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Túnez tiene un problema de desinformación, pero criminalizar (aún más) la libertad de expresión no lo solucionará

Un periodista y su camarógrafo informan desde un colegio electoral durante las elecciones del 13 de octubre de 2019. En esa campaña electoral, los medios sociales estuvieron plagados de desinformación. Foto de ISIE, comisión electoral tunecina [dominio público].


A causa de las protestas de ciudadanos y grupos de derechos humanos, se retiró en Túnez una controvertida ley que pretendía criminalizar la difusión de noticias “falsas” o “cuestionables” en internet.

Este proyecto de ley, propuesto por el parlamentario Mabrouk Korchid, del partido Tahya Tounes (que integra la coalición gobernante) y apoyado por otros 46 parlamentarios, tomó por sorpresa a muchos tunecinos, actualmente confinados en sus casas a causa de la pandemia de COVID-19.

La ley plantea enmiendas a los artículos 245 y 247 del Código Penal tunecino para “evitar ataques a la reputación y el deterioro del entorno democrático”, y cita a Alemania y Francia como ejemplo de democracias que han legislado contra la desinformación.

No obstante, el lenguaje del proyecto de ley es amplio e impreciso, y violaría la garantía constitucional de la libertad de expresión y las normas internacionales de derechos humanos. El artículo 31 de la Constitución tunecina garantiza la libertad de opinión, pensamiento, expresión, medios, publicación y prensa, y prohíbe cualquier censura previa de estas libertades. El articulo 32 garantiza el acceso a las redes de información y comunicación. Túnez es también un estado firmante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

La ley propone penas de dos años de prisión y multas de 10 000 a 20 000 dinares tunecinos (entre 3500 y 7000 dólares) a los “usuarios de redes de comunicación y plataformas de medios sociales” culpables de difundir “cualquier discurso falso o cuestionable (…) que pudiera ser insultante para personas, grupos o instituciones”.

Los que infrinjan esta ley durante un periodo electoral o en un periodo de seis meses previo a unas elecciones se arriesgan a una sentencia doble. El castigo también se duplicará a los usuarios que difundan estos contenidos escondiendo sus identidades.

Además, las enmiendas propuestas entregarían a la fiscalía general amplios poderes para “supervisar delitos electrónicos y descubrir a quienes los cometen”. Durante los periodos electorales, la fiscalía “tomará las medidas preventivas necesarias” para evitar la difusión de esos contenidos.

El proyecto de ley, con fecha 12 de marzo de 2020, se presentó ante el Parlamento el 29 de marzo. Sus proponentes exigieron que se tramitara urgentemente, con el pretexto de que las elecciones regionales del país están previstas para 2021. No obstante, tan pronto como se dio a conocer la ley al público, sus defensores recibieron una fuerte reacción negativa de grupos de derechos humanos y ciudadanos indignados en la red.

Un día después de su presentación, Korchid, el parlamentario que inició el proceso, anunció que retiraba el proyecto de ley “de momento” debido a las actuales circunstancias sanitarias. Varios parlamentarios también comunicaron que retiraban sus firmas. Otros, como el parlamentario independiente Safi Said, afirmaron que habían dado su apoyo a una versión distinta de la ley que al final se presentó.

Contrarrestar desinformación “sin perjuicio” de la libertad de expresión

No hay duda de que Túnez tiene un problema de desinformación, como todos los países del mundo. Los temores ante el impacto de esos contenidos en los procesos electorales y en la frágil democracia de la nación ganaron protagonismo durante las elecciones presidenciales y legislativas de 2019. En el periodo electoral, los medios sociales se colmaron de rumores políticos y noticias falsas, sobre todo Facebook.

Las elecciones habrán terminado, pero los rumores han seguido difundiéndose mientras el país lucha contra la propagación de la COVID-19, que ya ha contagiado a 628 personas y causado 24 muertes (datos al 7 de abril). Esta situación, el Ministerio de Saoud se vio obligado a publicar una comunicación el 29 de marzo en la que advertía que se tomarían medidas legales contra quienes “difundieran rumores e información engañosa” con el fin de proteger la salud pública.

Pero aunque contrarrestar la desinformación es una aspiración legítima, criminalizar aún más el discurso pacífico solo restringiría enormemente los derechos de los usuarios a expresar libre y pacíficamente sus opiniones y su acceso a la información, y como resultado, amenazaría el progreso democrático que Túnez ha logrado en los últimos años, tras el derrocamiento del régimen de Ben Ali en 2011.

En una declaración publicada el 30 de marzo, 24 organizaciones de la sociedad civil, grupos de derechos humanos y defensores de la libertad de prensa, como la Liga Tunecina de Derechos Humanos (LTDH), la Unión General de Trabajadores de Túnez, la Asociación Tunecina de Defensa de las Libertades Individuales y el Sindicato Nacional de Periodistas de Túnez, advertían.

ولئن كان التصدي للأخبار الزائفة أمرا مشروعا، إلا أنه لا يجب أن يتحول إلى مطية لضرب الفصلين 31 و32 من الدستور التونسي عبر استعمال عبارات فضفاضة كالتي وردت في المقترح

Aunque contrarrestar la desinformación es legítimo, no debe convertirse en un pretexto para violar los artículos 31 y 32 de la constitución utilizando expresiones vagas como las que aparecen en el proyecto de ley.

Por otra parte, el regulador de emisiones independientes del país (HAICA), pidió una ofensiva conjunta contra la desinformación:

موضوع الأخبار الزائفة يجب أن يطرح في إطار حوار واسع يجمع كافة المتدخلين من مختصين وهياكل مهنية ومؤسسات إعلامية ومكونات مجتمع مدني لإيجاد الحلول الكفيلة بالتصدي لهذه الظاهرة دون المساس من جوهر الحق في حرية التعبير في تناسق تام مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور التونسي

El tema de la desinformación debe tratarse dentro del marco de un diálogo amplio que reúna a todos los interesados: expertos, estructuras profesionales, instituciones de medios y sociedad civil, para encontrar soluciones que contrarresten este fenómeno, sin prejuicio de la esencia del derecho a la libertad de expresión, en completa armonía con las exigencias del artículo 49 de la Constitución tunecina.

El artículo 49 establece que las restricciones de derechos y libertades garantizadas por la Constitución “solo pueden implantarse por razones necesarias para un estado civil y democrático”, y limita estas restricciones a causas legítimas, como la protección de los derechos de otros, exigencias de orden público o salud pública, etc. Además “se presume la proporcionalidad entre estas restricciones y el objetivo que se persigue”.

Este reciente intento de restringir los derechos de los tunecinos a la libertad de expresión e información en la red ha tenido una corta vida. No obstante, estos derechos siguen amenazados. Después de todo, Korchid dijo que retiraba la ley “por ahora”, y que seguía “convencido” de que no pone en riesgo las libertades. Por tanto, es posible que los legisladores intenten presentar de nuevo la misma ley o una versión diferente.

Además, aunque Túnez ha hecho loables progresos en lo que respecta a los derechos humanos desde 2011, en sus códigos jurídicos sigue habiendo varias leyes restrictivas contra la libertad de expresión que violan los estándares internacionales.

El artículo 86 del Código de Telecomunicaciones estipula que cualquier convicto de “dañar a otros o perturbar sus vidas mediante las redes públicas de comunicación” puede enfrentarse a penas de hasta dos años de prisión. El Código Penal contiene cláusulas que criminalizan la difamación y la difusión de contenido “susceptible de causar problemas de orden público o moral”.

En lugar de criminalizar aún más el discurso pacífico, el Parlamento tunecino debería concentrar sus esfuerzos en enmendar y abolir las restricciones antes mencionadas. Solo las medidas que refuercen la transparencia del gobierno y aumenten la confianza ciudadana en sus instituciones —y un entorno favorable a la libertad de medios y prensa— puede contrarrestar la desinformación sin dañar derechos y libertades fundamentales.

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