Pandemia de COVID-19 afecta negativamente derechos digitales en los Balcanes

Ilustración: Igor Vujčić. Utilizada con autorización de la Fundación SHARE.

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En Europa Central y Suroeste están aumentando dramáticamente los casos de detenciones arbitrarias, vigilancia, intervención telefónica, violaciones de la privacidad y otras violaciones de los derechos digitales a medida que los Gobiernos de estos países comenzaron a imponer una legislación de emergencia para combatir el brote de COVID-19. La Red de Informes de Investigación de los Balcanes, con sede en Belgrade, y la organización de derechos digitales Fundación SHARE empezaron un blog titulado «Derechos Digitales en el tiempo de la COVID-19″ para documentar esos acontecimientos

En respuesta a la pandemia del coronavirus, algunos gobiernos están aumentando la vigilancia, reforzando la censura y restringiendo el libre flujo de información. En muchos casos, las restricciones impuestas por el gobierno infringieron las normas de derechos humanos.

Bojan Perkov, investigador de políticas de la Fundación SHARE. Foto cortesía, utilizada con su autorización..

El blog de BIRN y SHARE incluye también una función que invita el público a enviar informes de incidentes a su base de datos. Bojan Perkov, investigador de políticas de la Fundación SHARE, escribió un resumen de sus hallazgos y señaló:

Dosadašnja saznanja dve organizacije pokazuju da su najproblematičniji višestruki problemi sa privatnošću osoba u karantinu, širenje dezinformacija i opasnih zabluda u vezi sa virusom u onlajn medijima i putem društvenih mreža, kao i povećanje internet prevara.

La información reunida por las dos organizaciones, hasta ahora, muestra que las [violaciones] más problemáticas son varias cuestiones relacionadas con la privacidad de las personas en cuarentena, la difusión de informaciones erróneas y la peligrosa idea equivocada sobre el virus en los medios de comunicación en línea y a través de las redes sociales, así como el aumento de estafas por internet.

Los datos reunidos por las dos organizaciones a través de la función de la base de datos del blog indican que, solo en las últimas dos semanas, 80 personas han sido detenidas, algunas encarceladas, por haber difundido noticias falsas y desinformación. Los ejemplos más draconianos son los de Turquía, Serbia, Hungría y Montenegro.

Los Gobiernos de Montenegro y Moldavia hicieron públicos los datos personales de salud de las personas infectadas por la COVID-19, mientras que las páginas oficiales y los sistemas informáticos de los hospitales sufrieron unos ciberataques en Croacia y Rumanía. Algunos países como Eslovaquia están considerando la posibilidad de levantar los derechos consagrados en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD) mientras que Serbia impuso vigilancia y rastreo telefónico para limitar la libertad de movimiento.

Los ciudadanos potencialmente infectados han sido obligados a someterse a nuevas formas de control por ley. En Serbia, desde que fue declarado el estado de emergencia, todos los ciudadanos que regresan del extranjero deben someterse a una cuarentena. Durante una rueda de prensa del 19 de marzo, el presidente Aleksandar Vučić declaró que la Policía está «siguiendo» números de teléfono italianos para controlar qué ciudadanos usan roaming y rastrean constantemente su ubicación. Esto está dirigido especialmente a los serbios que fuera, como en Italia, y que se supone están aislados en casa. Advirtió también a las personas que dejan sus teléfonos que el Estado tiene «otra manera» de rastrearlos si violan la cuarentena, pero no explicó cómo.

En el vecino Montenegro, el Órgano Nacional de Coordinación para Enfermedades Infecciosas decidió publicar en internet los nombres y apellidos de quienes deben someterse a cuarentena, tras determinar que algunos violaron la medida y, como resultado, «expusieron a todo Montenegro al riesgo». La alianza civil impugnó esta medida mediante una denuncia presentada ante el Tribunal Constitucional de Montenegro.

En Croacia, algunos ciudadanos preocupados crearon el sitio web samoizolacija.hr (que significa autoaislamiento) que, presuntamente, permitía a cualquier persona de denunciar anónimamente a los infractores de la cuarentena a la Policía. Luego la página fue cancelada, y el Ministerio de Interior comenzó una investigación penal contra los presuntos violadores de los derechos de privacidad.

El Cuartel General de Crisis de la Federación de Bosnia y Herzegovina recomendó como publicar los datos personales de los ciudadanos que violan las medidas preventivas, ya que las instituciones gubernamentales, tanto a nivel cantonal como local, empezaron a publicar datos sobre las personas en aislamiento o aut aislamiento, incluso las listas de personas reconocidas como infectadas por el virus. Como respuesta, el 24 de marzo, la Agencia de Protección de Datos Personales de Bosnia y Herzegovina decidió prohibir la publicación de datos personales de los ciudadanos que dieron positivo al coronavirus o de los sometidos a medidas de aislamiento o autoaislamiento.

Los anteriores casos de publicación de datos sanitarios en línea suponen una directa violación de las leyes que los designan como protegidos al más alto nivel jurídico.

Perkov también planteó la cuestión de si estas medidas son eficaces, en particular por qué pone en peligro las personas. En Montenegro, las personas infectadas cuyas identidades fueron reveladas en las redes sociales han sido objeto de discursos de odio.

Dalje, da li je ideja javno posramljivanje ljudi koji ne poštuju samoizolaciju ili smanjenje broja prekršaja? Kriterijumi proporcionalnosti i neophodnosti takođe su na veoma tankim osnovama i bez adekvatne opravdanosti. Mogu se postaviti pitanja da li je zaista neophodno objaviti imena svih građana u samoizolaciji po adresi stanovanja javno na internetu i da li je to jedini način da se obezbedi poštovanje zakona.

Además, ¿la idea que subyace a esas medidas es la de avergonzar públicamente a las personas que no respetan la obligación de autoaislamiento o la de reducir el número de violaciones? No se han respetado debidamente los criterios de proporcionalidad y necesidad y no se ha justificado su adecuación. Cabe preguntarse si de verdad es necesario publicar en línea los nombres de todos los ciudadanos en autoaislamiento y sus domicilios, y si es realmente la única manera para garantizar el respeto de la ley.

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