Guyana: Cronología de un punto muerto electoral

Casa del Estado y Edificio del Parlamento de Guyana. Fotografía de Hans Birger Nilsen en Flickr, (CC BY-NC-ND 2.0).

El 2 de abril de 2020 se cumplió un mes de la celebración de las elecciones generales en Guyana. La comisión electoral del país, GECOM, no ha vuelto a verificar los votos emitidos en la polémica Región 4, pero tampoco ha declarado un vencedor, lo que deja el futuro del próximo Gobierno en el limbo.

Las idas y venidas legales durante este tiempo han sido muchas y complejas. El Centro Carter ha calificado las elecciones de 2020 en Guyana de “alto riesgo”: el país se encuentra a las puertas de un auge económico gracias al reciente hallazgo de grandes reservas de petróleo. A continuación, en un intento de aclarar la situación, presentamos los acontecimientos importantes ocurridos durante ese mes en orden cronológico.

2 de marzo: Se celebran elecciones generales y los votantes acuden a los colegios electorales de las 10 circunscripciones, conocidas como regiones.

5 de marzo: Nueve de las diez regiones del país declaran resultados, cuando el opositor Partido Popular Progresista (PPP) va a la cabeza por más de 50 000 votos. Cuando el responsable del escrutinio en la Región 4, Clairmont Mingo, declara los resultados del distrinto pendiente más tarde ese día, parece que la coalición gobernante, Una Asociación para la Unidad Nacional/Alianza para el Cambio (APNU+AFC), tiene suficiente margen en esa región para imponerse también a nivel nacional.

No obstante, hay controversia sobre la adecuación del procedimiento. Abundan las acusaciones de uso inadecuado de una hoja de cálculo: por ley, los resultados deben ser verificados de acuerdo con las declaraciones oficiales de votación. Además, existen informes sobre un empleado encargado de registrar los datos con acceso a un ordenador portátil no autorizado y una memoria USB. Al PPP se le concede una orden judicial que prohíbe al funcionario de la Región 4 declarar los resultados hasta que puedan ser debidamente verificados.

Entretanto, aparecen informes que hablan de la expulsión de representantes de medios de comunicación y observadores electorales de la sede de GECOM. La situación lleva a los observeradores a expresar su preocupación.

6 de marzo: La GECOM recibe la orden del juzgado correspondiente a requerimiento del PPP.

8 de marzo: La presidenta interina del Tribunal Supremo de Guyana, Roxane George-Wiltshire, dictamina que el tribunal es competente para resolver la demanda de verificación en la Región 4.

10 de marzo: Tienen lugar las vistas orales correspondientes al caso.

11 de marzo: La presidenta interina del Tribunal Supremo, Roxane George-Wiltshire, dictamina que los resultados de la Región 4 son “ilegales” por no cumplir con los requisitos establecidos en la Sección 84 de la Ley de Representación del Pueblo de Guyana, que hace referencia al recuento de los votos emitidos.

Su anulación de la declaración de la Región 4, unida a su orden de que la GECOM se ajuste a la ley, implica que los resultados finales de las elecciones generales en el país penderán de un hilo hasta que el recuento se lleve a cabo adecuadamente.

El mismo día, algunos jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (CARICOM) llegan a Guyana e instan al presidente Granger y a su coalición en el poder APNU+AFC a cumplir la ley.

12 de marzo: La GECOM requiere que se acredite de nuevo a los observadores y limita su número por equipo mientras el proceso de reverificación en la Región 4 puede comenzar. Sin embargo, el proceso se detiene cuando se siguen leyendo los resultados de la polémica hoja de cálculo, lo que contradice la resolución del Tribunal Supremo.

El PPP presenta cargos por desacato contra el responsable del escrutinio en la Región 4. El Tribunal Supremo deja claro que este debe leer los resultados de acuerdo con la declaración de votación.

13 de marzo: El proceso de verificación en la Región 4 se reanuda, aunque el enfoque sigue sin quedar claro. La GECOM solicita el traslado a mejores instalaciones en el centro de Georgetown, la capital del país.

La verificación tiene lugar en un cobertizo del patio de la GECOM en Georgetown, en el que el escrutinador muestra fotocopias de las declaraciones de votación —19 declaraciones presuntamente tienen signos visibles de haber sido alteradas— y de nuevo declara vencedor en la Región 4 a la coalición APNU+AFC pese a las protestas de los presentes.

La misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) se retira de Guyana ante los “fallos” del proceso, y los observadores internacionales muestran preocupación por la falta de transparencia.

14 de marzo: El presidente Granger pide un equipo independiente y de alto nivel de la CARICOM, dirigido por Mia Mottley primera ministra de Barbados y presidenta de CARICOM, para supervisar el recuento de papeletas de la Región 4 de conformidad con la resolución del Tribunal Supremo de 11 de marzo. El PPP lo acepta. Es más, Gobierno y oposición van un paso más allá y acuerdan un recuento en las 10 regiones.

15 de marzo: El equipo de la CARICOM se reúne con la GECOM y acuerdan las condiciones y los parámetros del recuento, que queda programado para el 16 de marzo. Los contenedores con las urnas son trasladados al Centro de Conferencias Arthur Chung, lugar designado para el recuento.

16 de marzo: El equipo de la CARICOM, junto con otros observadores y partes interesadas, llega al Centro de Conferencias, pero la GECOM afirma que aún no ha determinado las modalidades del proceso y les deniega el acceso.

Aproximadamente a las 15:30 horas, responsables de la GECOM emiten un comunicado de prensa en el que declaran la necesidad de una autorización firmada por el presidente Granger, el líder de la oposición Jagdeo y el equipo de la CARICOM antes de comenzar. También aconsejan la desinfección del edificio debido a la COVID-19 antes de permitir la entrada.

La Policía desaloja a todos los observadores y a los representates de partidos políticos de las instalaciones a pesar de que estos cuentan con el permiso de la GECOM para pasar la noche vigilando los contenedores.

17 de marzo: Ulita Grace Moore, candidata de la coalición gobernante en las elecciones locales de Guyana en 2018, consigue presentar una orden judicial ex parte para bloquear la actuación de la GECOM en el recuento acordado con la CARICOM.

Se acusa a la GECOM de retrasar deliberadamente el recuento para facilitar la orden. Puesto que el recuento nunca comenzó, la ratificación de esta orden otorga a la GECOM la libertad de declarar el resultado de las elecciones a favor del Gobierno, algo que aún no ha hecho.

Se programa una vista oral para el 20 de marzo. Entretanto, las dos partes firman el acuerdo de la CARICOM, como había solicitado la GECOM.

20 de marzo: El juez Franklin Holder, el juez que supervisa la orden, escucha los argumentos de las dos partes. Solo se permite la presencia de cuatro medios de comunicación durante las vistas, que habrían tenido lugar en salas de audiencia.

Mientras distintas voces regionales piden al presidente Granger que mantenga su promesa de llevar a cabo el recuento, los partidarios de la coalición APNU+AFC acusan al PPP de jugar a un “juego peligroso”.

27 de marzo: El juez Holder falla en contra de que la GECOM tenga que presentar las declaraciones de votación ante el tribunal, tras dictamainar que es competente para ocuparse del caso.

30 de marzo: El PPP recurre la resolución y gana. A pesar de que la coalición APNU+AFC mantiene firmemente que ha ganado las elecciones, el AFC sugiere un acuerdo para compartir el poder con el PPP.

31 de marzo: La presidenta interina del Tribunal Supremo, Roxane George-Wiltshire, desestima la orden de Moore y la condena a pagar las costas del PPP. La GECOM puede llevar a cabo el recuento.

1 de abril: La reunión de la GECOM para decidir su plan de actuación queda aplazada con el argumento de que necesita “estudiar” la resolución del tribunal.

No está claro si la GECOM llevará a cabo el recuento acordado o si declarará un ganador basándose en resultados sin verificar ni los efectos que tendrá la decisión de Moore de impugnar el desestimiento de su orden por parte de la Asamblea Plenaria del Tribunal. La vista del recurso quedó programada para el 2 de abril.

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