En Burundi, cuatro periodistas presos hace cuatro meses esperan juicio

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Casa de Prensa en Bujumbura, desde donde se bloquearon las radios independientes, 19 de mayo de 2010. Foto de DW Akademie – Africa vía Flickr (CC BY-NC 2.0).

Cuatro periodistas –Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Térence Mpozenzi y Egide Harerimana– fueron acusados de intentar socavar la seguridad del Estado y fueron sentenciados en enero de 2020.

Los cuatro, que trabajan en el periódico Iwacu, rechazan categóricamente los cargos. Ahora esperan la decisión de su apelación sobre la sentencia a prisión, después de su audiencia del 6 de mayo.

Antoine Kaburahe, fundador de Iwacu que ahora vive en el exilio, escribió:

Último minuto: Final de la audiencia judicial en Bubanza. La defensa de Iwacu está satisfecha. Las acusaciones contra los periodistas no se sostienen. Los periodistas solamente estaban haciendo su trabajo: informar. ¡Qué alivio! El caso está bajo consideración, sentencia máximo en 30 días. ¡Coraje!

Detenidos por informar

El 22 de octubre, las fuerzas de seguridad de Burundi lucharon contra un grupo armado antigubernamental –según se informa, se trata de RED-Tabara, de República Democrática del Congo– cerca de la zona fronteriza del bosque de Kibira. Los grupos armados han utilizado a menudo esta zona para desplazarse por la región. Se dice que en la batalla murieron 14 insurgentes, mientras que las fuerzas de seguridad sufrieron unas 10 bajas.

Más tarde ese mismo día, la Policía detuvo a los cuatro periodistas de Iwacu y a su conductor, Adolphe Masabarakiza, cuando fueron a informar a la comuna de Musigati, provincia de Bubanza, para hablar con personas que habían huido de los combates. En un principio, los detuvieron sin acusación, y, según se informa, a Christine Kamikazi golpearon en el arresto. La Policía confiscó sus teléfonos y materiales y los servicios de inteligencia exigieron las contraseñas de las cuentas para registrar sus teléfonos.

Los periodistas fueron trasladados a otras celdas con condiciones deplorables. El 26 de octubre, en la provincia de Bubanza, finalmente se les acusó de “complicidad en la amenaza a la seguridad del Estado”. El 31 de octubre, el fiscal lo confirmó y los acusó de tener información sobre el ataque insurgente.

Varias organizaciones pidieron rápidamente su liberación, como Human Rights Watch, la Federación Internacional de Periodistas, Olucome, la Federación de Periodistas Africanos y la Asociación Burundesa de Radiodifusión. Sin embargo, el Consejo Nacional de Comunicaciones dijo en ese momento que no podía debatir el asunto. Iwacu criticó esta reacción, recordó que en un principio se hizo sin acusaciones y que se supone que el consejo apoya a los periodistas.

Muchos expresaron su apoyo en línea y firmaron una petición. Los medios Internacionales lo analizaron como una amenaza a la libertad de prensa, en tanto Iwacu continúa con el seguimiento de cerca de la situación.

El periodista Esdras Ndikumana tuiteó:

La información no mata. La falta de información sí.
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Burundi: cuatro periodistas (y su chofer) acusados de “complicidad de atentar contra la seguridad interior del Estado”, por haber informado sobre una incursión rebelde en Bubanza languidecen en prisiones de esta provincia (dibujo de Yaga).

Audiencia judicial

Después de apelar la decisión de su detención, la fecha de su audiencia se fijó para el 18 de noviembre. Para su sorpresa, los citaron el 11 de noviembre para comparecer ante los jueces para ser interrogados –pero sin abogados. Se negaron a responder sin asistencia legal, preguntaron por qué no se había informado previamente a sus abogados, y luego volvieron al lugar de detención, para la audiencia del 18 de noviembre.

El 20 de noviembre se decidió que los cuatro periodistas permanecerían detenidos, pero el conductor fue liberado provisionalmente. La fiscalía pidió inicialmente una sentencia de 15 años de prisión.

El presidente Pierre Nkurunziza dijo durante una conferencia de prensa el 26 de diciembre que quería un juicio justo, pero que solamente podía intervenir como último recurso, a pesar de que podría utilizar su poder para conceder un indulto presidencial.

Sentencia

El 30 de enero, en Bubanza, los cuatro periodistas fueron condenados a dos años y medio de prisión y a una multa de un millón de francos cada uno (521 dólares estadounidenses) en virtud del artículo 16 del Código Penal; el conductor fue absuelto.

La fiscalía no pudo probar ningún vínculo ni contacto real con los rebeldes, por lo que la acusación se cambió por “intento imposible de complicidad en el atentado contra la seguridad del Estado” –es decir que tenían la intención de amenazar la seguridad del Estado pero no fue posible.

Iwacu señaló que los periodistas acudieron a la zona después de que las autoridades mencionaron públicamente el incidente, estuvieran acreditados y no hubiera restricciones en la zona.

El elemento clave usado como prueba contra los periodistas fue un mensaje de WhatsApp enviado por uno de los reporteros a un amigo, que decía que iban a “ayudar a los rebeldes”. Argumentaron que se trataba claramente de una broma pesada –el Gobierno ha mezclado a menudo críticos, oponentes políticos y grupos armados para justificar la represión generalizada. Pero el texto fue tomado literalmente como evidencia en su contra.

Reporteros sin Fronteras dijo que los periodistas deberían poder informar sobre temas delicados sin temor a represalias, especialmente antes de las elecciones del 20 de mayo en Burundi. Hicieron una petición por su liberación, que obtuvo casi 7000 firmas a principios de mayo.

Los diputados de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y los expertos en derechos humanos de Naciones Unidas se encuentran entre quienes pidieron su liberación.

Apelación

El 20 de febrero, los periodistas apelaron, cuestionaron la calidad del proceso legal, incluido el cambio de la acusación original sin la debida notificación. El 6 de mayo, los periodistas comparecieron en una audiencia de apelación, después de aproximadamente seis meses en prisión.

En respuesta a la acusación por el mensaje de WhatsApp, la defensa señaló que en otro mensaje, un periodista dijo que los rebeldes venían a “amenazar la paz”. RFI citó al abogado defensor, Clément Retirakiza, que dijo que no había pruebas contra ellos, y querían demostrar que era un viaje puramente profesional.

Iwacu ha sido durante mucho tiempo una voz independiente que critica la violencia politizada –es uno de los últimos medios de comunicación independientes tras la represión de 2015.

Una historia de violencia contra periodistas

Después de las controvertidas elecciones de 2015, en las que Nkurunziza regresó para un tercer mandato que muchos consideraron inconstitucional, hubo un golpe de estado fallido. El entorno de medios se deterioró rápidamente. Varias estaciones de radio –las más confiables para la información en Burundi– fueron clausuradas y algunas sufrieron ataques. Docenas de periodistas huyeron y algunos sufrieron torturas, como Esdras Ndikumana.

Numerosos periodistas también han sufrido violencia de las fuerzas de seguridad, sobre todo cuando informan sobre temas que el Estado considera “delicados”. A finales de 2015, la Policía mató el camarógrafo Christophe Nkezabahizi y a tres miembros de su familia, en una operación contra las protestas tras las polémicas elecciones.

En julio de 2016, se informó que los servicios de inteligencia (SNR) hicieron desaparecer a la fuerza a Jean Bigirimana, y que la Policía casi no investigó.

Este año, el 16 de enero, el reportero Blaise-Pascal Kararumiye de Radio Isanganiro (Meeting Point Radio) fue arrestado a raíz de un informe sobre las finanzas del Gobierno local. El 28 de abril, un agente de Policía golpeó al periodista Jackson Bahati mientras informaba.

Los medios de comunicación internacionales no se han salvado, y la BBC y la VOA quedaron prohibidas en 2019. RSF clasificó a Burundi en el puesto 160 de 180 países en cuanto a libertad de prensa –15 menos que en 2015.

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