niñas, No Madres también encabeza denuncias contra varios estados de América Latina ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, con base en casos concretos de niñas a quienes impidieron el acceso a un aborto legal y a los medios necesarios para la prevención de embarazos no deseados.