Honduras ha estado en confinamiento y toque de queda desde el 16 de marzo para reducir la propagación del COVID-19, lo que ha llevado al Congreso a reunirse para sus sesiones parlamentarias de forma virtual. No obstante, algunos temen que el uso de la tecnología pueda socavar los procesos democráticos, sea por pura ineficacia o por malicia premeditada.
El 24 de abril, el Congreso convocó a una sesión parlamentaria virtual a través de Zoom para debatir sobre algunos asuntos en relación al COVID-19, como la aprobación de dos nuevos préstamos del Banco Mundial.
La diputada Doris Gutiérrez, integrante del Partido Innovación y Unidad (PINU) de centroizquierda, que ha criticado al gobierno actual por la aprobación de otro préstamo, afirma que fue expulsada luego de ingresar a la sesión virtual.
En Twitter expresó que, según su parecer, la eliminaron de forma deliberada:
Me siento sorprendida de la acción realizada en contra de su servidora al eliminarme premeditadamente de la sesión virtual del pleno del CN. A la vez indignada por la discriminación de qué he sido objeto. Pero… no me callarán. pic.twitter.com/AsocHkP7A8
— Doris Gutierrez (@Doris_Gutierrez) April 24, 2020
El video muestra la pantalla de su teléfono y el mensaje del correo electrónico que recibió: «Por instrucciones del señor presidente Mauricio Oliva, se les invita a la primera sesión virtual». El señor Oliva es el presidente del Congreso de Honduras, lo que equivale al presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Luego, la grabación de la pantalla muestra cómo Doris Gutiérrez intenta unirse a la sesión virtual pero aparece el siguiente mensaje: «Salir de la reunión: Usted no puede volver a unirse a esta reunión porque fue eliminado previamente por el anfitrión».
No hay novedades sobre si logró volver a ingresar a la reunión luego o si la reunión fue cancelada.
Doris Gutiérrez, abogada y diputada, representa al opositor Partido Innovación y Unidad de centroizquierda desde 2014, aunque también ha formado parte de otros partidos anteriormente. Se define como socialista, cercana a las ideas de la enseñanza social de la Iglesia católica y con interés en la justicia social. También se la conoce por decir lo que piensa, y su lema de campaña reza «cero casacas», lo que en español neutral significa «nada de mentiras».
Un usuario de Twitter respondió al reclamo de la diputada Gutiérrez, le explicó que estos son «trucos» que «hacen creer a los usuarios que el anfitrión los ha eliminado (de la conversación) porque no quieren que dicho usuario se entere de algo», y que la reunión debería dejarse sin efecto ya que no es legítima». Otra persona respondió: «Y así aprueban 75 millones [de lempiras] (poco más de tres millones de dólares estadounidenses) estos narcoladrones».
El 6 de mayo, la diputada volvió a tuitear. Esta vez, manifestó su preocupación de que el controvertido nuevo Código Penal del país pudiera entrar en vigencia el 10 de mayo sin que llevara a cabo una sesión plenaria virtual adecuada para debatir los recelos de su partido sobre la nueva legislación.
Días más tarde, y frente a un gran rechazo al nuevo Código Penal que reduce las penas por corrupción y tráfico de drogas, Oliva aceptó que su entrada en vigor el 25 de junio de 2020, para que se puedan desarrollar más debates.
Buenas tardes! Bancada @Pinusd_HN estamos preocupados porque no hay señales que convoquen a sesión de pleno virtual en el CN esta semana…la lectura que hacemos es que CONTRA VIENTO Y MAREA VA A ENTRAR EN VIGENCIA EL CÓDIGO PENAL VIOLENTANDO EL ARTÍCULO 188 CONSTITUCIONAL
— Doris Gutierrez (@Doris_Gutierrez) May 6, 2020
Honduras no tiene buenos antecedentes en libertad de expresión, transparencia y democracia. El país se ubica en la posición 146 de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, 148 de 180 en Libertad de Prensa de acuerdo a Reporteros sin Fronteras, y 89 de 167 en la clasificación de democracia de The Economist. Desde el golpe de estado en Honduras en 2009, que destituyó de su cargo al democrátiamente electo presidente Manuel Zelaya, que apoyado luego tácitamente por Estados Unidos, Honduras pasó por malestar social y también altos índices de pobreza y corrupción. En 2019, agentes estadounidenses acusaron a Tony Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández, y al exjefe de la Policía de Honduras, Juan Carlos Bonilla Valladares, también conocido como «El Tigre», de traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos. Miles de personas han estado huyendo del país.