Pekín utiliza mano dura contra oposición de Hong Kong en medio de pandemia de COVID-19

Arrestos masivos el 18 de abril 2020: Leung Yiu-chung, Avery Ng, Lee Cheuk-yan, Albert Ho, Martin Lee, Figa Chan, Jimmy Lai, Sin Chung-kai, Cyd Ho, Au Nok-hin, Margaret Ng, Yeung Sum, Raphael Wong, Leung Kwok-hung, Richard Tsoi. Imagen de Hong Kong Free Press.

El siguiente artículo se publicó en Hong Kong Free Press el 20 de abril 2020 y se reproduce en Global Voices bajo un acuerdo de asociación de contenidos. 

Con la atención mundial centrada en la pandemia de coronavirus y sin manifestantes en las calles, las autoridades chinas y de Hong Kong intensificaron sus esfuerzos para acabar con el movimiento prodemócratico en el territorio semiautónomo.

En tan solo cinco días, la ciudad vio cómo su legislatura, su sistema jurídico y legal y su sociedad civil estaban bajo amenaza, lo que terminó con la detención de 15 importantes líderes de oposición. HKFR resume los acontecimientos claves de la segunda mitad de abril.

Ataque a legisladores opositores

El 14 de abril, la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macau de Pekín (HKMAO por su nombre en inglés) y la Oficina de Enlace de China en Hong Kong lanzaron un excepcional ataque contra los legisladores opositores de la ciudad, y los acusó de «obstruccionismo malicioso» en un intento de retrasar la elección del presidente del Comité de la Cámara del Consejo Legislativo.

La labor del Comité, formado por todos los legisladores, es la de examinar los proyectos de ley presentados en las reuniones del Consejo para su aprobación. Como los legisladores a favor de Pekín son mayoría, los prodemócratas practicaron el «filibusterismo» como medio para detener la legislación. En su calidad de presidente de la reunión electoral del Comité de la Cámara de Representantes, Dennis Kwok, legislador del sector jurídico, siguió las directrices de procedimiento y dio tiempo para que otros legisladores plantearan preguntas. Como resultado, después de 15 reuniones, al 22 de abril, el Comité aún tenía que elegir un presidente.

Una consecuencia de la acusación de Pekín es que el Consejo podría invocar el artículo 79 de la Ley Básica para descalificar a un legislador condenado por mala conducta, o por incumplimiento del juramento, mediante el voto de dos tercios de los miembros del Consejo. Varios legisladores prodemocracia han sido descalificados por su juramento desde 2016, después de que Pekín emitió una polémica decisión para «interpretar» el artículo 104 de la Ley Básica para establecer que los funcionarios públicos deben jurar lealtad sincera y solemnemente.

Después de las declaraciones del 14 de abril, el Colegio de Abogados instó a las oficinas a que actuaran con moderación. Mientras tanto, la jefa ejecutiva, Carrie Lam, rechazó las críticas públicas de que las oficinas habían intentado interferir en el Consejo Legislativo.

Presunta interferencia en el Poder Judicial

Siempre el 14 de abril, la agencia de noticias Reuters informó que la independencia jurídica de Hong Kong y el estado de derecho habían sido amenazado por la interferencia de Pekín, y mencionó a tres anónimos magistrados superiores como fuentes. Afirmó también que el juez presidente del Tribunal de Apelación de Hong Kong, Geoffrey Ma, tuvo que lidiar con la postura de los funcionarios del Partido Comunista de que el «estado de derecho debe ser en última estancia una herramienta para preservar el gobierno de un solo partido».

Geoffrey Ma fue nombrado juez presidente en 2010, y el sector legal cree que Ma ha contribuido a la independencia jurídica de Hong Kong en la última década. Sin embargo, Ma está a punto de ser sustituido por Andrew Chung quien ha supervisado una serie de controvertidas apelaciones, incluida la que destituyó a los legisladores elegidos democráticamente Baggio Leung y Yau Wai-Ching de la legislatura de Hong Kong por la controversia de la toma de juramento. Pekín ha intervenido para reinterpretar la Ley Básica con el fin de proporcionar apoyo jurídico para la inhabilitación de los legisladores en 2016. Frente a la intervención directa de Pekín, el nuevo presidente del Tribunal Supremo dijo que sería «arrogante e ignorante» que los tribunales de Hong Kong dijeran lo que Pekín puede o no puede hacer bajo un sistema jurídico diferente.

En respuesta al informe de Reuters, Ma dijo en una extraña declaración que él no había «encontrado ni experimentado en ningún momento ninguna forma de interferencia por parte de las autoridades del Continente».

La secretaria de Justicia, Teresa Cheng, descartó el informe de Reuters como «engañoso» y citó la declaración de Ma como prueba de que Pekín nunca se entrometió en la independencia judicial de Hong Kong.

Entretanto, los 30 representantes del sector jurídico del Comité Electoral del presidente ejecutivo, incluso el presidente del Colegio de Abogados, Philip Dykes, expresaron «grave preocupación» por la acusación.

Se vuelve a debatir de la ley de seguridad nacional

El miércoles 15 de abril, el Director de la Oficina de Enlace con China, Luo Huining, instó al Gobierno de Hong Kong a que intensificara sus esfuerzos para proteger la seguridad nacional mediante el fortalecimiento de la legislación y la aplicación de la ley.

El líder de Pekín en la ciudad afirmó que la fuerza extranjera había «interferido profundamente» en los asuntos de la ciudad, aunque no mencionó ninguna prueba. Dijo que el sistema judicial de la ciudad debería mejorar para evitar convertirse en un riesgo para la seguridad nacional.

Carrie Lam dijo también que el gobierno de Hong Kong tenía una responsabilidad constitucional de proteger la seguridad nacional.

Tomando las observaciones de Luo, las figuras a favor de China pidieron la aplicación del artículo 23 de la Ley Básica, que exige que el Gobierno de Hong Kong promulgue leyes para prohibir los actos de traición, secesión, sedición y subversión contra Pekín. Desde que su legislación fracasó en 2003 a raíz de las protestas masivas, las autoridades de Pekín y Hong Kong han intentado periódicamente reavivar las conversaciones sobre el artículo 23.

Se redefine el estado de las oficinas de Pekín

El viernes, la Oficina de Enlace de China declaró que no estaba limitada por el Artículo 22 de la Ley Básica. La disposición de la mini- constitución prohíbe a cualquier «departamento del Gobierno Central Popular» interferir en los asuntos internos de Hong Kong. También afirma que cualquier oficina establecida por esos departamentos debe respetar las leyes locales.

La Oficina de Enlace afirmó que son, junto a la HKMAO, son oficinas creadas por el Gobierno central y tienen el derecho a supervisar y comentar los asuntos de la ciudad.

Aunque el Gobierno de Hong Kong había explicado en documentos oficiales que los dos órganos de Pekín se crearon efectivamente en virtud del artículo 22, cambió su posición y declaró que ahora adoptan a plenitud el punto de vista de la Oficina de Enlace con Pekín.

Arrestos masivos

El sábado 18, la Policía de Hong Kong detuvo a 15 importantes políticos demócratas, abogados y activistas con la sospecha de organizar y participar en una serie de asambleas no autorizadas contra la propuesta del Gobierno de Hong Kong de enmendar la ley de extradicción entre agosto y octubre 2019.

Entre los detenidos se encuentran veteranos políticos y consejeros como Martin Lee y Margaret Ng, el expresidente del Partido Demócrata Albert Ho, Lee Cheuk-yan del Partido Laborista y el magnate de medios Jimmy Lai. La retada significó también la primera detención por Marti Lee y Ng, de 81 y 72 años, ambos antiguos críticos del Partido Comunista Chino.

Las asambleas no autorizadas por las que el grupo fue acusado formaban parte de un movimiento sin líderes de que ya lleva meses contra una nueva ley, ahora anulada, que habría permitido a las autoridades de Hong Kong de extraditar los sospechosos a las tribunales del continente. A mediados de marzo ya más de 7800 personas fueron detenidas y más de 1200 perseguidas en relación a las protestas masivas y disturbios, según cifras policiales.

Los últimos arrestos fueron objetos de fuertes críticas por parte de los grupos de derechos humanos y observadores internacionales.

«Con la atención de todo el mundo centrada en la pandemia de COVID-19, Pekín y su servil gobierno en Hong Kong han dado un paso más hacía el entierro del principio ‘Una nación, dos sistemas'», dijo Chris Patten, el último gobernador colonial de Hong Kong.

«Esto no es el estado de derecho. Esto es lo que hace un gobierno autoritario. Es siempre más claro, semana tras semana, día tras día, que Pekín está decidido a estrangular a Hong Kong».

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