[1]Loujain Alhathloul, activista saudita de derechos de las mujeres es una de varios defensores de derechos humanos privados de libertad en Medio Oriente, pese a múltiples llamados para liberarlos en medio del terror por la COVID-19. Créditos de la imagen: Loujain Al-Hathloul via OTRS system [1] / CC BY-SA [2].
Este artículo fue escrito por Khalid Ibrahim [3], director ejecutivo del Centro del Golfo para los Derechos Humanos [4] (GCHR, en inglés), organización independiente sin fines de lucro que promueve las libertades de expresión, de asociación y de reunión pacífica en Medio Oriente y el Norte de África.
Los casos de COVID-19 en Medio Oriente y el Norte de África han derivado en que los Gobiernos introduzcan medidas de contención y otras para desacelerar la expansión del altamente contagioso coronavirus.
Estas medidas han estado especialmente dirigidas a algunos de los grupos más vulnerables como los defensores de los derechos humanos que se encuentran en prisión, los trabajadores migrantes y los medios independientes.
El Centro del Golfo para los Derechos Humanos ha realizado un seguimiento acerca de cómo algunas de estas medidas han tenido graves impactos en la situación de los derechos humanos en general en la región.
Varias de estas medidas injustas vulneran el Derecho Internacional. Los trabajadores migrantes y los reclusos, por ejemplo, que con frecuencia viven en condiciones deficientes, se encuentran protegidos en virtud del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDDHH) [5]:
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
A continuación se presenta un breve resumen del GCHR acerca del impacto de la COVID-19 en los derechos humanos en la región:
1. Defensores de los derechos humanos detenidos
[6]Los defensores bahreiníes de los derechos humanos Nabeel Rajab (derecha) y Abdulhadi Al-Khawaja se encuentran presos, pese a los llamados para su liberación y la de todos los presos políticos en Medio Oriente. Créditos de la imagen: Centro de Bahrein para los Derechos Humanos [6] / CC BY-SA [7].
La realidad es que la mayoría de los defensores de derechos humanos se encuentran en prisión [8] en la región, en un momento en que los Gobiernos, inclusive los de Marruecos [9], Arabia Saudita [10] y Egipto [11] han liberado a algunos reclusos como parte de las medidas preventivas para contener la propagación del virus. Con la trasmisión de la COVID-19, las vidas de los defensores de derechos humanos encarcelados se encuentran en riesgo inminente en países como Irán, Egipto, Kuwait, Siria, Bahréin, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Argelia y otros países que han superpoblado las cárceles sin contemplar los mínimos requisitos sanitarios.
Entre las personas encarceladas se encuentran Abdulhadi Alkhawaja y Nabeel Rajab, fundadores de GCHR, que cumplen cadena perpetua y cinco años en prisión, respectivamente. En Emiratos Árabes Unidos, Ahmed Mansoor ha sido recluido en confinamiento solitario [12] por tres años y cumple una condena de diez años de prisión por su activismo a favor de los derechos humanos, hasta por haber expresado sus opiniones en forma pacífica en las redes sociales. En Arabia Saudita, la activista por los derechos de las mujeres Lujain Al-Hathloul también se encuentra presa.
2. Acceso a la información y clausura de periódicos
La mayoría de los Gobiernos de la región no comunica la cantidad real de casos de personas infectadas con el virus, además de complicar el acceso por parte de los periodistas a información fidedigna acerca del contagio, el tratamiento y las víctimas de la COVID-19. Asimismo, los periodistas que brindan información fáctica sobre la crisis a los ciudadanos corren riesgos.
Por ejemplo, en Yemen, el 23 de marzo de 2020 [13], Muammar Al-Aryani, el ministro de Comunicaciones del presidente Abd Rabbu Mansour Hadi, emitió el decreto [14] número (6) del año 2020, que en su primer artículo establece que: «La emisión de periódicos estatales y de periódicos privados en formato papel queda suspendida, y únicamente se emitirán copias electrónicas». Esta medida rige para el período comprendido entre el 25 de marzo y el 12 de abril de 2020, según surge del artículo (2) del decreto, como parte del paquete de medidas preventivas y de precaución tomadas por el Gobierno para evitar la propagación de la COVID-19.
En Omán, el 22 de marzo de 2020, el Comité Supremo para afrontar la COVID-19 ordenó a todos los periódicos, revistas y otras publicaciones que cesen su impresión y circulación, según el Times of Oman [15], que publicó la orden del comité. La orden también prohibió la venta y la circulación de periódicos, revistas y publicaciones importadas en el país.
En Marruecos, ese mismo día, el ministro de Cultura, Juventud y Deportes, Hassan Abyaba, anunció [16] la suspensión de la publicación y la distribución de periódicos impresos hasta nuevo aviso.
También, en Jordania, el 17 de marzo de 2020, el Consejo de Ministros jordano suspendió la publicación de todos los periódicos durante dos semanas, de conformidad con una declaración [17] oficial del ministro de Comunicaciones jordano, Amjad Adaileh. Los periódicos continuaron suspendidos debido a la cuarentena y a la exhortación del Gobierno de que los ciudadanos permanezcan en sus hogares.
3. Proyecto de ley amenaza la libertad de expresión en Túnez
El proyecto de ley n° 29/2020 [18] modificativo de las disposiciones de los artículos 245 y 247 del Código Penal fue remitido la Parlamento de Túnez el 29 de marzo. El proyecto, que se retiró un día después a raíz de la indignación proclamada por grupos de la sociedad civil y por ciudadanos, pretendía penalizar la «divulgación de discursos falsos o cuestionables entre usuarios de redes de comunicación o plataformas de redes sociales que resulten ofensivos a personas, grupos o instituciones».
El proyecto de ley supuso una contradicción flagrante con los artículos 31, 32 y 49 de la Constitución de Túnez, así como con el artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos ratificado por la República de Túnez. En caso de aprobarse, habría inevitablemente derogado varios artículos del decreto ley 2011-115 de fecha 2 de noviembre de 2011 sobre libertad de prensa, impresión y publicación, en la medida que comprende disposiciones jurídicas integrales respecto de los delitos de publicación de noticias falsas (artículo 54) y calumnias (artículos 55 y 56).
4. Prisión provisoria por divulgar rumores en Emiratos Árabes Unidos
El 1 de abril de 2020, The Gulf News, diario en inglés de Dubái, publicó un artículo [19] que revela que las «personas que divulguen rumores [20] podrán ser encarceladas por un año en caso que difundan información falsa». Ahora es posible que la COVID-19 se utilice como pretexto para privar de libertad a algunos blogueros y activistas de internet que son el blanco del Aparato de Seguridad Estatal (SSA, en inglés).
5. Aplicaciones de rastreo de ubicación
Algunos estados del Golfo como Bahréin [21] están utilizando tecnologías de rastreo de la ubicación que permitirán la plena detección de los movimientos de los ciudadanos. Existen inquietudes respecto de que el uso de estas aplicaciones en países ampliamente conocidos por vulneraciones graves y documentadas de los derechos humanos permitirá implementar restricciones adicionales sobre las libertades individuales.
6. Xenofobia contra los trabajadores migrantes en el Golfo
En Kuwait, en una entrevista [22] el 31 de marzo de 2020, la actriz Hayat al-Fahad convocó a que los trabajadores migrantes abandonen el país mientras se hace frente a la crisis de la COVID-19.
El 10 de marzo de 2020, luego de que se publicara una imagen [23] de un trabajador migrante de Saudi Aramco como un frasco gigante de alcohol en gel, la compañía petrolera ha sido muy criticada por su tratamiento inhumano hacia el trabajador, que podría clasificarse como racista. La compañía luego pidió disculpas.
Los informes que el GCHR recibió de varios países del Golfo confirmaron que los trabajadores migrantes no reciben acceso igualitario a la atención de salud y enfrentan dificultades en la actualidad, puesto que muchos ya viven y trabajan en condiciones deficientes.
Las autoridades en la región podrían ayudar a frenar la propagación de la COVID-19 mediante la liberación de todos los defensores de los derechos humanos y presos de conciencia porque no suponen un riesgo para el público, y por el contrario se encuentran en un gran riesgo ellos mismos. Mientras se encuentran detenidos, las autoridades deben respetar Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de Naciones Unidas [24] a los efectos de proporcionar atención de salud básica y medidas de higiene para todos. También resulta importante permitir las visitas de los expertos de Naciones Unidas y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).