Cálculos del costo oculto de las fronteras separatistas en Georgia

El agricultor David Vanishvili tras la valla alambrada colocada por las autoridades de facto de Osetia del Sur, 2016. En una noche quedó separado de sus tierras… y del resto de Georgia. Foto de Jelger / Flickr (CC BY-NC 2.0).

Este artículo ha sido posible gracias a la asociación con Transitions, organización editora y formadora de medios radicada en Praga.
En Nochevieja, la revista georgiana Indigo publicó una carta dirigida al primer ministro georgiano enviada desde Akhalgori, ciudad situada en el estado de facto de Osetia del Sur, territorio ocupado por Rusia en Georgia. Su autora era la periodista y activista Tamar Mearakishvili, a quien se le ha negado el derecho a abandonar Osetia del Sur durante más de dos años a causa de su activismo. Desde principios de septiembre de 2019, los vecinos de Mearakishvili han compartido su suerte: ese mes se cerró el principal paso fronterizo con el territorio controlado por el Gobierno georgiano, lo que dejó a los 1500 ciudadanos de Akhalgori y sus alrededores en el estado separatista.

“Los habitantes de Akhalgori se están consumiendo, y usted es uno de los culpables”, acusaba concisamente Mearakishvili al primer ministro Georgi Gakharia. La periodista insiste en que mientras la gente vulnerable lucha por sobrevivir, los políticos no hacen nada por ellos. En Georgia, hay un debate público sobre la crisis humanitaria en Akhalgori.

En los últimos años, se han endurecido los límites entre los dos estados separatistas —Abjasia y Osetia del Sur— y el territorio controlado por el Gobierno georgiano. Los ciudadanos de la zona se despiertan y encuentran alambradas que los aíslan de sus tierras, ahora bajo control del Ejército ruso de ocupación. A veces los detienen y, para su sorpresa, los acusan de “cruzar ilegalmente la frontera”. Los datos que hemos recabado sobre esos casos muestran el costo humano de la “fronterización”, que hace víctimas entre la gente común y corriente a ambos lados de la línea divisoria.

Pero antes, analicemos el contexto que rodea a este caos. ¿Cómo hemos llegado a este punto?

Historia de un cisma

Georgia tiene dos territorios separatistas: Abjasia y Osetia del Sur, este último conocido también como región de Tsjinval. En el caos que siguió a la desintegración de la Unión Soviética a principios de la década de 1990, Georgia luchó una guerra contra los separatistas de la región de Tsjinval, que en ese momento era un óblast autónomo (ente administrativo menor en la URSS), y después contra Abjasia, que era una república autónoma. Desde entonces, ambos territorios se han mantenido fuera del control de Tiflis. Aunque el Gobierno ha perdido el control de esos territorios, la gente de la zona seguía teniendo oportunidades de interactuar, comerciando y viajando de un lado al otro de la frontera. Pero todo eso cambió tras la guerra ruso-georgiana de 2008, cuando Moscú reconoció la independencia de estos dos estados de facto. Lo que habían sido unos límites administrativos “suaves” se convirtieron en fronteras “duras”, con más patrullas, más puntos de control, con mayor despliegue de soldados rusos y guardias fronterizos, y policías más rigurosos que regulaban el cruce de las “fronteras”.

Después de la guerra de 2008, Georgia perdió el control de aún más territorios en la zona este de la región de Tsjinval, incluidos Akhalgori. Pero a diferencia de otros pueblos y ciudades bajo autoridad de los separatistas, de donde huyeron miles de personas de etnia georgiana durante la década de 1990, los georgianos volvieron a sus casas de Tsjinval y mantuvieron su nacionalidad georgiana. Desde entonces, la población del distrito ha estado sujeta a diversas manipulaciones políticas de las autoridades de facto de Osetia del Sur. Por ejemplo, se les deniega rutinariamente el permiso para cruzar la “frontera” hacia el territorio controlado por el Gobierno georgiano en festivos públicos. La actual crisis no es la primera, pero es, de lejos, una de las peores.

Según Tamar Mearakishvili, los ancianos que sobreviven principalmente de la asistencia financiera del Gobierno georgiano no reciben sus pensiones. Por tanto, el Gobierno de facto ha hecho una excepción, y en ocasiones abre el paso fronterizo para ellos durante periodos de cinco días, tiempo suficiente para que los ancianos reciban su pensión y regresen a Akhalgori. No obstante, la situación es muy preocupante para la gente con serios problemas de salud, ya que los servicios médicos son mucho peores en Tsjinval que en el territorio controlado por el Gobierno georgiano, y son prácticamente inexistentes en Akhalgori. Mearakishvili dice que ya han muerto diez personas como resultado del cierre fronterizo. También hay que tener en cuenta las consecuencias sociales y emocionales: familiares que marcharon de Akhalgori antes de que se cerrara el paso fronterizo llevan meses separados. La propia Tamar no ha visto a su hija desde septiembre de 2019.

>Conforme se intensifica la crisis, hay más gente en Akhalgori que ha comenzado a protestar contra sus gobernantes de Tsjinval. No obstante, la respuesta de las autoridades de facto ha sido presionar al Gobierno georgiano para que derribe un puesto policial recientemente construido cerca de la frontera con Osetia del Sur. En la misma línea, algunos analistas creen que el régimen de facto intenta usar a la minoría étnica georgiana bajo su autoridad como moneda de cambio en sus relaciones con Tiflis. Este cálculo puede desempeñar un importante papel en la “fronterización”.

Fronteras móviles

Después la guerra de 2008, la autoridades de facto de Osetia del Sur y sus patrocinadores rusos comenzaron a demarcar la fronteras autodeclaradas del territorio separatista. El problema es que utilizaban distintas versiones de viejos mapas de la era soviética con diferentes límites del antiguo óblast autónomo. Esto hace que el proceso de demarcación sea enormemente impredecible para quienes habitan cerca de la frontera. Cada nuevo límite puede atravesar tierras de labor, huertos y pastos que las personas utilizan para su ganado, o los bosques de donde sacan la leña. Lo más trágico es que incluso puede pasar por sus hogares. Se han dado casos de familias que han desmantelado sus casas para reconstruirlas en el lado de la línea controlado por Georgia.

Pulsa para ampliar. Datos del informe de Amnistía Internacional de 2019 sobre la fronterización en Georgia. Foto (c): ForSet / GlobalVoices, usada con autorización.

Las “fronteras” tampoco son siempre visibles. Para la gente es fácil cruzar estos límites invisibles, ya que no existen características geográficas discernibles, y es fácil que los guardias rusos que patrullan la frontera detengan a los vecinos. En su reciente informe sobre las circunstancias de la gente que vive cerca del Lindero Administrativo, como la llama el Gobierno georgiano, Amnistía Internacional da cifras de los detenidos entre 2008 y 2018 por “cruces transfronterizos ilegales”. Estos números fueron proporcionados por el Gobierno de Georgia, y solo representan a la gente que entró en Osetia del Sur desde el territorio controlado por el Gobierno georgiano.

De lo que se habla mucho menos es de los cruces transfronterizos en dirección contraria, aunque los surosetios que entran en el territorio controlado por el Gobierno georgiano suelen caer en manos de los guardias rusos o surosetios antes de llegar al otro lado. Según Amnistía Internacional, los servicios de seguridad de Osetia del Sur, todavía conocidos por el acrónimo KGB, publicaron estadísticas de las detenciones por estos cruces irregulares en 2016. Estos datos incluyen a personas arrestadas cuando cruzaban desde ambos lados y muestran cifras incluso más altas, que llegan a las 549 personas. El informe de Amnistía Internacional sugiere que son surosetios que entran en Georgia, no siempre deliberadamente, para acceder a tierras agrícolas y seguir en contacto con vecinos de etnia georgiana que viven en el otro lado.

Datos del informe 2019 de Amnistía Internacional sobre fronterización de Georgia, basados en los datos de 2016 de las autoridades

Todos estos datos muestran que los georgianos y los surosetios sufren igualmente a causa de la fronterización, un hecho que a menudo se obvia en las narrativas georgianas sobre el conflicto.

Los linderos entre Abjasia y el territorio controlado por el Gobierno georgiano pueden ser más fáciles de ver —en su mayor parte siguen el curso del río Inguri—, pero los vecinos de la zona se enfrentan a un problema similar. En efecto, el número de arrestos de gente que vive cerca de Abjasia es aún mayor: en 2013 llegó casi a los 400. Estas cifras se han incrementado de forma apreciable desde la guerra de 2008, y es difícil saber cómo responderán los vecinos al cierre de los numerosos pasos fronterizos con el territorio controlado por el Gobierno georgiano desde 2016. La mayoría de detenidos son personas de etnia georgiana de la región de Gali, al sur de Abjasia, donde conforman la mayoría de la población, que mantienen vínculos sociales a través de la línea divisoria.

Lo que está claro es que las restricciones de movilidad de los últimos años han pasado factura a las comunidades locales. Muchos vecinos tienen vínculos sociales al otro lado del lindero, y comerciaban con esos amigos y conocidos. El endurecimiento de la frontera ya fue bastante duro: acabó con todas esas posibilidades. Pero la fronterización en marcha amenaza lo que tienen los habitantes locales: sus tierras, que a menudo son su única fuente de ingresos.

Como buena parte de estas tierras son de propiedad privada, el Gobierno georgiano no siempre compensa a los dueños por el cierre de los accesos. Amnistía Internacional informa que los vecinos tenían unos ingresos mayores antes de ser desposeídos de sus tierras, sea cual sea la pobre ayuda financiera que reciben del Gobierno georgiano.

El precio de la libertad

Por último hay un indicador más del costo financiero y social de la fronterización: las multas que estos desafortunados deben pagar para que se les libere. Estos detenidos por las autoridades surosetias de facto deben pagar una media de 2000 rublos rusos (30 dólares estadounidenses), y no se sabe si esas autoridades imponen multas aún mayores a los reincidentes.

Si los detienen las autoridades de facto abjasas, la multa por “cruce ilegal” puede alcanzar los 15 000 rublos (230 dólares estadounidenses). La reincidencia puede llevar a multas entre 30 000 y 60 000 rublos (460 – 920 dólares estadounidenses).

Para los vecinos que viven de la tierra y de la venta de sus productos en mercados, estas multas pueden ser una extraordinaria carga financiera.

Si el número de detenidos reconocido por las autoridades separatistas es fidedigno, significa que en los últimos 11 años, gente común y corriente ha tenido que pagar enormes cantidades de dinero para escapar a la prisión. Citando datos de la Misión de Observación de la Unión Europea  en Georgia  (EUMM Georgia), Anmistía Internacional afirma que entre 2008 y 2018 se produjeron 1871 detenciones de personas que cruzaban del territorio controlado por Georgia a Abjasia. Suponiendo en todos los casos se tratase de una primera infracción, y que los detenidos pagaran los 230 dólares estadounidenses por su liberación, significa que potencialmente, 430 330 dólares estadounidenses podrían haber ido a parar a manos del gobierno abjasio de facto. Estos datos sugieren que 1215 personas cruzaron desde el territorio controlado por el Gobierno georgiano a Osetia del Sur. Suponiendo que todos pagaran el promedio de 30 dólares estadounidenses, las autoridades surosetias de facto recaudaron 36 450 en multas durante esa década.

Es muy probable que estas cifras sean mucho mayores, ya que no incluyen a los que han sido multados por las autoridades de facto después de intentar cruzar, sin éxito, a territorio georgiano. Y todo se complica con el hecho de que en Osetia del Sur, los detenidos rara vez acaban ante un tribunal, y suelen tener que pagar la multa por adelantado a las fuerzas del orden. En cualquier caso, las sumas que se registran oficialmente pueden no coincidir con las cantidades que se han pagado realmente por la alta probabilidad de que se produzcan sobornos. Es más, en diciembre de 2018, el jefe del Comité de Estado de facto de Osetia del Sur, Vladimir Khubayev, declaró que solo en 2018, los detenidos en la “frontera” habían pagado más de un millón de rublos (12 800 dólares estadounidense).

Las palabras de Khubayev sugieren que probablemente, nuestros cálculos no son más que la punta del iceberg.

A principios de 2020, Abjasia y Osetia del Sur siguen reafirmando su no reconocida independencia con apoyo político y militar de Rusia. A pesar de la política aislacionista que sigue Tiflis con las dos regiones separatistas, Georgia está muy lejos de resolver estos conflictos.

Como resultado, la gente común y corriente sigue en una situación de inseguridad, confusión y miedo a que ocurra lo peor: otra guerra.

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