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Cuarentena impactará el derecho al aborto en Colombia, asegura abogada de derechos humanos

Foto de Alvaro Bejarano, bajo licencia Pixabay.

Vea la cobertura especial de Global Voices sobre cómo las mujeres luchan contra la violencia de género en América Latina.

Las medidas que ha tomado el gobierno de Colombia para contener el contagio por COVID-19, como la cuarentena nacional y el cierre de fronteras, aunque necesarias para la protección sanitaria de la ciudadanía, pueden dificultar el acceso de las mujeres colombianas y venezolanas a servicios esenciales para su salud sexual y reproductiva.

“En tiempos de pandemia, las mujeres aun seguirán requiriendo servicios para acceder a un aborto seguro, contracepción de emergencia y protección contra el abuso y violencia sexual,” aseguró Selene Soto, abogada de la organización Women’s Link Worldwide en Bogotá, a Global Voices.

En Colombia, el aborto es autorizado bajo tres causales: grave malformación del feto, riesgo para la vida y la salud de la mujer, y violación. A pesar de las sentencias de la Corte que protegen este derecho, siguen existiendo barreras de información, sociales y económicas que impiden a mujeres y niñas, particularmente en regiones pobres y apartadas, interrumpir el embarazo de manera segura.

Además, existe otro riesgo. El Código Penal tipifica el aborto como un delito si ocurre (o si el procedimiento es interpretado) fuera de las tres causales. Por lo tanto, ante el temor de ser criminalizadas, muchas mujeres, particularmente las más pobres y en regiones rurales terminan sometiéndose a abortos inseguros que ponen en riesgo su salud y su vida.

Para Soto, “Si las políticas y decretos de emergencia sanitaria no están diseñados dentro de un marco de derechos humanos y de perspectiva de género, muchas mujeres se verán desprotegidas y en situación de riesgo”.

Colombia está en cuarentena nacional hasta el 13 de abril y puede ser alargada, pues al momento de escribir hay 798 casos confirmados de COVID-19 y sigue al alza. El gobierno solo permite la movilidad de las personas en ciertos casos excepcionales, como abastecerse de alimentos y recurrir a servicios de salud, entre otros, pero no se menciona el derecho a la salud sexual y reproductiva. Los que incumplan con las medidas de aislamiento obligatorio cuarentena serán multados. También podrían ser sancionados penalmente y llegar hasta 8 años de cárcel.

“Estas excepciones deberían explícitamente incluir los servicios que permitan mantener y garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva” asegura Selene Soto. “No solo acceso al aborto, sino también anti-concepción de emergencia y acceso a salud para mujeres víctimas de violencia sexual”.

Por ejemplo, dice Soto, si una mujer en una región alejada necesita un aborto y este requiere un traslado a un centro asistencial en otra ciudad, este caso va a necesitar trámites administrativos y salvoconductos que no se podrán gestionar a tiempo. Esta situación impacta directamente la posibilidad de interrumpir embarazos no deseados y a la vez podría empujar a las mujeres a practicarse abortos inseguros, agravando de esta forma su riesgo de mortalidad. 

Aunque las cifras no están claramente establecidas, se calcula que anualmente un promedio de 400 mil mujeres en Colombia se practican abortos clandestinos y alrededor de 70 mujeres mueren cada año a causa de estos procedimientos.

“Es necesario garantizar la permanencia [al derecho al aborto bajo las tres causales] en esta época de emergencia humanitaria”, asegura Soto.

Las migrantes venezolanas también serían impactadas

A pesar del cierre de la frontera, los migrantes venezolanos desesperados por las condiciones de pobreza extrema y colapso de la salud pública en su país siguen cruzando a pie, usando trochas y caminos clandestinos. Esta situación que desborda el control oficial expone particularmente a las mujeres y niñas migrantes a una situación de mayor vulnerabilidad por el fenómeno de la trata de personas y la violencia sexual.

“Con mayor desprotección, más riesgo de contagio y sin las autoridades sanitarias ejerciendo control de la situación en la frontera, las mujeres [migrantes] correrán más peligros y tendrán mucha más dificultad para acceder a servicios de salud”, dice Soto. La desprotección incluye a las mujeres gestantes y lactantes.

Aun antes de la pandemia, con la presencia de casi 2 millones de migrantes venezolanos en Colombia, ya se veía limitaciones en los servicios de salud sexual y reproductiva para atender las necesidades de las mujeres migrantes. Muchas de ellas no conocen sus derechos y protecciones legales y en ocasiones se enfrentan a barreras y maltrato por parte de prestadores de salud.

Corrección: Para mayor claridad, se remplazó “Es necesario garantizar la permanencia [al derecho al IVE] por “Es necesario garantizar la permanencia [al derecho al aborto bajo las tres causales]” dentro de la cita de Selene Soto en el décimo párrafo.

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