Actual presidente David Granger sonríe tras emitir su voto durante las elecciones generales de Guyana el 2 de marzo de 2020. Captura de pantalla de un video de YouTube publicado por Guyane la 1ère.

Una moción de censura contra la coalición gobernante de Guyana, Una Asociación para la Unidad Nacional/Alianza para el Cambio (APNU+AFC), presentada por el opositor Partido Popular Progresista (PPP) en el Parlamento del país el 21 de diciembre de 2018, finalmente resultó en  elecciones generales que tuvieron lugar el 2 de marzo de 2020, un año después de lo previsto en la Constitución.

Así como la controversia afectó el voto de desconfianza, también ha afectado cómo se manejan los resultados de la elección. Varias semanas después de la votación, no ha surgido un claro ganador. Un editorial del 6 de marzo en el Stabroek News, ampliamente considerado como registro del país, acusó a la Comisión Electoral de Guyana (GECOM) de «trabajar en interés» del actual gobierno y «amañar las elecciones generales de 2020 ante nuestros ojos».

La batalla iba a ser feroz porque hay mucho en juego. Las reservas de petróleo y gas recientemente descubiertas de Guyana estarán efectivamente controladas por cualquier partido político que salga victorioso en las elecciones, y la afluencia de inversiones extranjeras procedentes del incipiente sector energético del país está destinada a transformar su potencial económico. El Fondo Monetario Internacional ha proyectado que la economía de Guyana crecerá un 85 % este año, y The Economist informó que para 2024, la nueva riqueza del país «podría aumentar los ingresos por persona de 5000 a 19 000 dólares, casi igual que en Polonia».

El opositor PPP, que al parecer está ansioso por volver a ocupar el cargo, cuenta con una base de apoyo predominantemente antillana que comprende alrededor del 44 % de la población; los afroguyaneses, que votan principalmente por el titular, representan alrededor del 30 %. También aumentó el descontento público por el hecho de que la administración del líder de la APNU, David Granger, se presentara a las elecciones y no podía permitirse el desacuerdo entre los socios de la coalición que la APNU, ya que el partido tiene apenas una ligera mayoría parlamentaria.

Guyana cuenta con el sistema de representación proporcional, los 65 escaños de su Asamblea Nacional asignados con la fórmula del cociente Hare.

Después del cierre de las urnas a las 18:00 horas el lunes 2 de marzo, los observadores electorales instaron a GECOM a anunciar los resultados a tiempo. Pero en un país relativamente amplio donde los votos se siguen contando manualmente, el proceso puede ser lento; los resultados parciales no se esperaban hasta el miércoles 4 como muy pronto.

Para el jueves 5 de marzo, nueve de las diez regiones de Guyana habían declarado sus resultados: el PPP estaba a la cabeza por más de 50 000 votos. La única zona que quedaba por declarar sus resultados era el bastión de la APNU de la Región 4, que incluye la capital, Georgetown, luego al sur hasta Timehri, a lo largo de la orilla este del río Demerara, e incluyendo la segunda ciudad más grande del país, Linden.

Captura de pantalla de Google Earth que muestra algunas zonas de la disputada Región 4.

Tras la notificación de problemas con una hoja de cálculo (por ley, los resultados deben ser verificados de acuerdo con las declaraciones oficiales de votación) y el hallazgo de un empleado de alimentación de datos con una computadora portátil y una memoria USB no autorizados, se concedió al PPP una orden judicial que prohibía al funcionario de la Región 4 declarar los resultados hasta que pudieran ser debidamente verificados.

Ese mismo día, el Embajador de Estados Unidos, junto con los altos comisionados británico y canadiense y el Embajador de la Unión Europea en el país, emitieron una declaración conjunta que cuestionaba la credibilidad de los resultados de la Región 4 que el GECOM publicó, e instaba a que se llevara a cabo un recuento adecuado basado en la declaración de votación.

El respetado Centro Carter, que tiene una larga historia en Guyana, también dijo que estaba «profundamente preocupado por los acontecimientos que tuvieron lugar […] en la oficina del funcionario para la Región 4 y la decisión de anunciar los resultados que no habían sido verificados». En una declaración preliminar sobre las elecciones, el Centro Carter señaló que «el resultado del sistema electoral es una votación complicada», e instó a los dirigentes políticos del país «a comprometerse a reformar el sistema electoral ‘el ganador se lleva todo’ que se usa actualmente».

Mientras tanto, a pesar del escrutinio internacional y de una impugnación jurídica formal de los resultados de la Región 4, ambos partidos han reivindicado la victoria.

También hay informes de que, a diferencie del protocolo habitual, el GECOM impedido que los periodistas locales entraran su centro de mando desde el 5 de marzo, cuando comenzó la debacle de la Región 4. Desde entonces, han estallado diversas protestas por los resultados de las elecciones, que han alimentado rumores y temores de violencia poselectoral en un país con una historia de rivalidades políticas originadas en la raza.

El 8 de marzo, un juez se pronunció sobre si el Tribunal Superior tiene o no la jurisdicción para escuchar una solicitud que pide que los votos de la Región 4 sean tabulados de acuerdo con la ley, antes de la declaración de un resultado final.

Actualización, 8 de marzo de 2020: La presidenta interina de la Corte Suprema de Guyana, Roxane George-Wiltshire, dictaminó que el tribunal tiene jurisdicción para conocer la demanda de verificación de la Región 4. Los argumentos se programaron para las 15:00 horas de Guyana (GMT/UTC – 4h) el 10 de marzo de 2020.