Retiro parcial de Benín de Carta Africana de Derechos Humanos es un retroceso a la democracia

Conferencia regional de pena de muerte en África Occidental y del Norte. Fuente, cuenta de Flickr de Guillaume Colin y Pauline Penot (CC BY-NC-ND 2.0).

El 23 de abril, Benin anunció que se retiraba de un documento clave de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, decisión que amenaza con limitar el acceso de los ciudadanos a la justicia bajo sus términos.

Alain Orounla, ministro de Comunicaciones y principal portavoz del Gobierno de Benin, dijo que su país se retiraba del protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que permite a un ciudadano o a una organización presentar una solicitud directa a la Corte Africana de Derechos Humanos.

La Carta se deriva de una convención intercontinental africana celebrada bajo los auspicios de la Organización de la Unidad Africana y ratificada por Benin el 20 de enero de 1986, con sede en Arusha, Tanzanía.

La posición de Orounla, como la expresó el periodista Arnaud Doumanhoun:

… le Bénin reste parti à la Charte africaine des droits de l’Homme, continue d’œuvrer pour la protection, la sauvegarde des droits de l’homme. Sauf que le pays n’adhère plus au mécanisme ou à la procédure qui autorise les citoyens à saisir directement la Cour africaine des droits de l’homme

… … Benín sigue comprometido con la Carta Africana de Derechos Humanos y continúa trabajando para la protección y salvaguardia de los derechos humanos. Excepto que el país ya no se adhiere al mecanismo o procedimiento que permite a los ciudadanos presentar casos directamente ante la Corte Africana de Derechos Humanos.

Sévérin Quenum, ministro de Justicia y Legislación, justificó el retiro en una declaración, como informó el periodista Raymond Falade:

Depuis plusieurs années déjà, certaines décisions rendues par la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples ont suscité de très vives préoccupations en raison « de graves incongruités au point de conduire la Tanzanie, pays hôte, et le Rwanda, à se désengager en matière de recours individuels et des Ong.

Desde hace varios años, algunas decisiones de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos han suscitado muy serias preocupaciones debido a “graves incongruencias hasta el punto de llevar a Tanzanía, el país anfitrión, y Ruanda a desentenderse de los recursos individuales y de las ONG”.

No obstante, parece que la puerta de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos no está totalmente cerrada a los ciudadanos de Benín. Nathaniel Kitti, presidente del Movimiento Beninés para la Defensa de los Derechos Humanos (MBDH), escribe:

ce retrait ne ferme pas définitivement leur accès à la Cour pour revendiquer le respect de leurs droits garantis par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. A en croire ledit communiqué, «conformément à l’article 119.4 de son Règlement Intérieur, ils peuvent présenter des communications devant la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples sans qu’un Etat partie puisse s’y opposer ».

Este retiro no cierra definitivamente su acceso a la Corte para reclamar el respeto de sus derechos que garantiza la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Según el comunicado, “de conformidad con el párrafo 4 del artículo 119 de su Reglamento, pueden presentar comunicaciones ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sin que ningún Estado parte pueda oponerse”.

Reciente vergüenza de Benín: Sentencia de Sébastien Ajavon

Una de las razones que explicarían el retiro parcial de Benín es un caso judicial que se remonta a octubre de 2018.

El empresario y político beninés Sébastien Ajavon acababa de ser condenado a 20 años de prisión más una multa de cinco millones de francos CFA (casi 8400 dólares estadounidenses), por el Tribunal de Prevención de Delitos Económicos y Terroristas. Como el acusado se encontraba en ese momento fuera de Benín, el tribunal dictó una orden de detención internacional en su contra.

Sus abogados habían apelado a la Carta, que en marzo de 2019, tras varias demoras, había ordenado al Estado beninés que anulara la condena de Ajavon y le pagara una indemnización de aproximadamente 40 000 millones de francos CFA (unos 66 millones de dólares estadounidenses).

Sébastien Ajavon también se quejó ante la Carta de la exclusión de su partido, la Unión Socialdemócrata, de las elecciones locales convocadas para el 17 de mayo de 2020. Una vez más, el tribunal falló a favor del demandante y ordenó al Estado de Benín que suspendiera las elecciones hasta que el tribunal pudiera examinar la declaración de Ajavon.

El periodista F. Aubin Ahéhéhinnou escribe sobre la reacción de Maitre Cyrille Djikui, árbitro oficial de litigios del Colegio de Abogados de Benín, uno de los abogados asignados por el Gobierno beninés para su defensa:

Pour le Bâtonnier, la juridiction continentale s’autorise trop de choses, et interfère « un peu trop dans les affaires des Etats ». « On a l’impression que les Etats n’ont plus de souveraineté, les Etats ne peuvent plus s’auto-déterminer »

Para el árbitro, la jurisdicción continental se permite demasiado e interfiere “un poco demasiado en los asuntos de los Estados”. “Se tiene la impresión de que los Estados ya no tienen soberanía, los Estados ya no pueden autodeterminarse”.

Gran revés para la libertad de expresión

La democracia en Benín parece haber sufrido un fuerte retroceso desde la elección de Patrice Talon a la presidencia del país en abril de 2016.

El político es también un hombre de negocios, que ocupa el décimo quinto lugar en la clasificación de riqueza de África Subsahariana francófona, y por lo tanto ejerce poder en su país. Sin embargo, la decisión del Gobierno de retirarse del protocolo provocó fuertes sentimientos entre los activistas de derechos humanos como Samira Daoud, directora regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central:

La Cour africaine des droits de l’Homme et des Peuples est une fois de plus la cible d’attaques politiques de gouvernements peu respectueux des droits humains. Le Bénin par ce geste sape les efforts de construire un système régional crédible et efficace de protection des droits humains.

La Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos vuelve a ser objeto de ataques políticos de Gobiernos que no respetan los derechos humanos. La medida de Benín socava los esfuerzos por crear un sistema regional creíble y eficaz de protección de derechos humanos.

La Ley de comunicaciones digitales de Benin 2017-20, de 20 de abril de 2018, incluye algunas cláusulas que penalizan la publicación de información falsa. Amnistía Internacional comentó esta ley y declaró:

Au moins 17 journalistes, blogueurs et opposants ont été poursuivis en moins de deux ans en vertu d’une loi en vigueur dont certaines dispositions répressives mettent en péril la liberté d’expression et la liberté des médias au Bénin…

Al menos 17 periodistas, blogueros y opositores han sido procesados en menos de dos años en virtud de una ley vigente, algunas de cuyas disposiciones represivas ponen en peligro la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación en Benín…

En menos de un mes, los periodistas Ignace Sossou y Aristide Fassinou Hounkpevim, y otros ocho ciberactivistas, se han convertido en las últimas víctimas de las disposiciones represivas de esta ley.

Los militantes benineses de derechos humanos no han sido menos expresivos al denunciar el último anuncio de retiro del Gobierno. Por ejemplo, Renaud Fiacre Avless, abogado y coordinador de Amnistía Internacional en Benín, tuiteó:

Los derechos humanos están de duelo en el 229 [prefijo para llamadas internacionales a Benín] desde el 23 de abril. Benín anunció su retiro de la declaración y protocolo de fundación de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Los ciudadanos benineses ya no pueden recurrir directamente a la Corte Africana.

El periodista Deo Gratias Kindoho, que ejerce en radio y televisión en Benín, tuiteó:

Benín retrocede en el Índice de Reporteros sin Fronteras, ocupa el puesto 113 de 180 – 17 lugares más abajo. Para el Índice anterior, ya había bajado 12 lugares. Cuando Patrice Talon llegó al poder, el país estaba en el puesto 78. Subió seis puestos ese mismo mes, abril de 2016.

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