Coronavirus y tecnologías de vigilancia: ¿Hasta dónde llegarán los Gobiernos?

Pulsera electrónica de rastreo en un pasajero en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong. Archivo de la foto: Rachel Wong/HKFP.

Este artículo fue escrito por Shui-yin Sharon Yam, ´profesor asistente de Escritura, Retórica y Estudios Digitales en la Universidad de Kentucky, y se publicó originalmente en Hong Kong Free Press el 24 de marzo de 2020. Se reproduce en Global Voices en virtud de un acuerdo de asociación de contenido.

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Desde que el brote de la COVID-19 se convirtió en una pandemia de rápida propagación, los Gobiernos de todo el mundo han implementado nuevas políticas para ayudar a mitigar la expansión del virus.

Además de cerrar las fronteras para quienes no son ciudadanos, varios Gobiernos también han movilizado tecnologías de vigilancia digital para rastrear y contener a los visitantes y los ciudadanos.

El miércoles 18 de marzo, el Gobierno de Hong Kong anunció que todos los recién llegados a la ciudad deben someterse a dos semanas de cuarentena autoimpuesta y utilizar una pulsera electrónica que se conecta a una aplicación de rastreo de ubicación en sus celulares.

Si la aplicación detecta cambios en la ubicación de la persona, alertará al Departamento de Salud y a la Policía. Antes de esta política, únicamente las personas que habían visitado recientemente la provincia de Hubei en China debían usar una pulsera de monitoreo durante su período de cuarentena.

Si bien las tecnologías y las medidas de vigilancia pueden brindar al público una sensación de seguridad para controlar la propagación del virus, debemos estar atentos a su uso continuado luego de que la pandemia desaparezca.

Los países europeos y norteamericanos como Italia, España y Estados Unidos se ven duramente afectados por el coronavirus. En tanto, los medios internacionales elogriaron a los países asiáticos por sus rápidas respuestas y el uso de las tecnologías de vigilancia para controlar el brote.

El Gobierno de Singapur, por ejemplo, implementó políticas que pueden rastrear en forma rigurosa y efectiva una cadena compleja de contactos. A partir de febrero, toda persona que ingrese a un edificio gubernamental o corporativo en Singapur debe proporcionar su información de contacto.

Además, el Gobierno ha estado recopilando una cantidad importante de datos que detallan a todo caso conocido de infección y también dónde vive y trabaja la persona, así como la red de contactos a que se encuentra vinculada.

Si bien estas medidas parecen haber arrojado resultados positivos por ahora, han resaltado la capacidad y el potencial tecnológico del Gobierno de dar seguimiento a los movimientos y la vida de cada persona.

En China, donde se detectó por primera vez el COVID-19, el Gobierno ha estado empleando políticas drásticas de confinamiento y también varias tecnologías de vigilancia para asegurar el cumplimiento del público con la cuarentena y el aislamiento.

Además de utilizar drones para vigilar los movimientos de las personas y asegurar que permanezcan en sus casas, en cinco ciudades chinas la Policía patrulla las calles con cascos inteligentes equipados con tecnologías de termoexaminación que disparan una alarma si la temperatura de una persona excede el umbral.

El Gobierno también ha colaborado con la compañía Hanwang Technology Limited para refinar su tecnología existente de reconocimiento facial, de manera que funcione incluso cuando la persona usa una mascarilla.

Al conectarse a un sensor de temperatura y a la base de datos existente del Gobierno de China y a información a nivel estatal, esta tecnología permite a las autoridades a identificar en forma inmediata el nombre de cada persona cuya temperatura corporal sea mayor a 38° C

Según Hanwang Technology, esta tecnología sofisticada de reconocimiento facial puede identificar hasta 30 personas “en un segundo”.

Si bien el uso de tecnologías de vigilancia como estas han sido efectivas en reducir la cantidad de casos confirmados en China, también implican riesgos.

Más allá de la pandemia, tanto el Gobierno chino como la compañía tienen intereses sustanciales en el desarrollo y empleo de esta tecnología: el Gobierno puede utilizarla para rastrear y reprimir a los opositores políticos, en tanto que la sociedad tiene mucho que ganar desde el punto de vista financiero.

Esta tecnología también puede ser captada por las fuerzas antiterroristas de China para supervisar y regular más fuertemente el movimiento de los uighures, que el Gobierno chino cataloga como terroristas y que actualmente son obligados a ingresar en campos de detención masivos y están sujetos a trabajo forzoso.

Fuera de Asia, los países de Oriente Medio como Israel e Irán también han empleado tecnologías de vigilancia similares, por la necesidad de controlar la propagación del coronavirus.

El Gobierno israelí utiliza tecnologías desarrolladas para la lucha antiterrorista para recabar datos de celulares, de manera que el pueda rastrear las redes de contactos de las personas, así como identificar quienes deban realizar cuarentena.

Los datos de geolocalización recopilados a través de los celulares se utilizarán para alertar al público a qué lugares no deben ir según los patrones de infección.

No solo no hay precedentes de que Israel utilice datos de la lucha antiterrorista a los efectos de combatir una crisis sanitaria, sino que la existencia de este tesoro de datos, según The New York Times, tampoco ha sido reportada anteriormente.

El 6 de marzo, el investigador Nariman Gharib reveló que el Gobierno iraní ha estado rastreando los datos de los celulares de sus ciudadanos a través de una aplicación disfrazada como herramienta de diagnóstico del coronavirus.

El experto en seguridad Nikolaos Chrysaidos confirmó que la aplicación recogió información personal confidencial que no se encuentra relacionada con el brote. Por ejemplo, la aplicación registró los movimientos corporales del usuario como lo haría un rastreador de prueba física.

Google eliminó la aplicación de Google Play, pero este caso demuestra la necesidad de la vigilancia pública constante sobre el uso que hace el Gobierno de las tecnologías de vigilancia en nombre de la salud pública.

La preservación de la salud pública ha sido utilizada históricamente por las instituciones y las autoridades gubernamentales predominantes como una justificación para estigmatizar, vigilar y regular las vidas de las personas marginalizadas, como inmigrantes, minorías raciales, la comunidad LGBTQ+ y quienes viven en la pobreza.

Si no responsabilizamos a nuestro Gobierno por el uso de las tecnologías de vigilancia durante la actual pandemia y en el futuro, expondremos a quienes ya se encuentran marginalizados a riesgos aún mayores de regulación, represión y persecución.

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